Cancilleres se reunen en Ibarra el 3 de noviembre; seis analistas de diferentes sectores hacen un balance del momento político del encuentro
El nuevo intento de acercamiento que se dará entre los cancilleres de Ecuador, Fander Falconí, y de Colombia, Jaime Bermúdez, se produce en momentos en que la justicia ecuatoriana vinculó a otros dos oficiales colombianos dentro del caso Angostura (que investiga el bombardeo a un campamento de las FARC en el país) y en que Colombia reclama la actuación de los jueces y fiscales de este juicio, donde ya fueron vinculados el ex ministro de Defensa y el máximo jefe de las Fuerzas Armadas del vecino del norte.
El nuevo intento será el 3 de noviembre en Ibarra y es catalogado como "necesario", aunque no solucionará los temas "sensibles", por analistas diplomáticos, militares y jurídicos.
El constitucionalista Gustavo Medina y el ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdova dijeron que lo importante es que el diálogo continúe, con miras a que se restablezcan las relaciones al más alto nivel, es decir que se designen a los embajadores.
"En este momento, lo que se tiene que hacer es seguir el diálogo y dejar que los temas sensibles sigan resolviéndose por cuerdas separadas. La discusión no debe implicar un retroceso de lo ya pactado por los cancilleres", expresó Fernández de Córdova.
El ex embajador en Londres, Mauricio Gándara, en cambio, plantea dos soluciones para viabilizar la reiniciación del diálogo bilateral. Primero, instó al Presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Vicente Troya, a resolver de inmediato las solicitudes de extradición del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y del general Freddy Padilla. Y, sugiere al presidente Rafael Correa, que reglamente la Ley de Extradición ecuatoriana, para que regule esos casos.
Con esto último, dijo, Correa podrá definir la política exterior y evitar que se malogren las negociaciones.
Para argumentar esto recordó que la Interpol negó el pedido de arresto de Santos, bajo el argumento de que no tiene competencia para asuntos de orden político, por lo que cree que lo mismo pasará con la orden de arresto al general Padilla. "La extradición se fundamenta en el principio de reciprocidad y existe la Convención Interamericana sobre Extradición". Es decir que el Ecuador puede pedir la extradición de extranjeros cuando a la vez puede conceder extradición de sus nacionales, lo cual no ocurrirá, ya que el artículo 79 de la Constitución ecuatoriana prohíbe la extradición de los ecuatorianos para su juzgamiento.
"Creo que a ninguna persona sensata se le escapará que el arresto de un Comandante de las Fuerzas Armadas de otro país sería un casus belli, una declaración de guerra. Las órdenes se dan cuando son factibles de ejecutarse. ¿Aceptaría el Ecuador conceder la extradición de sus ministros y comandantes, o de cualquier ecuatoriano?", preguntó el ex embajador.
Gándara también opinó que el restablecimiento de las relaciones es imprescindible para el combate del terrorismo y del narcotráfico, así como para el pacífico desarrollo del comercio. "Hay que impedir que por órdenes judiciales como éstas (la iniciada por la Fiscalía en contra de militares de Colombia) el Ecuador se convierta en un monstruo de dos cabezas en el que dos funciones del Estado se contradicen entre sí", advirtió.
El coronel retirado Patricio Haro se pronunció en un sentido similar. Calificó al proceso como un suceso descabellado, debido a que estos hechos no permitirían restaurar las relaciones diplomáticas con el vecino país.
Añadió que la posición del Ecuador se torna ambigua, y que la Fiscalía actuó por un pedido de la Presidencia de la República.
Esta posición también fue cuestionada por el ex coronel, Alberto Molina, quien se preguntó a qué juega el Ecuador pidiendo prisión a dos allegados al Gobierno colombiano. "Colombia tiene toda la razón si quiere retirarse del diálogo, porque no se explica que después de que hayan avances en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Ecuador plantee este tipo de demandas", enfatizó.
El internacionalista, Marco Martínez, se mostró de acuerdo a una reanudación de los diálogos, siempre y cuando Colombia se comprometa a reparar los daños causados al Ecuador por la presencia de refugiados, fuerzas irregulares. (VYJ/MEVO/SC/MING)
Los temas sensibles que se plantea Ecuador
Las condiciones mínimas que Ecuador exige a Colombia para restablecer las relaciones se refieren a que ese país garantice que no se violará la soberanía de Ecuador a futuro. Además, que compense los daños que causó con el bombardeo, que le facilite toda la información sobre el ataque a Angostura, y que haga una contribución a la Agencia de Naciones Unidas (ONU) para los desplazados por el conflicto.
Asimismo, busca el pago de una indemnización a la familia del ecuatoriano Franklin Aisalla, quien murió en el bombardeo al campamento.
Colombia defiende la tesis de que no se puede indemnizar a los terroristas y no acepta los procesos judiciales en contra de oficiales y ex funcionarios por Ecuador.
El nuevo intento de acercamiento que se dará entre los cancilleres de Ecuador, Fander Falconí, y de Colombia, Jaime Bermúdez, se produce en momentos en que la justicia ecuatoriana vinculó a otros dos oficiales colombianos dentro del caso Angostura (que investiga el bombardeo a un campamento de las FARC en el país) y en que Colombia reclama la actuación de los jueces y fiscales de este juicio, donde ya fueron vinculados el ex ministro de Defensa y el máximo jefe de las Fuerzas Armadas del vecino del norte.
El nuevo intento será el 3 de noviembre en Ibarra y es catalogado como "necesario", aunque no solucionará los temas "sensibles", por analistas diplomáticos, militares y jurídicos.
El constitucionalista Gustavo Medina y el ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdova dijeron que lo importante es que el diálogo continúe, con miras a que se restablezcan las relaciones al más alto nivel, es decir que se designen a los embajadores.
"En este momento, lo que se tiene que hacer es seguir el diálogo y dejar que los temas sensibles sigan resolviéndose por cuerdas separadas. La discusión no debe implicar un retroceso de lo ya pactado por los cancilleres", expresó Fernández de Córdova.
El ex embajador en Londres, Mauricio Gándara, en cambio, plantea dos soluciones para viabilizar la reiniciación del diálogo bilateral. Primero, instó al Presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Vicente Troya, a resolver de inmediato las solicitudes de extradición del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y del general Freddy Padilla. Y, sugiere al presidente Rafael Correa, que reglamente la Ley de Extradición ecuatoriana, para que regule esos casos.
Con esto último, dijo, Correa podrá definir la política exterior y evitar que se malogren las negociaciones.
Para argumentar esto recordó que la Interpol negó el pedido de arresto de Santos, bajo el argumento de que no tiene competencia para asuntos de orden político, por lo que cree que lo mismo pasará con la orden de arresto al general Padilla. "La extradición se fundamenta en el principio de reciprocidad y existe la Convención Interamericana sobre Extradición". Es decir que el Ecuador puede pedir la extradición de extranjeros cuando a la vez puede conceder extradición de sus nacionales, lo cual no ocurrirá, ya que el artículo 79 de la Constitución ecuatoriana prohíbe la extradición de los ecuatorianos para su juzgamiento.
"Creo que a ninguna persona sensata se le escapará que el arresto de un Comandante de las Fuerzas Armadas de otro país sería un casus belli, una declaración de guerra. Las órdenes se dan cuando son factibles de ejecutarse. ¿Aceptaría el Ecuador conceder la extradición de sus ministros y comandantes, o de cualquier ecuatoriano?", preguntó el ex embajador.
Otras necesidades
Gándara también opinó que el restablecimiento de las relaciones es imprescindible para el combate del terrorismo y del narcotráfico, así como para el pacífico desarrollo del comercio. "Hay que impedir que por órdenes judiciales como éstas (la iniciada por la Fiscalía en contra de militares de Colombia) el Ecuador se convierta en un monstruo de dos cabezas en el que dos funciones del Estado se contradicen entre sí", advirtió.
El coronel retirado Patricio Haro se pronunció en un sentido similar. Calificó al proceso como un suceso descabellado, debido a que estos hechos no permitirían restaurar las relaciones diplomáticas con el vecino país.
Añadió que la posición del Ecuador se torna ambigua, y que la Fiscalía actuó por un pedido de la Presidencia de la República.
Esta posición también fue cuestionada por el ex coronel, Alberto Molina, quien se preguntó a qué juega el Ecuador pidiendo prisión a dos allegados al Gobierno colombiano. "Colombia tiene toda la razón si quiere retirarse del diálogo, porque no se explica que después de que hayan avances en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Ecuador plantee este tipo de demandas", enfatizó.
El internacionalista, Marco Martínez, se mostró de acuerdo a una reanudación de los diálogos, siempre y cuando Colombia se comprometa a reparar los daños causados al Ecuador por la presencia de refugiados, fuerzas irregulares. (VYJ/MEVO/SC/MING)
Los temas sensibles que se plantea Ecuador
Las condiciones mínimas que Ecuador exige a Colombia para restablecer las relaciones se refieren a que ese país garantice que no se violará la soberanía de Ecuador a futuro. Además, que compense los daños que causó con el bombardeo, que le facilite toda la información sobre el ataque a Angostura, y que haga una contribución a la Agencia de Naciones Unidas (ONU) para los desplazados por el conflicto.
Asimismo, busca el pago de una indemnización a la familia del ecuatoriano Franklin Aisalla, quien murió en el bombardeo al campamento.
Colombia defiende la tesis de que no se puede indemnizar a los terroristas y no acepta los procesos judiciales en contra de oficiales y ex funcionarios por Ecuador.
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