El Ecuador y Colombia intentan acercamientos para reestablecer las relaciones rotas hace dos años

Hoy, hace dos años, el Ejército colombiano bombardeó el campamento guerrillero de Angostura en el Ecuador, en donde se encontraba el segundo al mando de las FARC, Raúl Reyes, quien murió junto a otras 25 personas.

Ese hecho, pese a que causó conmoción nacional ante la violación de la soberanía y provocó la ruptura de las relaciones internacionales, ha dejado una serie de temas inconclusos e irresueltos.

Uno de ellos es el judicial: aunque existen dos procesos por atentar contra la seguridad del Estado y uno por la muerte de las 26 personas, hasta el momento no existen sanciones ni responsables.

Algo similar ocurre con uno de los casos más sonados en torno al narcotráfico y su relación con las FARC que, además, tiene tintes políticos: "Huracán de la Frontera", en donde uno de los principales implicados es el ex subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno José Ignacio Chauvin, quien está acusado de encubridor.

Chauvin, en repetidas ocasiones, mencionó que el ex ministro de Gobierno y Seguridad Gustavo Larrea se reunió una vez con Reyes.

Manuel Silva, ex jefe de la desaparecida Unidad de Investigaciones Especiales (Uies), ha dicho que por una fuente humana se supo que Larrea viajó a Sucumbíos y de ahí a Colombia para reunirse con Reyes, evadió los controles policiales y militares.

El tema de las FARC y su relación con el narcotráfico ha hecho que Ecuador, sobre todo en los dos últimos años, se convierta de un país de tránsito de estupefacientes a procesador de drogas. Es decir, no solo se almacena sino que se exporta la droga a EEUU y Europa, principalmente.

Los procesos están paralizados en juzgados




A las pocas horas de suscitado el bombardeo al campamento de Angostura, se inició la indagación previa para establecer los responsables por la muerte de 26 personas, entre ellas del ecuatoriano Franklin Aisalla, quien habría sido colaborador de las FARC.

Pero el proceso se enredó con el sobreseimiento provisional que dictó el juez Francisco Revelo, el jueves 25 de febrero, al ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos; el jefe de las Fuerzas Armadas colombianas, Freddy Padilla de León; el director de la Policía de Colombia, Óscar Naranjo; y el ex comandante del Ejército colombiano Mario Montoya. Según la Fiscalía, eso no es potestad del juez sino de un tribunal. Revelo, ante un dictamen acusatorio, debió llamar a juicio.

De Angostura, además, se derivó el caso en el que están involucradas las sobrevivientes del bombardeo: Lucía Morett (mexicana) y las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez.

Ellas fueron rescatadas por el Ejército ecuatoriano. La primera dijo ser estudiante de la Universidad Autónoma de México y que junto a otros estudiantes, muertos en el ataque, realizaban una investigación. Las colombianas aseguraron que eran domésticas de las FARC.

Después que las tres salieron del país con asilo político a Nicaragua, la justicia las acusó por atentar contra la seguridad del Estado. Tienen órdenes de detención y pedido de extradición.

También, hay una indagación que involucra a José Ignacio Chauvín, para investigar las relaciones de los ex funcionarios del Gobierno con las FARC. Chauvín dijo que se reunió siete veces con Reyes y que el ex ministro de Gobierno Gustavo Larrea lo hizo una vez.

Relaciones de las FARC en Ecuador se destapan




Luego del bombardeo al campamento a Angostura, salió a la luz el grado de penetración de las FARC en los distintos niveles institucionales del país, desde hace 15 años, en donde jugó un papel preponderante Nubia Calderón, alias "Esperanza", de la Comisión Internacional de ese grupo guerrillero.

Ella tuvo contacto con integrantes del Congreso Nacional, militantes de diversos partidos políticos de izquierda, sindicatos, incluido el de justicia, entre otros.

Por esa red que tejió, hizo del Ecuador un país en donde obtener documentos falsos para sus compañeros (caso de Simón Trinidad, quien fue detenido en Quito y enviado a Colombia, donde fue extraditado a los Estados Unidos), atención médica a los combatientes heridos, suministro de medicinas y alojamiento.

También, se hizo público que Nubia Calderón tuvo relación con la asambleísta María Augusta Calle y su esposo, Juan Meriguet, actual asesor del ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño. Calle ha dicho que su contacto con la guerrillera fue profesional, pues la entrevistó en calidad de periodista.

Con la realización del II Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), para el cual Calle solicitó las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quedó también en evidencia el papel que jugó la Brigada Simón Bolívar (BSB), cuyo líder es José Ignacio Chauvín, quien ha dicho que las FARC deben ser consideradas como beligerantes.

La última revelación se dio el jueves 25 en el programa La noche, de Colombia. Ahí se aseguró que en una computadora del abatido Édgar Tovar, ex jefe del Frente 48, se halló un e-mail en el que se habla de aportes hechos a la campaña del presidente Correa.

El país deja de ser una bodega de droga




El caso "Huracán de la Frontera", investigación hecha por la desaparecida Unidad de Investigaciones Especiales (Uies), permitió descubrir los enlaces que tenían las FARC, el narcotráfico y algunos personajes del Gobierno de Correa.

La red liderada por Jéfferson Ostaiza operaba en el norte del país y, según las averiguaciones policiales, la droga incautada era del Frente 48 de las FARC.

El contacto con los Ostaiza y las FARC era Olidem Solarte, jefe financiero de ese Frente, que estaba al mando del extinto Édgar Tobar, muerto a manos de las fuerzas regulares de Colombia, según se informó el 24 de febrero.

A fines de enero, Ariolfo Ostaiza, padre de Jéfferson, Miguel y Édison (estos dos últimos presos en la Penitenciaría del Litoral), dijo que sus hijos estaban en peligro y que se arrepentían de haber dado el voto y apoyado a la campaña presidencia de Rafael Correa. Esto ratifica la relación de amistad que el mismo José Ignacio Chauvín aceptó que tenía con Édison Ostaiza. Chauvín está acusado de encubridor en el caso "Huracán de la Frontera".

Las estadísticas policiales dan cuenta que desde 2005 se realizaron operativos en los cuales de una u otra manera los detenidos estaban relacionados con la guerrilla colombiana.

Desde hace algo más de un año, el fenómeno del narcotráfico cambió: Ecuador ya no es solo país de tránsito sino procesador de droga.

Muestra de esto son los nueve laboratorios descubiertos en 2009.

Según las investigaciones policiales, en la zona austral se refina droga procedente no solo de Colombia, sino del Perú, que tiene una pasta base de mayor calidad.

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