Guayaquil. 28 may 2000. Lucio Gutiérrez, el coronel insurrecto,
describe el ámbito de la solidaridad

Recientemente, en la última edición de la revista Vistazo, ya hay
quien dice abiertamente que el presidente Noboa "se posesionó
inconstitucionalmente ante los generales involucrados en el
golpe", por ejemplo.

Se publica una declaración del dirigente indígena Salvador Quishpe
en la que, refiriéndose al general Telmo Sandoval, dice: "cómo
vamos a nombrarle como nuestro comandante a un traidor a la
patria".

Frases cáusticas e hirientes impensables hasta hace pocas semanas,
pero reales a poco más de cien días del 21 de enero, a solo
dieciseis semanas del poder de Gustavo Noboa, pero a miles de
horas de presidio para los militares que, junto a los indios,
tumbaron a Mahuad.

¿Cómo definiría el acto militar que dirigió contra Mahuad?.

No fue un golpe de Estado porque esos los dan las élites
dominantes.

Los golpes se arman en conspiraciones secretas, en función de
intereses particulares y en contra del pueblo.

Nuestro 21 de enero fue el encuentro de los pueblos del Ecuador en
defensa de la soberanía nacional, en contra de la injusticia
social, en contra de la corrupción y la impunidad.

Nosotros estábamos totalmente desarmados acompañando al pueblo a
defender la Constitución constantemente violada.

A la Constitución hay que darle una lectura total y no parcial.

En su artículo 1 dice que la soberanía radica en el pueblo, cuya
voluntad es la base de la autoridad.

Nosotros acudimos a un llamado insistente del pueblo, no lo
hicimos solos.

Segundo: la integridad territorial la defendimos en el Cenepa
donde quedaron los brazos y las piernas de los que participamos en
el 21 de enero.

En el artículo 3 dice que debemos garantizar la vigencia del
sistema democrático no de cualquier gobierno anegado por la
corrupción.

No hay ley que nos impida ayudar a corregir lo que está errado, a
enderezar un sistema que causa dolor a los más pobres. Nuestro 21
de enero fue una cuestión de honor y los militares, antes que
nada, somos hombres de honor.

Jamás las normas jurídicas pueden estar sobre la justicia y la
soberanía de los pueblos.

¿Entonces porqué entregó la representación militar del movimiento
al general Mendoza: ingenuidad política, presión jerárquica,
acuerdo para perder a medias con la jerarquía militar, cálculo
errado de involucrar al alto mando en el movimiento para que no
haya división en las Fuerzas Armadas?. ¿Alguna otra razón?.

En el palacio de Gobierno se tocó lo más sensible que todo soldado
y todo ecuatoriano tiene: se habló de la patria, de la institución
armada, del espíritu de cuerpo militar y yo que no tengo
ambiciones sino la voluntad de servir a mi país, resolví lo que
todos saben. Los militares somos desprendidos, una vez cumplida la
misión nos retiramos del campo de batalla. Lo importante es el
mensaje de dignidad, de solidaridad y de soberanía que se dio al
país en ese luminoso 21 de enero.

¿Bajo qué vinculaciones políticas entró en el movimiento el doctor
Carlos Solórzano Constantine?. ¿A quién creen ustedes que él
representaba?.

Antes del 21 de enero no conocía personalmente al doctor
Solórzano, pero el es presidente del Parlamento Popular del Guayas
y, como tal, fue designado representante al Parlamento Nacional de
los Pueblos del Ecuador y se lo nombró miembro de la Junta de
Salvación Nacional. De ese y de los otros nombramientos me enteré
cuando llegué al Congreso Nacional. Entiendo que fue un firme
combatiente contra la corrupción cuando fue presidente de la Corte
Suprema de Justicia. El fue quien ordenó la prisión de Dahik, por
lo que fue Hombre del Año en 1995. El ordenó la prisión de Ana
Lucía Armijos por su responsabilidad en el primer salvataje
bancario al Banco Continental.

¿Qué hizo después de que su rol protagónico en el movimiento había
terminado?.

Fui a la casa de mi hermana Janet y nos tomamos unas fotografías
porque mi sobrina Carlita se iba a los Estados Unidos. Después me
fui a mi casa.

¿En qué momento se dio cuenta de que el movimiento ya no tenía
espacio político?.

Al llegar a mi casa, alrededor de las 3 de la mañana del 22 de
enero, mi esposa Ximena me informó que mi general Mendoza había
renunciado. Sentí que se destruía el sueño de la patria digna.
Tres horas mas tarde, cuando me dirigía a mi trabajo en el Comando
Conjunto me detuvieron. Hasta ahora estoy preso mientras los
atracadores de los gastos reservados, los del caso Peñaranda, los
de la sucretización, los del salvataje bancario, continúan
disfrutando de sus habilidades. Esas son las ironías de la vida.

EN EL DEBATE

Parecería que después del 21 de enero, el movimiento indígena
hubiera perdido consistencia. ¿Usted comparte ese criterio?.

No lo creo. Por el contrario, creo que salió fortalecido. No
olvide usted que el 21 de enero marca en la historia la toma del
poder del primer gobierno indígena en la historia de la República,
el primero de América desde la conquista española. Este
acontecimiento abre las puertas a la construcción real y formal
del Estado multiétnico y pluricultural que somos y esto potencia
su acción en progresión geométrica.

¿Es admisible una amnistía negociada donde unos implicados en el
21 de enero salgan libres y otros sean castigados?.

Lo que algunos no quieren entender es que nuestra lucha no es por
la amnistía. Si acompañamos al pueblo arriesgando nuestras vidas
fue por un cambio radical de las estructuras del Estado actual que
han conducido a la gente a una pobreza insostenible y convertido a
unos pocos en magnates con el dinero del pueblo. La amnistía
parcial solo es una trampa para dividir a las Fuerzas Armadas.
Nosotros demandamos nuestra libertad y la libertad no se negocia.

El Ministro de Defensa ha dicho que el trámite judicial de ustedes
puede durar un año. ¿Es esto judicialmente razonable o se trata de
bajarles la moral y evitar que salgan en libertad para volver a
conducir reacciones populares?.

Los hechos han demostrado que la presión de la mayoría de la
población ha adelantado el trámite de la amnistía, pero
independientemente de lo que ocurra con ella, nosotros podremos
seguir presos pero somos irreductibles. Cuando uno actúa por
principios la prisión no es una afrenta sino que fortalece el
espíritu y el compromiso con el pueblo y con la patria.

¿Cómo analiza el enjuiciamiento de la Corte Suprema contra los
generales Paco Moncayo y René Yandún?.

No se puede enjuiciar a todos los ecuatorianos que participaron en
el 21 de enero. No se puede acusar a todo un pueblo ejerciendo
soberanía. El juicio contra ellos no es más que la búsqueda de un
chivo expiatorio para saciar venganzas políticas que el pueblo
condena.

¿Qué ganó y qué perdió el país con el 21 de enero?.

Ganó la conciencia de que puede unirse, que la soberanía es un
principio básico de la democracia que no se practica, que puede
vencer a la dictadura de la corrupción. Perdió la oportunidad de
hacer los cambios estructurales que necesita para ser un país
justo, honesto y democrático.

¿Pero cómo se financió todo esto?.

No hubo financiamiento alguno. He sabido que los indígenas que
llegaron a Quito se sostuvieron con el apoyo de la ciudadanía,
canalizado por la comisión logística del Parlamento de los Pueblos
y la Conaie. Pero nadie se movilizó porque le pagaran. El pueblo
no necesita que nadie le pague para luchar por su propia causa.

¿Qué opinión le merecen las declaraciones recientes de los
generales Calle y Lascano y del ex ministro Alvarez respecto de su
vinculación con el general Mendoza y el llamado "Plan Diezmos"?.

Debo desmentirlas categóricamente. Nunca fui protegido de mi
general Mendoza ni de nadie. Jamás estuve sujeto a plan alguno de
él o del alto mando. Se me dio el pase a Guayaquil donde me
presenté el 7 de enero de este año. Sin embargo, recibí la orden
de retornar a Quito para desempeñar la función de jefe del Centro
de Asesoramiento Estratégico CR12 a fin de poner en funcionamiento
ese costoso proyecto que a pesar de los esfuerzos realizados no
entraba en operación. Mi misión no era monitorear el movimiento
indígena. Para eso estaba el Centro de Operaciones Conjuntas. No
hay nada de lo oscuro y premeditado que perversamente se trata de
insinuar. La única vez que trabajé con mi general Mendoza fue
durante diez días, del 10 al 20 de enero de este año.

Por otra parte, estuve en Quito 14 de los 23 años que tengo de
oficial pero en diferentes épocas. Hay otros oficiales que han
permanecido en Quito hasta 20 años.

Sobre mi participación en el llamado "operativo Diezmos", esa es
una tontería que solo demuestra cómo el gobierno estaba
desinformado, ocupado como estaba en la vorágine de salvar bancos
quebrados, planear feriados bancarios y congelar fondos ajenos. Mi
nombre llegó a oídos del Gobierno porque frente a los rumores de
autogolpe que se escuchaban en los cuarteles por los meses de
marzo, julio y diciembre del 99, me oponía terminantemente.
Además, en enero y noviembre presenté sendos escritos, con mi
firma, solicitando al alto mando militar recomiende al gobierno un
cambio urgente de actitud para terminar con la corrupción, la
impunidad de los banqueros y la injusticia social y que atienda
las justas aspiraciones del pueblo. Dije allí que en caso de haber
una explosión social, esta vez en lugar de reprimir, nosotros nos
pondríamos del lado del pueblo. Igual recomendación hice en forma
personal y de viva voz cuando el ministro de Defensa y la señora
Elsa de Mena, en el auditorio del Instituto de Altos Estudios
Nacionales fueron a explicar la pretendida alza del IVA al 15%, a
lo que también nos opusimos por las mismas razones anteriores.

Pero si es un concurso de lanzar afirmaciones, yo también diré que
he escuchado que no fueron solo 3 millones 100 mil dólares sino 11
millones de dólares lo que recibió la Democracia Popular para la
campaña de Mahuad y se dice que otros banqueros financistas
entregaron cantidades similares, de donde se explica la dadivosa
entrega de 2.500 millones de dólares para salvar los bancos
quebrados. Sin embargo, la justicia solo es implacable para los
militares y policías presos por luchar contra esa corrupción.

¿Finalmente, en qué medida ha quedado resentida la estructura
militar y la imagen institucional con los sucesos del 21 de enero
y la caída reciente de la cúpula de las Fuerzas Armadas?.

El cambio del alto mando militar es normal en las Fuerzas Armadas.
Yo no creo que haya fracturas internas ni que se haya afectado la
imagen de la institución. Por el contrario. Antes del 21 de enero,
la población nos veía como gobiernistas indolentes y cómplices de
la corrupción. Los militares de honor no podíamos seguir
permitiendo eso. Para un militar, lo más importante es como lo
miren los subordinados, no el concepto en que lo tengan los
superiores. De esa misma manera, para las Fuerzas Armadas, más
importante que el criterio de un grupo de ecuatorianos que
detentan, a veces ilegítimamente el poder, es como las califique
el auténtico pueblo ecuatoriano. Ese pueblo llano ha valorado en
alto grado nuestra decisión de unirnos a su protesta contra la
corrupción, la impunidad y la injusticia. La prueba son las
encuestas. Tampoco se ha deteriorado nuestra imagen internacional
porque mucho antes de que se diera el levantamiento de enero, ya
el Ecuador era considerado uno de los países más corruptos del
mundo por las actuaciones de su gobierno. Ahora, ese mismo mundo
sabe que aquí hay un pueblo altivo que no aguanta más
humillaciones. (Texto tomado de El Expreso)
EXPLORED
en Ciudad Guayaquil

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