En noviembre de 1998, con una apresurada ley, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) cobra vida. El primer paciente de esta entidad fue Filanbanco, que entró en crisis el 2 de diciembre del mismo año. La crítica situación de la entidad requirió que el entonces Ministerio de Finanzas emitiera bonos del Estado por $416 millones, solamente durante ese período.
Luego, al finalizar el tercer mes de 1999 se desató la crisis bancaria, y uno a uno fueron cayendo bancos y financieras, hasta completar 17 entidades.
El drama era igual en todos los casos, gente amontonada en las puertas de los bancos reclamaba la devolución inmediata de sus recursos. La AGD, entidad novata en este tipo de acciones, se quedó corta en el momento de responder a los clientes y administrar los recursos de los bancos cerrados.
Aunque el 17 de mayo del año 2001 logró liberar parte de su responsabilidad, al entregar a Filanbanco, en manos del Ministerio de Economía, todavía no han liquidado los bancos que están a su cargo y más aún, si se logran pagar las deudas a todos los depositantes, difícilmente se han podido cobrar las obligaciones de los grandes deudores y menos aún cubrir todas las asignaciones y bonos emitidos por el Estado, para sanear a las entidades..
La AGD ha incursionado en todo tipo de negocios, desde venta de autos, administración de un almacén de electrodomésticos, una empresa eléctrica o un diario, en el caso de El Telégrafo. De las ventas vía subasta apenas se han logrado recaudar $17 881 725, aunque la cifra llega a $100 millones si se consideran otros cobros realizados. Algunos bienes ahora son utilizados por instituciones del Estado, y otros, como el yate de Fernando Aspiazu que aún no se han logrado vender.
Hasta el momento, cinco gerentes han pasado por la entidad: James McPherson (diciembre 1998 a junio de 1999), Bruno Leone (junio 1999 a diciembre de 1999), Walter Valarezo (diciembre 1999 a marzo 2000), Luis Villacís (marzo 2000 a junio 2001) y Patricio Dávila, quien se posesionó el 26 de junio y continúa en el cargo. (YB)
Dos son las titánicas tareas que se ha impuesto la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para los siguientes meses. La primera: hasta octubre de 2002 deberá concluir el pago, por un monto de $135 millones, a 12 500 ex clientes de la banca cerrada.
Para ello, deberá concretarse la venta de Emelec, de la cual $90 millones están comprometidos para la AGD (la mayor parte para el Banco del Progreso), según Patricio Dávila, gerente de la entidad. En segundo lugar deberá intentar devolver al Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, al Estado, los gastos del salvamento bancario.
En todo caso, Patricio Dávila defiende su gestión iniciada el 26 de junio de 2001, en la cual se ha pagado $100 millones a ex clientes con recursos propios (venta de activos y gestión de portafolio), del total de $800 millones que pagó el Estado mediante la negociación de bonos.
Aunque expertos consultados coinciden que la gestión de Patricio Dávila le ha dado agilidad al proceso, una "historia negra" de ineficiencia e ilegalidad, rodea a la Agencia, que ya tiene tres años y cinco meses de vigencia. El último capítulo de esta saga ha sido la acusación por parte de la CCCC de peculado por abuso de fondos públicos, en el manejo de 533 pagarés.
Para León Roldós, diputado nacional, la Agencia tuvo un nacimiento viciado. "Se creo direccionada para encubrir a los banqueros tramposos. La ley no se hizo para evitar la quiebra bancaria, sino para proteger a los que la provocaron". El diputado considera que la ley de la AGD "fue hecha con mala fe, para encubrir el libertinaje y el fraude bancario".
Indica que la recuperación de créditos ha sido casi nula, pero que se ha reactivado a partir de la administración actual. Sin embargo, critica una falta de evaluación de los riesgos antes de tomar decisiones. Explica que, por ejemplo, en el caso del diario El Telégrafo, al Estado le cuesta $25 000 mensuales mantenerlo en marcha.
Walter Spurrier, analista, no es tan severo con la Agencia, pues dice que la entidad no tuvo ocasión de fortalecerse institucionalmente para hacer frente a los problemas que afectaron a más de la mitad del sistema financiero. Además considera que fue aplastada por presiones políticas, y que sus funcionarios se exponían a juicios penales si tomaban decisiones polémicas que afectaran a cualquiera de los involucrados. Considera que no hubo la decisión suficiente por parte del Congreso o el Ejecutivo para que los represenantes de la AGD actuaran libremente. (PS)
La liquidación de los bancos se concretaría
Cinco entidades en poder de la Agencia de Garantía de Depósitos están listas para ser declaradas en liquidación.
Estas son: Banco del Azuay, Occidente, Tungurahua, Financorp y una financiera, aseguró Patricio Dávila, gerente de la AGD. Un segundo grupo, en el que se incluyen Banco del Agro Finagro, Banco Unión y Banco de Crédito, está en vías de someterse a estudios de auditoría. "Previamente, cada banco tiene que pagarme con lo que le quede de los activos", dijo.
Por ejemplo, el Azuay entra a liquidación pero todavía no paga parte de lo que la AGD puso para los depositantes. Esa diferencia la tomó del fideicomiso de $20 millones, producto de la incautación de Makro", indicó. (LMI)
ENTREVISTA
"El máximo castigo debe ser para F. Aspiazu, quien causó el perjuicio"
El quinto gerente de la AGD, Patricio Dávila, asegura que no descarta el enjuiciamiento a los miembros de la CCCC que lo han señalado en sus informes
¿Cree que podrá cumplir sin más tropiezos con el pago a los depositantes?
Yo siempre he dicho que Dios cuida de sus animalitos y de mí está cuidando, de manera que creo que vamos a pagar no solamente a los ex depositantes del Progreso sino a los demás perjudicados de la banca cerrada.
Pero, Dios no lo ha protegido tanto, pues ahora usted ha sido señalado por la Comisión Anticorrupción...
Señalado no quiere decir culpable de nada he demostrado que lo que hice fue lo mejor que se podía hacer.
Al ser yo representante del Banco del Progreso debí asumir la acción de esa entidad que vendió al fideicomiso 533 pagarés a plazo, y recibió dos pagarés a cambio de esos papeles. Cuando el banco pidió que le pagaran lo que le debían, los representante del fideicomiso argumentaron no tener efectivo, y por lo tanto se les devolvió los mismos pagarés. Eso es todo.
Pero se trataba de pagarés sin valor...
Sí pero si no se los aceptaba, ellos hubieran podido argumentar que fueron los mismos papeles que el banco les pagó. En cambio, con esa transacción nos aseguramos de que el producto de Emelec y Electroecuador sea para los depositantes y que esos papeles no queden en circulación, pues en otro evento hubieran quedado en poder del fideicomiso y el banco del Progreso hubiera seguido debiendo de cualquier modo.
¿Y si no existe la posibilidad de vender Emelec en un precio conveniente?
Los activos de Emelec valen $118 millones. Si no hay una oferta que cubra este valor, existe un plan B, pues la AGD recibirá $90 millones para pagar a los depositantes.
El alcalde de Guayaquil ha sugerido que la empresa puede ser adquirida por una fundación y que esta la vendería para convertirla en una firma de capital abierto en la que todos los guayaquileños podamos ser accionistas.
Si todo está claro, ¿por qué el pronunciameinto de la CCCC?
La persona que hizo la investigación no estaba preparada para ello.
Entonces, ¿no hay dolo de su parte?
El dolo es de Aspiazu. Cuando me presente al juicio correspondiente, voy a obtener el máximo de castigo al que causó el perjuicio, es decir el ex banquero Aspiazu.
Usted, ¿podría enjuiciar a los miembros de la CCCC por las acusaciones?
Primero voy a defenderme en estricto derecho. Una vez que se haya demostrado que se equivocaron, tomaré las medidas. No descarto la posibilidad de enjuciar a mis ahora acusadores. (PS)
El entrevistado
l Patrico Dávila, (49 años).
l Funcionario de carrera de Banco Central.
l Doctor en Jurisprudencia, Gerente del Banco Central de la sucursal Guayaquil. Investigador de la Policía Nacional.
l Gerente de la AGD desde junio de 2001. (PS)
Las subastas de bienes al martillo se ponen de moda
Aunque las ventas directas dan buenos resultados, aún faltan bienes por vender
El movimiento en las intalaciones de Sicocar (vía Guayaquil - Salinas) se incrementa durante los fines de semana. El sitio concentra a decenas de personas interesadas en adquirir mobiliarios que alguna vez ocuparon espacios en agencias de varios bancos, hoy cerrados.
Archivadores, sofás, sillas, escritorios, extinguidores de incendios, computadoras, mesas, tachos de basura, plantas artificiales, libreros, refrigeradoras, y más, se venden como en un almacén. "En camionetas o camiones... los activos salen por montones", indica un agente vendedor de Sicocar.
Si bien la venta permanece durante toda la semana, son los sábados y domingos los días en los que mejores resultados se logran. "Lo importante es llegar primero, sino te quedas con huesos", señala Javier Villegas, quien adquirió un microondas. El estado de algunos bienes hace difícil su venta, pues permanecieron mucho tiempo embodegados y se maltrataron.
Por ello, potenciales compradores esperan cada semana nuevas remesas. Aunque este mecanismo es mucho más rápido para obtener recursos, la AGD aún le apuesta a las subastas al martillo.
Este lunes realiza la octava de bienes inmuebles y el martes, la sexta de vehículos.
Los compradores pueden pagar sus bienes con Certificados de Depósitos de las entidades cerradas, ahora en manos de la AGD. (LMI)
Fechas clave0
l Noviembre de 1998: Se crea la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), con el objetivo de proteger los intereses de los depositantes de los bancos cerrados.
l Marzo de 1999: La AGD remata los bienes de los 12 bancos cerrados. Entre ellos, Banco del Progreso, de Crédito, de Occidente, Finagro.
l Diciembre de 1999: Durante este año la Agencia devolvió $331 931,6. El último pago se lo realizó en la segunda quincena de diciembre, por disposición del presidente Gustavo Noboa quien emitió un Decreto Ejecutivo para agilizar la devolución de $155 millones a 56 500 clientes de los bancos cerrados.
l Octubre de 2000: La AGD ha realizado tres subastas de vehículos, obteniéndose un total de $1 718 534. Además, se efectuó la subasta de subsidiarias del Banco Popular, con un valor de venta de $1 001 500.
l Noviembre de 2000: Según un informe, la AGD habría recuperado el 23,2% de la cartera de los bancos.
l Diciembre de 2000: La entidad ha realizado tres pagos por $580 7 millones a través de Filanbanco y Banco del Pacífico.
l Junio de 2001: El contralor general del Estado, Alfredo Corral, aprobó indicios de responsabilidad penal en contra del ex gerente de la AGD, Luis Villacís. (MFA)
Malos augurios para los clientes del Banco del Progreso, según la CCCC
La Comisión señala que las planillas impagas al Cenace suman $65 millones y la deuda al Ministerio de Economía, $46 millones
En el conflicto entre la AGD y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) hay un riesgo: que los depositantes del Banco del Progreso no recuperen su dinero.
Otro perdedor será el Estado, pese a que el delegado al directorio del Conelec, Jorge Trujillo, afirma que en el cruce de cuentas, el que resultará favorecido es el Estado porque todo lo que obtenga irá a la AGD.
La Comisión Anticorrupción da sus razones:asegura que el activo del fideicomiso Progreso Depositor Trust, que representa un compuesto de 10 acciones de Nepec, Emelec y Electroecuador y de 533 documentos valorados en $611 millones, tiene escasa o ninguna posibilidad de recuperación, según el propio Patricio Dávila.
El único activo recuperable es Emelec como empresa para la distribución y comercialización de energía a Guayaquil, porque Electroecuador (generadora) tiene graves problemas técnicos y financieros que dificultan su permanencia y los pagarés son, en su mayor parte, incobrables.
La Comisión dice que un activo de $118,5 millones no alcanza a cubrir un pasivo de $1 033 millones. Más aún si se toma en cuenta que $475 millones que el Ministerio de Economía entregó para pagar a los depositantes, no se incluyen en el desglose de los pasivos.
Además, el convenio firmado entre la AGD y Emelec autoriza a la Agencia a gestionar la venta de los activos de la eléctrica. La totalidad de los ingresos netos provenientes de la transacción se entregará a un pagador aceptado por las dos partes.
El patrimonio de Emelec también es negativo. Así, la Comisión señala que no se han cancelado planillas al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por $65 millones y la deuda al Ministerio de Economía por $46 millones, por lo que el producto de la venta no es suficiente. (TH)
Los destinos
l Los gastos administrativos, tributarios y otras deudas del fideicomiso se cubrirán con la venta de Emelec.
l El Estado y la opinión pública no conocen los valores que se imputarán como pasivos por esos conceptos.
l La CCC afirma que el activo por $118,5 millones solo servirá para cubrir la deuda laboral de Emelec y al Cenace.
El Telégrafo, con déficit mensual
Los expertos advierten que las radios: El Telégrafo y La Prensa se venderán más rápido
"No queremos tener control sobre el medio de comunicación. Nos interesa el negocio solo para venderlo". Patricio Dávila es enfático cuando de diario El Telégrafo se trata. Desde que la empresa fue incautada por la Agencia de Garantía de Depósitos, el pasado 8 de marzo, opiniones de todo tipo se han vertido para exigir que el medio guayaquileño pase pronto a manos privadas. En ese aspecto, la Agencia agiliza sus acciones. La valoración de El Telégrafo como negocio en marcha será entregada a la entidad la próxima semana por peritos de la Escuela Politécnica Nacional.
Cifras preliminares revelaban que la empresa estaba perdiendo unos $20 000 mensuales. En cambio, para el diputado León Roldós al Estado le cuesta $25 000 cada mes. Patricio Dávila reconoce haber invertido $25 000 en el medio, contando sus aportes en publicidades. Aunque también apoya a la empresa con bienes tangibles. "Les hemos prestado equipos que necesitaban, sillas, y otras cosas", dice Dávila. Sin embargo, no hay una cifra exacta de cuánto le cuesta al Estado mantener el diario en circulación.
Calculos iniciales de la AGD valoran el edificio donde funcionó el diario entre $6 millones y $8 millones, pero debe considerarse que el inmueble está incluido en un listado de 106 bienes del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. "Quien lo adquiera, debe hacer trámites para garantizar su mantenimiento", señala Gloria López, subdirectora del Litoral del Instituto.
Aunque la intención de la AGD es subastarla a buen precio, y para lo cual busca opciones para mejorar su circulación.
Radio El Telégrafo (770 AM) y radio La Prensa (100.1 FM), cuyos activos también están en poder de la AGD, suman $25 000 en deudas a Emelec y Emelgur.
Por este motivo, hace varias semanas radio El Telégrafo salió del aire, pero hay posibilidades de volver a lanzarla. Días atrás, la Agencia facilitó un generador eléctrico para que esta emisora reiniciara su labor posiblemente desde la semana entrante, "hasta que pueda salir de las deudas y la vendamos", explica el gerente de la AGD.
El radiodifusor Javier Villagrán fue nombrado recientemente administrador de ambas emisoras y trabaja en sanear las deudas, reestructurar la programación y darles valor agregado.
Las expectativas se centran en que las radios se venderán más rápido que el diario, pues hay por lo menos 10 interesados, especialmente en la de AM. "Su ubicación en el dial la hace atractiva. Se considera que las frecuencias situadas desde el 540 al 800 del dial tienen buena sintonía", señala un conocedor del tema. (LMI)
Ondas
l No hay una cifra oficial sobre el tiraje de este rotativo. El diario cuenta con una plantilla de 180 empleados.
l Radio La Prensa fue fundada hace 40 años por los señores Ulloa Figueroa, quienes vendieron el paquete mayoritario de las acciones de este medio a José Antón Díaz.
l Antón Díaz vendió posteriormente el diario y el paquete accionario de radio la Prensa AM (ahora radio El Telégrafo) y La Prensa FM, a Fernando Aspiazu.
l Diario El Telégrafo tiene como gerente a Patricio Dávila, y como director a Enrique Macías Chávez, quien administraba el fideicomiso formado por Aspiazu en abril de 1999.
La concesión de Emelec podría postergarse
La empresa busca nuevos inversores que planifiquen la operación por 20 años
El 30 de mayo próximo es la fecha clave para definir el destino de la concesión del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica para la ciudad de Guayaquil. El Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) ratificó que ese día se adjudica el contrato de concesión que tenía la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec).
Fuentes cercanas al proceso informaron que se modificará la fecha para la entrega de los sobres uno, que contiene la oferta técnica, y dos, la económica, prevista para este 23 de mayo.
El 30 habrá la audiencia pública en la Gobernación de la provincia del Guayas, donde se dará a conocer el resultado del estudio de las dos propuestas y se procederá a la apertura de los sobres. Ese mismo día, el Conelec anunciará el resultado de evaluación de las ofertas económicas y proclamará al ganador de la licitación.
Se sabe que las dos empresas interesadas en la compra son Pérez Companc de Argentina y Unión Fenosa de España. Allied Energy System (AES) de Estados Unidos habría desistido de participar, pese a que compró las bases de la licitación.
AES y Emelec Inc., que tiene su casa matriz en Estados Unidos, habían convenido que la segunda vendiera a la primera el 49% de las acciones para cumplir obligaciones tributarias en ese país.
Para los inversionistas, no se comprendía el alcance del acuerdo porque al comprar las acciones también se compran los activos y pasivos, y uno de los pasivos fuertes es la deuda de Emelec con el mercado eléctrico mayorista, que asciende a $279 millones, lo que le convierte en la distribuidora con mayores obligaciones. Según Emelec, no pagaba porque el Estado también le debe por el 9,5% de rentabilidad garantizada. (TH)
La empresa, sin inversión desde 1982
Inversiones inmediatas de $20 millones requiere Guayaquil para garantizar la distribución y comercialización de energía eléctrica, cuando se venda la concesión y los activos de Emelec.
Antes, en manos del ex banquero Fernando Aspiazu, y hoy, bajo la administración temporal del Conelec, Emelec no ha hecho inversiones en los últimos 20 años (desde 1982). El nuevo dueño, que será para 30 años, presentará el plan de inversiones. (TH)
ANALISIS
La inoperancia de la entidad de control financiero
La garantía de depósitos no es novedad en los sistemas financieros de otros países. Asegurar que los clientes reciban su dinero en caso de quiebra de los bancos es un aval, incluso para atraer nuevas inversiones.
Pero en Ecuador, lo que tampoco es nuevo es que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) habría distorsionado sus funciones originales.
Nació con dedicatoria y sirvió de intermediario para entregar millonarias sumas a Filanbanco, sin que por ello quedara fuera de toda clase de enredos legales y deudas incobrables. La débil legislación que soporta la Agencia no ha sido suficiente en el momento de pelear contra los grandes intereses que se mueven detrás de los bancos cerrados, aunque tampoco ha tenido la suficiente entereza para llevar adelante juicios, como el caso del Banco del Progreso.
Aún así, la entidad se planteó como su principal objetivo aplicar reformas para sanear el sistema ecuatoriano. Entonces, la AGD debía constituirse en una suerte de supraentidad, capaz de meter la mano para desempolvar los grandes fraudes del sistema. Capaz de intervenir a una entidad cuando fuera necesario y capaz de cobrar las deudas de todos los bancos, cubrir los pasivos y liquidar las entidades.
Hasta ahora, lo único certero es que el Estado ha tenido que extender nuevamente la mano para cumplir lentamente con quienes confiaron su dinero y de quienes todavía hay 1 2 500 clientes que no han cobrado sus recursos.
Los grandes cuellos de botella han sido inicialmente Filanbanco y ahora el Banco del Progreso, aunque también es cierto que la AGD nunca terminó de consolidarse financieramente, por eso ha debido ha sobrevivir a expensas de los ecuatorianos. (YB)
(BLANCO Y NEGRO 18 DE MAYO DE 2002)
Luego, al finalizar el tercer mes de 1999 se desató la crisis bancaria, y uno a uno fueron cayendo bancos y financieras, hasta completar 17 entidades.
El drama era igual en todos los casos, gente amontonada en las puertas de los bancos reclamaba la devolución inmediata de sus recursos. La AGD, entidad novata en este tipo de acciones, se quedó corta en el momento de responder a los clientes y administrar los recursos de los bancos cerrados.
Aunque el 17 de mayo del año 2001 logró liberar parte de su responsabilidad, al entregar a Filanbanco, en manos del Ministerio de Economía, todavía no han liquidado los bancos que están a su cargo y más aún, si se logran pagar las deudas a todos los depositantes, difícilmente se han podido cobrar las obligaciones de los grandes deudores y menos aún cubrir todas las asignaciones y bonos emitidos por el Estado, para sanear a las entidades..
La AGD ha incursionado en todo tipo de negocios, desde venta de autos, administración de un almacén de electrodomésticos, una empresa eléctrica o un diario, en el caso de El Telégrafo. De las ventas vía subasta apenas se han logrado recaudar $17 881 725, aunque la cifra llega a $100 millones si se consideran otros cobros realizados. Algunos bienes ahora son utilizados por instituciones del Estado, y otros, como el yate de Fernando Aspiazu que aún no se han logrado vender.
Hasta el momento, cinco gerentes han pasado por la entidad: James McPherson (diciembre 1998 a junio de 1999), Bruno Leone (junio 1999 a diciembre de 1999), Walter Valarezo (diciembre 1999 a marzo 2000), Luis Villacís (marzo 2000 a junio 2001) y Patricio Dávila, quien se posesionó el 26 de junio y continúa en el cargo. (YB)
Dos son las titánicas tareas que se ha impuesto la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para los siguientes meses. La primera: hasta octubre de 2002 deberá concluir el pago, por un monto de $135 millones, a 12 500 ex clientes de la banca cerrada.
Para ello, deberá concretarse la venta de Emelec, de la cual $90 millones están comprometidos para la AGD (la mayor parte para el Banco del Progreso), según Patricio Dávila, gerente de la entidad. En segundo lugar deberá intentar devolver al Fondo de Garantía de Depósitos, es decir, al Estado, los gastos del salvamento bancario.
En todo caso, Patricio Dávila defiende su gestión iniciada el 26 de junio de 2001, en la cual se ha pagado $100 millones a ex clientes con recursos propios (venta de activos y gestión de portafolio), del total de $800 millones que pagó el Estado mediante la negociación de bonos.
Aunque expertos consultados coinciden que la gestión de Patricio Dávila le ha dado agilidad al proceso, una "historia negra" de ineficiencia e ilegalidad, rodea a la Agencia, que ya tiene tres años y cinco meses de vigencia. El último capítulo de esta saga ha sido la acusación por parte de la CCCC de peculado por abuso de fondos públicos, en el manejo de 533 pagarés.
Para León Roldós, diputado nacional, la Agencia tuvo un nacimiento viciado. "Se creo direccionada para encubrir a los banqueros tramposos. La ley no se hizo para evitar la quiebra bancaria, sino para proteger a los que la provocaron". El diputado considera que la ley de la AGD "fue hecha con mala fe, para encubrir el libertinaje y el fraude bancario".
Indica que la recuperación de créditos ha sido casi nula, pero que se ha reactivado a partir de la administración actual. Sin embargo, critica una falta de evaluación de los riesgos antes de tomar decisiones. Explica que, por ejemplo, en el caso del diario El Telégrafo, al Estado le cuesta $25 000 mensuales mantenerlo en marcha.
Walter Spurrier, analista, no es tan severo con la Agencia, pues dice que la entidad no tuvo ocasión de fortalecerse institucionalmente para hacer frente a los problemas que afectaron a más de la mitad del sistema financiero. Además considera que fue aplastada por presiones políticas, y que sus funcionarios se exponían a juicios penales si tomaban decisiones polémicas que afectaran a cualquiera de los involucrados. Considera que no hubo la decisión suficiente por parte del Congreso o el Ejecutivo para que los represenantes de la AGD actuaran libremente. (PS)
La liquidación de los bancos se concretaría
Cinco entidades en poder de la Agencia de Garantía de Depósitos están listas para ser declaradas en liquidación.
Estas son: Banco del Azuay, Occidente, Tungurahua, Financorp y una financiera, aseguró Patricio Dávila, gerente de la AGD. Un segundo grupo, en el que se incluyen Banco del Agro Finagro, Banco Unión y Banco de Crédito, está en vías de someterse a estudios de auditoría. "Previamente, cada banco tiene que pagarme con lo que le quede de los activos", dijo.
Por ejemplo, el Azuay entra a liquidación pero todavía no paga parte de lo que la AGD puso para los depositantes. Esa diferencia la tomó del fideicomiso de $20 millones, producto de la incautación de Makro", indicó. (LMI)
ENTREVISTA
"El máximo castigo debe ser para F. Aspiazu, quien causó el perjuicio"
El quinto gerente de la AGD, Patricio Dávila, asegura que no descarta el enjuiciamiento a los miembros de la CCCC que lo han señalado en sus informes
¿Cree que podrá cumplir sin más tropiezos con el pago a los depositantes?
Yo siempre he dicho que Dios cuida de sus animalitos y de mí está cuidando, de manera que creo que vamos a pagar no solamente a los ex depositantes del Progreso sino a los demás perjudicados de la banca cerrada.
Pero, Dios no lo ha protegido tanto, pues ahora usted ha sido señalado por la Comisión Anticorrupción...
Señalado no quiere decir culpable de nada he demostrado que lo que hice fue lo mejor que se podía hacer.
Al ser yo representante del Banco del Progreso debí asumir la acción de esa entidad que vendió al fideicomiso 533 pagarés a plazo, y recibió dos pagarés a cambio de esos papeles. Cuando el banco pidió que le pagaran lo que le debían, los representante del fideicomiso argumentaron no tener efectivo, y por lo tanto se les devolvió los mismos pagarés. Eso es todo.
Pero se trataba de pagarés sin valor...
Sí pero si no se los aceptaba, ellos hubieran podido argumentar que fueron los mismos papeles que el banco les pagó. En cambio, con esa transacción nos aseguramos de que el producto de Emelec y Electroecuador sea para los depositantes y que esos papeles no queden en circulación, pues en otro evento hubieran quedado en poder del fideicomiso y el banco del Progreso hubiera seguido debiendo de cualquier modo.
¿Y si no existe la posibilidad de vender Emelec en un precio conveniente?
Los activos de Emelec valen $118 millones. Si no hay una oferta que cubra este valor, existe un plan B, pues la AGD recibirá $90 millones para pagar a los depositantes.
El alcalde de Guayaquil ha sugerido que la empresa puede ser adquirida por una fundación y que esta la vendería para convertirla en una firma de capital abierto en la que todos los guayaquileños podamos ser accionistas.
Si todo está claro, ¿por qué el pronunciameinto de la CCCC?
La persona que hizo la investigación no estaba preparada para ello.
Entonces, ¿no hay dolo de su parte?
El dolo es de Aspiazu. Cuando me presente al juicio correspondiente, voy a obtener el máximo de castigo al que causó el perjuicio, es decir el ex banquero Aspiazu.
Usted, ¿podría enjuiciar a los miembros de la CCCC por las acusaciones?
Primero voy a defenderme en estricto derecho. Una vez que se haya demostrado que se equivocaron, tomaré las medidas. No descarto la posibilidad de enjuciar a mis ahora acusadores. (PS)
El entrevistado
l Patrico Dávila, (49 años).
l Funcionario de carrera de Banco Central.
l Doctor en Jurisprudencia, Gerente del Banco Central de la sucursal Guayaquil. Investigador de la Policía Nacional.
l Gerente de la AGD desde junio de 2001. (PS)
Las subastas de bienes al martillo se ponen de moda
Aunque las ventas directas dan buenos resultados, aún faltan bienes por vender
El movimiento en las intalaciones de Sicocar (vía Guayaquil - Salinas) se incrementa durante los fines de semana. El sitio concentra a decenas de personas interesadas en adquirir mobiliarios que alguna vez ocuparon espacios en agencias de varios bancos, hoy cerrados.
Archivadores, sofás, sillas, escritorios, extinguidores de incendios, computadoras, mesas, tachos de basura, plantas artificiales, libreros, refrigeradoras, y más, se venden como en un almacén. "En camionetas o camiones... los activos salen por montones", indica un agente vendedor de Sicocar.
Si bien la venta permanece durante toda la semana, son los sábados y domingos los días en los que mejores resultados se logran. "Lo importante es llegar primero, sino te quedas con huesos", señala Javier Villegas, quien adquirió un microondas. El estado de algunos bienes hace difícil su venta, pues permanecieron mucho tiempo embodegados y se maltrataron.
Por ello, potenciales compradores esperan cada semana nuevas remesas. Aunque este mecanismo es mucho más rápido para obtener recursos, la AGD aún le apuesta a las subastas al martillo.
Este lunes realiza la octava de bienes inmuebles y el martes, la sexta de vehículos.
Los compradores pueden pagar sus bienes con Certificados de Depósitos de las entidades cerradas, ahora en manos de la AGD. (LMI)
Fechas clave0
l Noviembre de 1998: Se crea la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), con el objetivo de proteger los intereses de los depositantes de los bancos cerrados.
l Marzo de 1999: La AGD remata los bienes de los 12 bancos cerrados. Entre ellos, Banco del Progreso, de Crédito, de Occidente, Finagro.
l Diciembre de 1999: Durante este año la Agencia devolvió $331 931,6. El último pago se lo realizó en la segunda quincena de diciembre, por disposición del presidente Gustavo Noboa quien emitió un Decreto Ejecutivo para agilizar la devolución de $155 millones a 56 500 clientes de los bancos cerrados.
l Octubre de 2000: La AGD ha realizado tres subastas de vehículos, obteniéndose un total de $1 718 534. Además, se efectuó la subasta de subsidiarias del Banco Popular, con un valor de venta de $1 001 500.
l Noviembre de 2000: Según un informe, la AGD habría recuperado el 23,2% de la cartera de los bancos.
l Diciembre de 2000: La entidad ha realizado tres pagos por $580 7 millones a través de Filanbanco y Banco del Pacífico.
l Junio de 2001: El contralor general del Estado, Alfredo Corral, aprobó indicios de responsabilidad penal en contra del ex gerente de la AGD, Luis Villacís. (MFA)
Malos augurios para los clientes del Banco del Progreso, según la CCCC
La Comisión señala que las planillas impagas al Cenace suman $65 millones y la deuda al Ministerio de Economía, $46 millones
En el conflicto entre la AGD y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) hay un riesgo: que los depositantes del Banco del Progreso no recuperen su dinero.
Otro perdedor será el Estado, pese a que el delegado al directorio del Conelec, Jorge Trujillo, afirma que en el cruce de cuentas, el que resultará favorecido es el Estado porque todo lo que obtenga irá a la AGD.
La Comisión Anticorrupción da sus razones:asegura que el activo del fideicomiso Progreso Depositor Trust, que representa un compuesto de 10 acciones de Nepec, Emelec y Electroecuador y de 533 documentos valorados en $611 millones, tiene escasa o ninguna posibilidad de recuperación, según el propio Patricio Dávila.
El único activo recuperable es Emelec como empresa para la distribución y comercialización de energía a Guayaquil, porque Electroecuador (generadora) tiene graves problemas técnicos y financieros que dificultan su permanencia y los pagarés son, en su mayor parte, incobrables.
La Comisión dice que un activo de $118,5 millones no alcanza a cubrir un pasivo de $1 033 millones. Más aún si se toma en cuenta que $475 millones que el Ministerio de Economía entregó para pagar a los depositantes, no se incluyen en el desglose de los pasivos.
Además, el convenio firmado entre la AGD y Emelec autoriza a la Agencia a gestionar la venta de los activos de la eléctrica. La totalidad de los ingresos netos provenientes de la transacción se entregará a un pagador aceptado por las dos partes.
El patrimonio de Emelec también es negativo. Así, la Comisión señala que no se han cancelado planillas al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por $65 millones y la deuda al Ministerio de Economía por $46 millones, por lo que el producto de la venta no es suficiente. (TH)
Los destinos
l Los gastos administrativos, tributarios y otras deudas del fideicomiso se cubrirán con la venta de Emelec.
l El Estado y la opinión pública no conocen los valores que se imputarán como pasivos por esos conceptos.
l La CCC afirma que el activo por $118,5 millones solo servirá para cubrir la deuda laboral de Emelec y al Cenace.
El Telégrafo, con déficit mensual
Los expertos advierten que las radios: El Telégrafo y La Prensa se venderán más rápido
"No queremos tener control sobre el medio de comunicación. Nos interesa el negocio solo para venderlo". Patricio Dávila es enfático cuando de diario El Telégrafo se trata. Desde que la empresa fue incautada por la Agencia de Garantía de Depósitos, el pasado 8 de marzo, opiniones de todo tipo se han vertido para exigir que el medio guayaquileño pase pronto a manos privadas. En ese aspecto, la Agencia agiliza sus acciones. La valoración de El Telégrafo como negocio en marcha será entregada a la entidad la próxima semana por peritos de la Escuela Politécnica Nacional.
Cifras preliminares revelaban que la empresa estaba perdiendo unos $20 000 mensuales. En cambio, para el diputado León Roldós al Estado le cuesta $25 000 cada mes. Patricio Dávila reconoce haber invertido $25 000 en el medio, contando sus aportes en publicidades. Aunque también apoya a la empresa con bienes tangibles. "Les hemos prestado equipos que necesitaban, sillas, y otras cosas", dice Dávila. Sin embargo, no hay una cifra exacta de cuánto le cuesta al Estado mantener el diario en circulación.
Calculos iniciales de la AGD valoran el edificio donde funcionó el diario entre $6 millones y $8 millones, pero debe considerarse que el inmueble está incluido en un listado de 106 bienes del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. "Quien lo adquiera, debe hacer trámites para garantizar su mantenimiento", señala Gloria López, subdirectora del Litoral del Instituto.
Aunque la intención de la AGD es subastarla a buen precio, y para lo cual busca opciones para mejorar su circulación.
Radio El Telégrafo (770 AM) y radio La Prensa (100.1 FM), cuyos activos también están en poder de la AGD, suman $25 000 en deudas a Emelec y Emelgur.
Por este motivo, hace varias semanas radio El Telégrafo salió del aire, pero hay posibilidades de volver a lanzarla. Días atrás, la Agencia facilitó un generador eléctrico para que esta emisora reiniciara su labor posiblemente desde la semana entrante, "hasta que pueda salir de las deudas y la vendamos", explica el gerente de la AGD.
El radiodifusor Javier Villagrán fue nombrado recientemente administrador de ambas emisoras y trabaja en sanear las deudas, reestructurar la programación y darles valor agregado.
Las expectativas se centran en que las radios se venderán más rápido que el diario, pues hay por lo menos 10 interesados, especialmente en la de AM. "Su ubicación en el dial la hace atractiva. Se considera que las frecuencias situadas desde el 540 al 800 del dial tienen buena sintonía", señala un conocedor del tema. (LMI)
Ondas
l No hay una cifra oficial sobre el tiraje de este rotativo. El diario cuenta con una plantilla de 180 empleados.
l Radio La Prensa fue fundada hace 40 años por los señores Ulloa Figueroa, quienes vendieron el paquete mayoritario de las acciones de este medio a José Antón Díaz.
l Antón Díaz vendió posteriormente el diario y el paquete accionario de radio la Prensa AM (ahora radio El Telégrafo) y La Prensa FM, a Fernando Aspiazu.
l Diario El Telégrafo tiene como gerente a Patricio Dávila, y como director a Enrique Macías Chávez, quien administraba el fideicomiso formado por Aspiazu en abril de 1999.
La concesión de Emelec podría postergarse
La empresa busca nuevos inversores que planifiquen la operación por 20 años
El 30 de mayo próximo es la fecha clave para definir el destino de la concesión del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica para la ciudad de Guayaquil. El Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) ratificó que ese día se adjudica el contrato de concesión que tenía la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec).
Fuentes cercanas al proceso informaron que se modificará la fecha para la entrega de los sobres uno, que contiene la oferta técnica, y dos, la económica, prevista para este 23 de mayo.
El 30 habrá la audiencia pública en la Gobernación de la provincia del Guayas, donde se dará a conocer el resultado del estudio de las dos propuestas y se procederá a la apertura de los sobres. Ese mismo día, el Conelec anunciará el resultado de evaluación de las ofertas económicas y proclamará al ganador de la licitación.
Se sabe que las dos empresas interesadas en la compra son Pérez Companc de Argentina y Unión Fenosa de España. Allied Energy System (AES) de Estados Unidos habría desistido de participar, pese a que compró las bases de la licitación.
AES y Emelec Inc., que tiene su casa matriz en Estados Unidos, habían convenido que la segunda vendiera a la primera el 49% de las acciones para cumplir obligaciones tributarias en ese país.
Para los inversionistas, no se comprendía el alcance del acuerdo porque al comprar las acciones también se compran los activos y pasivos, y uno de los pasivos fuertes es la deuda de Emelec con el mercado eléctrico mayorista, que asciende a $279 millones, lo que le convierte en la distribuidora con mayores obligaciones. Según Emelec, no pagaba porque el Estado también le debe por el 9,5% de rentabilidad garantizada. (TH)
La empresa, sin inversión desde 1982
Inversiones inmediatas de $20 millones requiere Guayaquil para garantizar la distribución y comercialización de energía eléctrica, cuando se venda la concesión y los activos de Emelec.
Antes, en manos del ex banquero Fernando Aspiazu, y hoy, bajo la administración temporal del Conelec, Emelec no ha hecho inversiones en los últimos 20 años (desde 1982). El nuevo dueño, que será para 30 años, presentará el plan de inversiones. (TH)
ANALISIS
La inoperancia de la entidad de control financiero
La garantía de depósitos no es novedad en los sistemas financieros de otros países. Asegurar que los clientes reciban su dinero en caso de quiebra de los bancos es un aval, incluso para atraer nuevas inversiones.
Pero en Ecuador, lo que tampoco es nuevo es que la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) habría distorsionado sus funciones originales.
Nació con dedicatoria y sirvió de intermediario para entregar millonarias sumas a Filanbanco, sin que por ello quedara fuera de toda clase de enredos legales y deudas incobrables. La débil legislación que soporta la Agencia no ha sido suficiente en el momento de pelear contra los grandes intereses que se mueven detrás de los bancos cerrados, aunque tampoco ha tenido la suficiente entereza para llevar adelante juicios, como el caso del Banco del Progreso.
Aún así, la entidad se planteó como su principal objetivo aplicar reformas para sanear el sistema ecuatoriano. Entonces, la AGD debía constituirse en una suerte de supraentidad, capaz de meter la mano para desempolvar los grandes fraudes del sistema. Capaz de intervenir a una entidad cuando fuera necesario y capaz de cobrar las deudas de todos los bancos, cubrir los pasivos y liquidar las entidades.
Hasta ahora, lo único certero es que el Estado ha tenido que extender nuevamente la mano para cumplir lentamente con quienes confiaron su dinero y de quienes todavía hay 1 2 500 clientes que no han cobrado sus recursos.
Los grandes cuellos de botella han sido inicialmente Filanbanco y ahora el Banco del Progreso, aunque también es cierto que la AGD nunca terminó de consolidarse financieramente, por eso ha debido ha sobrevivir a expensas de los ecuatorianos. (YB)
(BLANCO Y NEGRO 18 DE MAYO DE 2002)
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