Un dictamen por presunto narcotráfico no exhibe pruebas contundentes en fundamento de la demanda.

El CONSEP destruye "evidencia" de droga aunque tres laboratorios difieren sobre clase de sustancia

EL FISCAL cuarto de Antinarcóticos del Guayas ordenó la prisión y acusó de tráfico de estupefacientes a representantes de la firma Comfortex

EL FISCAL cuarto de Antinarcóticos del Guayas ordenó la prisión y acusó de tráfico de estupefacientes a representantes de la firma Comfortex.

El 4 de abril pasado, en un foso ubicado en la parte posterior de las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), en Guayaquil, fueron destruidos 5 558 155 gramos de base de cocaína.

Así lo refiere el acta correspondiente de destrucción de sustancias sujetas a fiscalización del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).

Aunque el acta asegura que lo destruido es base de cocaína, contenida en 15.073 tiras de cartón impregnadas con esa droga, hay tres versiones diferentes sobre la presunta sustancia.

Estas se hallan recogidas en el dictamen del fiscal cuarto de Antinarcóticos del Guayas, Jorge Solórzano, quien ordenó la realización de varias pruebas de laboratorio.

Esto se hizo ante la presunción de la existencia de droga en un cargamento de telas que llegó al puerto de Guayaquil en marzo de este año.

El laboratorio de la División de Criminalística del Guayas solo presume la presencia de base de cocaína; el Instituto Izquieta Pérez dice que hay cocaína, y el laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional lo descarta completamente.

La base de cocaína es la cocaína no tratada, extraída de las hojas de coca mediante un proceso de maceración y mezcla con solventes como la parafina, bencina, éter, ácido sulfúrico, entre otros. Tiene la apariencia de un polvo blancuzco.

En cambio, la cocaína se obtiene cuando la base de cocaína se somete a un proceso de refinamiento, conocido como “cristalización”. El producto es un polvo muy fino de un color blanco o marfil, explicaron a BLANCO Y NEGRO fuentes de Antinarcóticos.

Pese a que no hubo una determinación clara sobre la supuesta presencia de droga en el cargamento de telas que llegó al Ecuador cumpliendo la ruta Shangai, Puerto Buenaventura hasta llegar al Puerto de Guayaquil, a nombre de la firma Comfortex, desde el 11 de marzo pasado se hallan privadas de su libertad la gerenta de la empresa, María Fernanda Chediak, y la presidenta, Fanny Ortega.

Ellas están detenidas y fueron imputadas junto a otras tres personas (dos de nacionalidad colombiano y uno ecuatoriano) que no han sido aprehendidas del delito de tráfico de estupefacientes.

El fiscal de Antinarcóticos del Guayas presentó el dictamen y el caso está en manos de los jueces. (SR/AA)

Las pruebas de olfato y de campo no señalan cocaína

EL LABORATORIO de Criminalística solo halla indicios presuntivos y el Izquieta Pérez dice que hay droga

El 7 de marzo anterior, cuando el contenedor iba a ser reexportado, desde Guayaquil a Panamá, la Policía hizo pruebas de campo y de olfato de perro.

Esta es una rutina para determinar la presencia o ausencia de alcaloides en los cargamentos.

El cabo Giovanni Salazar, de la Unidad Antinarcóticos, tomó una muestra de las láminas de cartón que estaban envueltas con las sábanas e hizo una prueba de campo. El resultado fue negativo.

Luego, el policía Édison Andrango revisó la carga con un perro amaestrado para detectar droga, de nombre Vasco. El resultado también fue negativo.

Otras muestras de las láminas fueron enviadas al Laboratorio de Criminalística de la Policía. El resultado de la prueba estableció “indicios presuntivos de la posible presencia de cocaína”.

No obstante, el informe puntualiza que “cierto número de materiales, a menudo inocuos, pueden dar colores análogos (a la cocaína) con los reactivos del ensayo”.

Por este motivo, la jefe del Área Químico-forense del Departamento de Criminalística del Guayas, Grey Ramírez, recomendó hacer un nuevo examen con el empleo de otras técnicas, para confirmar o desechar el resultado.

Entonces, el fiscal de Antinarcóticos del Guayas, Jorge Solórzano, pidió un nuevo análisis al Instituto Izquieta Pérez. El resultado fue positivo: había cocaína en las láminas. (SR/AA)

Según la Politécnica no hay rastros del alcaloide

LA PRUEBA se hizo con el sistema de espectrofotometría de infrarrojos, distinto al usado por los otros laboratorios

El laboratorio de análisis instrumental de la Escuela Politécnica Nacional(EPN) no halló cocaína en el análisis de muestras de láminas de cartón del cargamento de telas.

Esta prueba fue pedida por el fiscal Solórzano, debido a que los exámenes del Departamento de Criminalística y del Instituto Izquieta Pérez se hicieron con un mismo método: cromatografía en capa fina.

Así fue cómo los peritos del laboratorio de la Politécnica, José Chango y Miguel Parreño, acudieron a la bodega de drogas del Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes (Consep), en Guayaquil, para retirar dos muestras de las láminas. Ambas pesaban 700 gramos.

Los peritos, quienes fueron posesionados legalmente por el fiscal, aplicaron el sistema de espectrofotometría de infrarrojos. El resultado de las pruebas fue que ninguna de las muestras contenía cocaína ni base de cocaína.

Fuentes de la Policía manifestaron a BLANCO Y NEGRO que el método científico de la EPN es más avanzado que el utilizado por Criminalística.

Sin embargo, los resultados de estas pruebas no tendrían efectos legales, porque únicamente los análisis de los laboratorios del Izquieta Pérez y de Criminalística tienen valor jurídico en los casos de narcotráfico, indicó el alto oficial que pidió mantener en reserva su nombre. (SR/AA).

Desde Shangai a Buenaventura, hasta llegar a Guayaquil

La Policía Antinarcóticos colombiana inspeccionó y no halló droga en el contenedor de 40 pies n.º MSCU 8893077

Según las versiones de los involucrados recogidas en la indagación fiscal, el cargamento de sábanas salió desde Shangai (China) hacia el puerto de Buenaventura, en Colombia.

La mercadería fue importada por la empresa colombiana Grandes Superficies, a pedido de Mauricio Posada Manotas, de la firma Avetex.

El contenedor de 40 pies llegó al puerto de destino el 22 de diciembre de 2005. Allí permaneció un mes y luego de realizar las inspecciones pertinentes, la Policía Antinarcóticos de ese país certificó no haber hallado droga en la mercadería.

Las sábanas no pudieron ser desembarcadas en Colombia porque estaba vigente una prohibición (salvaguarda) de importar productos textiles chinos.

Por eso, Posada según la indagación envió el cargamento al Ecuador, a nombre de Comfortex, empresa con la que no solo mantenía relaciones comerciales sino de la que también sería presidente.

Esto lo hizo pese a que la gerenta María Fernanda Chediak (acusada de complicidad) le advirtió que la mercadería no podría ser vendida en Quito por que el giro comercial de la empresa era pequeño.

Ella declaró no haberse ocupado de obtener el Documento Único de Importación (DUI) ni de contratar una verificadora autorizada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), para que revise la mercadería en origen, porque no tenía interés en importarla.

Por eso la carga no tenía los documentos correspondientes cuando fue desembarcada en el puerto de Guayaquil, en febrero de este año.

Chediak aseguró que Posada le pidió realizar los trámites necesarios para reexportar el contenedor a Panamá, donde lo recibiría la empresa May’s, de Samuel Obadía. Esta persona habría manifestado a la gerenta de Comfortex que le reconocería todos los gastos del envío.

Así estaban las cosas cuando el pasado 7 de marzo, durante la inspección de rutina, previa a la reexportación del contenedor, fueron tomadas las muestras de las láminas de cartón que luego analizó la división de Criminalística de la Policía y el Instituto Izquieta Pérez.

Estos resultados (ver la página anterior) fueron la base de la indagación, la posterior instrucción y el dictamen del fiscal cuarto antinarcóticos del Guayas, Jorge Solórzano, quien acusó a María Fernanda Chediak de complicidad en tráfico ilícito de estupefacientes.

Además fueron acusados Fanny Ortega, en calidad de presidenta de Comfortex y el agente afianzado de aduanas Mario Heredia, encargado del trámite de desaduanización de la mercadería.

El delito de narcotráfico es sancionado con reclusión mayor extraordinaria de 12 a 16 años y una multa de 60 a 8 000 salarios mínimos vitales.

Como autores del delito fueron acusados los colombianos Juana Perdomo, representante legal de Comfortex y Mauricio Posada Manotas, de la firma Avetex de Colombia. Este último, según el informe policial y el fiscal, también preside Comfortex. No obstante, ambas instituciones señalan como presidenta a Fanny Ortega, al igual que la Superintendencia de Compañías. (SR/AA).

La defensa argumenta que no existe la prueba material del delito

EL FISCAL acusó a CHEDIAK como colombiana; su cédula indica que es ecuatoriana

La defensa de María Fernanda Chediak y Fanny Ortega señala que no hay prueba material del delito. Esto, porque los tres laboratorios tienen conclusiones diferentes sobre la supuesta presencia de droga en las láminas de cartón.

El defensor Ernesto Vernaza hace notar que el laboratorio de Criminalística del Guayas solo determinó “indicios presuntivos de la posible presencia de cocaína”.

El Instituto Izquieta Pérez señaló la existencia de cocaína. Mientras el laboratorio de análisis instrumental de la EPN descartó la existencia de cocaína o base de cocaína.

Según un estudio científico citado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), los análisis de Criminalística y del Izquieta, efectuados con el método de cromatografía en capa fina, únicamente son pruebas de color.

Por eso, Grey Ramírez, de Criminalística del Guayas, recomendó hacer otra prueba con diferente método.

El peritaje de la EPN usó una técnica más avanzada: espectrofotometría de infrarrojos.
El defensor también señala una contradicción en el dictamen fiscal. Allí se indica que las muestras fueron tomadas del contenedor n.º MSCU 8893077, pero en la versión juramentada del subteniente Giovanni Cáceres consta que el análisis se hizo a una muestra de cartón del contenedor TCKU 949278-8.

Según el fiscal, Chediak es colombiana; pero su cédula refiere que es ecuatoriana. (SR/AA)

"A veces, en los delitos de narcotráfico, son implicados quienes no tienen nada que ver"


LOS CANES tienen dos reacciones al detectar la sustancia: proactiva (muerden, raspan o se acuestan en el cono de olor); y, pasiva, reflejada en la alteración de su presión arterial

El perro Sammy, de la Unidad Canina de la Policía, durante un entrenamiento para la detección de droga

El perro de nombre Vasco, que fue parte de la prueba de campo y que no detectó el alcaloide, es otro argumento de la defensa para negar la existencia de la droga.

Sin embargo, el Jefe de la Unidad Canina de la Policía, Pablo Cerva, explica que hay dos reacciones de los canes al detectar la sustancia: proactiva y pasiva

La reacción proactiva, señala Cerva, es cuando el perro que es entrenado durante 14 semanas y pasa diferentes pruebas, ingresa al cono de olor, busca y determina el sitio exacto donde está la droga, raspa, muerde y a veces se acuesta, mientras que la pasiva es cuando el animal advierte de la presencia de la sustancia a través de la alteración de su presión arterial, se pone inquieto o se queda estático.

La incompatibilidad de los sellos de seguridad es otro de los alegatos de la defensa de Chediak, que dice que la mercadería que salió del puerto de Buenaventura tenía el sello 016800 y cuando llegó a Guayaquil su registro de seguridad era 002508.

Sobre esta observación, fuentes de la Policía dijeron a BLANCO Y NEGRO que se han dado casos, en que, en estos delitos, los implicados son personas que nada tienen que ver con el ilícito. “Lo que quiere decir que son víctimas de las nuevas técnicas que utilizan los narcotraficantes para transportar el alcaloide”.

La fuente, que pidió el anonimato, señaló que entre esas nuevas tendencias está la clonación de los sellos de seguridad que se coloca a la mercadería que sale de los diferentes puertos. En los contenedores, la clonación se da mediante la suplantación.

La Policía no quiso pronunciarse oficialmente sobre el caso “Chediak” por encontrarse en etapa de indagación. Pese a que fuimos recibidos por el Director Nacional de Antinarcóticos de la Policía, general Bolívar Cisneros, el alto oficial no emitió ningún criterio sobre el tema. (SR)

Precios "oficiales" de la droga, según la Dirección Nacional de Antinarcóticos

Un kilo de marihuana, en el Ecuador cuesta entre $400 y $500; en EEUU, el valor oscila entre $2 000 y $3 000; en Europa llega a costar hasta $4 000.

Un kilo de base de cocaína que en el Ecuador cuesta de $1 500 a $1 800, en EEUU y Europa se vende entre $12 000 y $15 000.

En el Ecuador, un kilo de pasta de cocaína se comercializa entre $1 500 y $1 800; en EEUU y Europa se lo vende en $12 000 y $15 000.

Por un kilo de clorhidrato de cocaína, aquí se paga de $3 000 a $4 000. En EEUU, $40 000; en Europa pagan $50 000. (SR)

PUNTO DE VISTA

Necesidad de rectitud en la Justicia

Uno de los derechos básicos de la convivencia democrática es el acceso de los ciudadanos a un sistema judicial que actúe estrictamente de acuerdo a las leyes de un país; sin favoritismo de ninguna clase, pero también sin excesos que puedan afectar a los involucrados en procesos.

Por desgracia, las cosas parecieran marchar de manera totalmente distinta en nuestro país. Así se desprende del reciente escándalo desatado en torno a la Justicia ecuatoriana a partir de las denuncias de un ex diputado sobre un supuesto intento de soborno para que el dictamen de un juez le favoreciera.

Sin embargo, lo más lamentable es que ese ventilado caso es únicamente la punta del iceberg de un fenómeno extendido.

Es un secreto a voces, aunque no haya videos comprometedores al respecto, la cotidiana práctica del cohecho en la Función Judicial, donde nada parecería moverse si no hay de por medio un estipendio económico para que los funcionarios judiciales agiliten tal o cual trámite jurídico.

Con seguridad, estas afirmaciones escandalizarán a más de uno, pero es una verdad que la viven a diario cientos de usuarios de las cortes del país.

Pero los problemas de la Justicia ecuatoriana abarcan otros ámbitos. Está, por ejemplo, la lentitud en el trámite de los procesos, que mantiene a muchas personas (inocentes o no) recluidas en las abarrotadas cárceles ecuatorianas sin que medie una sentencia.

O casos similares al que se narra en esta entrega de BLANCO Y NEGRO en que errores en los procedimientos no son subsanados a tiempo, dando lugar a la posibilidad de que se cometan injusticias, sea por la liberación indebida o el encarcelamiento incorrecto de los implicados.

En tales circunstancias, resulta imprescindible un saneamiento y mejoramiento de la Justicia, a fin de extirpar todo tipo de corrupción y garantizar a los ciudadanos un sistema legal recto. (LAG)(Blanco y Negro)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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