Quito. 05.03.94. Mientras el asunto jurídico se ventila en los
tribunales pertinentes (TSE, TGC, sala de lo Constitucional),
varios sectores políticos y sociales han empezado a discutir el
contenido de la consulta plebiscitaria propuesta por el
presidente Durán Ballén.

En términos generales, las críticas que se han escuchado tienen
que ver con la trascendencia de las preguntas y las reales
posibilidades de cambios de fondo que podrían implicar. Inclusive
quienes apoyan la consulta, como los ex presidentes Hurtado y
Febres Cordero, ponen ciertos reparos a las preguntas.
Comentaristas y politólogos sostienen, por ejemplo, que el
Gobierno no ha puesto en debate sus posiciones. Ni la
modernización, ni la reducción del Estado, ni las privatizaciones
de sectores estratégicos serán consultados. "Al Gobierno no le
importa si el pueblo dice sí o dice no a las preguntas", sostiene
un dirigente político consultado por HOY y que prefirió el
anonimato. De hecho, el propio presidente Durán Ballén ha dicho
que el Gobierno no hará campaña en favor de tesis alguna en el
plebiscito.

En realidad las preguntas contienen temas que han estado en el
debate público en los últimos meses y sobre los cuales amplios
sectores han expresado su punto de vista favorable. Incluso
partidos que se han pronunciado por la inconstitucionalidad de la
consulta han apoyado públicamente varias de las reformas
planteadas.

Es evidente, por otro lado, que los cambios, de ser aprobados,
implicarán en algún grado una redefinición de nuestro sistema
político, en algunos casos con cambios epidérmicos y, en otros,
con cambios más profundos. Es claro también que cada uno de los
temas de las preguntas puede favorecer o perjudicar a
determinados sectores o partidos. HOY dialogó con varios
analistas, de cuyas opiniones extrajo algunas conclusiones.

Pregunta 1: ¿El voto debe ser voluntario u obligatorio?

Hay muchas opiniones, entre ellas la del ex presidente Febres
Cordero, que apuntan hacia mantener el voto obligatorio.
Sostienen que ello contribuye a una mayor participación popular
en las elecciones y a conseguir una mayor representatividad de
los magistrados elegidos. Sin embargo, existe el temor de que el
pueblo al ser consultado se pronuncie por el voto voluntario,
simplemente por comodidad y también como rechazo al sistema
político vigente. ¿Qué ocurriría con la solidez del sistema si,
por ejemplo, un presidente resultare electo con el 15% de la
población? se preguntan. En cambio, de otra parte, se sostiene
que es un derecho ciudadano el acudir o no a votar. No se debe
obligar a la ciudadanía a participar de algo en lo que no cree.
Un alto ausentismo electoral solo sería la confirmación formal
del desgaste institucional. Sería efecto y no causa.
Políticamente se supone que el voto voluntario podría favorecer a
los partidos mejor estructurados, a aquellos que tienen un mayor
grado de adhesión y militancia. El gran perjudicado sería el
populismo, a cuyo seno acuden miles de votos de personas que
votan "por obtener la cédula electoral".

Pregunta 2: ¿El Congreso de la República debe estar compuesto por
una sola cámara de diputados, o por dos, de senadores y
diputados.

En general se considera que ese cambio no implicaría
necesariamente una mejora en eficiencia. Quienes abogan por la
unicameralidad opinan que así las labores del Congreso son más
ágiles. Quienes desean la cámara del Senado piensan que de ese
modo se garantiza mayor reflexión en las tareas legislativas.
Quedaría al menos un punto importante por definir: ¿Cómo se
conformaría la cámara del Senado? En alguna época fueron a ella
los senadores funcionales por las cámaras de la producción, las
universidades, etcétera. El ex presidente Febres Cordero fue
senador funcional por los empresarios. Así empezó su carrera
política.

Pregunta 3: ¿Los legisladores deben durar en sus funciones dos o
cuatro años?

Esta pregunta se refiere a las elecciones de medio período, o sea
aquellas que tienen lugar a los dos años de iniciado un gobierno.
Quienes están a favor de esta elecciones -y por tanto de la
renovación de diputados provinciales cada dos años- opinan que en
ese lapso muchos diputados y partidos pierden representatividad y
por tanto es necesario volver a consultar al pueblo para cambiar
la correlación de fuerzas parlamentaria. Quienes quieren abolir
esa elección sostienen en cambio que aporta para los problemas de
ingobernabilidad, puesto que siempre el Gobierno acusa un fuerte
desgaste a mitad de período y por tanto sufre una gran derrota,
consecuencia de la cual, le será sumamente difícil lograr una
mayoría parlamentaria favorable, indispensable para gobernar. El
ex presidente Hurtado, por ejemplo, habla de "gobiernos
mayoritarios", o sea que cuenten con mayoría en el Congreso.

Pregunta 4: ¿Las elecciones de legisladores deben realizarse en
la primera o en la segunda vuelta electoral?

Esta pregunta apunta hacia lo mismo que la anterior, es decir a
procurar gobiernos mayoritarios, puesto que si se eligen los
diputados en la segunda vuelta, es muy probable que el candidato
ganador de las elecciones presidenciales arrastre tras de sí un
buen número de diputados que le faciliten una alianza mayoritaria
en el Congreso. En cambio, con las elecciones en primera vuelta
la representación se dispersa demasiado, pues todos los
candidatos presidenciales de la primera vuelta arrastran lo suyo.
Los partidos con opción de segunda vuelta se favorecerían en
perjuicio de los pequeños.

Pregunta 5: ¿El presidente del Congreso debe durar uno o dos años
en sus funciones?

No parece tener mayor trascendencia. Se dice que así se evitaría
el bochorno anual de las negociaciones para su elección. A lo
sumo el bochorno sería cada dos años.

Pregunta 6: ¿Deberían los legisladores aprobar y manejar fondos
del Presupuesto del Estado?

Opositores al Gobierno opinan que esta es una pregunta
"tramposa", puesto que sin decirlo claramente apunta a eliminar
la participación del Congreso en la elaboración del Presupuesto
del Estado. Un segundo efecto de esta reforma sería el eliminar
una práctica que ha sido severamente cuestionada por la opinión
pública: la entrega de las famosas "partidas de interés
provincial" que son manejadas por los diputados y que distraen
ingentes cantidades de dinero de las tareas prioritarias.

En este caso, las críticas no han sido al contenido mismo de la
pregunta sino a su formulación engañosa, poco clara.

Pregunta 7: ¿debe haber reelección para toda función de elección
popular, inclusive el presidente y diputados?

Esta pregunta, de ser contestada afirmativamente, sí
transformaría radicalmente el panorama político, puesto que hay
varios ex presidentes que teóricamente podrían volver a las lides
electorales. Febres Cordero, por ejemplo, se pronunció a favor de
la reelección, aunque dijo que no tiene intención de volver a
candidatizarse a la Presidencia. Incluso el panorama electoral de
1996 podría alterarse sustancialmente.

Pregunta 8: ¿debe existir la posibilidad constitucional de la
doble nacionalidad?

Esta pregunta es de gran interés para los ecuatorianos residentes
en el exterior. Ya fue inicialmente aprobada por el Congreso.
Curiosamente, es la única pregunta sobre la cual el ex presidente
Febres Cordero pidió tiempo para pensar. Todas las demás las
contestó de corrido.

El debate sobre el condumio de la propuesta plebiscitaria ha
comenzado a darse. De seguro se intensificará si es que la
convocatoria pasa los filtros de los organismos de control
constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, en cuyo seno se
tramitan impugnaciones.

Se dice que...

Heinz Moeller: Las encuestas revelan que el Gobierno apenas
tendrá dos o tres diputados, por lo que se volvía imperante dar a
sus candidatos un "caballo de batalla", puesto que por el momento
"no tienen nada que decir". Andrés Vallejo: la iniciativa busca
"disimular" una caída del Gobierno durante las elecciones, además
de que en el fondo lo que se busca es instaurar una dictadura
civil. En el mismo sentido se pronunció Vladimiro Alvarez: se
trata de distorsionar el próximo período eleccionario.

María Eugenia Lima: el Gobierno trata de amortiguar su derrota el
primero de mayo.

León Roldós: si se constituye una constituyente paralela al
Congreso el asunto sería distinto y válido. Pero que si lo que se
va a hacer es eliminar al Congreso para que los diputados
exclusivamente elaboren una Constitución, sería instaurar una
dictadura civil.

Carlos Julio Arosemena: dice estar de acuerdo con una asamblea
constituyente, pero espera la formulación de las preguntas del
plebiscito para dar su opinión definitiva

Juan José Castelló: a través de la Asamblea Constituyente el
Gobierno quiere tener manos sueltas para imponer un proceso de
privatizaciones.

Nicolás Castro (Colegio de Abogados del Guayas): es legítimo y
adecuado que se consulte al pueblo sobre la necesidad de que se
dicte una nueva Constitución.

Carlos Pardo (TSE): el TSE está capacitado para realizar la
consulta popular.

Enrique Echeverría (Abogado constitucionalista): La consulta
popular es absoluta y totalmente constitucional, pues se
fundamenta en el Art. 78 de la Constitución, literal 0.

Jorge Zavala Egas (jurista de Guayaquil): La consulta popular es
constitucional y es para que el pueblo se pronuncie sobre uno o
algunos de los ocho temas , para que de ahí recién nazca la
obligación de reformar la Constitución.

Milton Salgado Carrillo (diputado independiente): El presidente
de la república ha utilizado un recurso constitucional válido.
Será el pueblo ecuatoriano el que sepronuncie sobre estos temas
de trascendencia nacional.

César Coronel Jones (jurista guayaquileño): No se justifican las
afirmaciones de que no procede una convocatoria de este tipo,
considerando la claridad del mandato constitucional.

Eloy Velásquez (APRE): Con el llamado a consulta popular es que
en el país exista una constante zozobra , creándose al mismo
tiempo una gran inestabilidad política que hace hablar,
inclusive, hasta de un golpe de Estado.

Andrés Crespo Reimberg (DP): La consulta popular es quizás
inoportuna, pero muy saludable para comenzar a desbrozar toda la
maleza de la confusión política nacional.

Roosevelt Icaza (diputado independiente): No cabe la consulta
porque ya se han tramitado las reformas propuestas y preocupa el
hecho de que de que no se haya referido al derecho de los
independientes de intervenir en elecciones.

Luis Almeida (concejal de Guayaquil): Es un plan desesperado para
confundir al pueblo. El propio presidente se opuso a las reformas
constitucionales que propuso el Congreso.

Jacobo Bucaram (diputado PRE): Si se quiere reformar la
Constitución, la institución llamada para eso es el Congreso
Nacional. (5A)
EXPLORED
en Ciudad N/D

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