Quito. 04.02.93. El régimen del seguro social ecuatoriano está
financiado por aportaciones de trabajadores, empresarios y por el
Estado, las que en distintas proporciones son aplicadas a las
diversas prestaciones. Algunas, como las de salud y maternidad,
son otorgadas durante la vida activa del afiliado, por lo que
consumen anualmente los aportes que para este fin cotiza el
asegurado; otras, como la prestación de vejez, son concedidas
cuando el trabajador termina su vida activa luego de aportar 30 o
más años durante los cuales se acumulan grandes reservas para
financiar sus pensiones y que son invertidas en buena parte en
préstamos hipotecarios y quirografarios para los afiliados al
Seguro Social. Su estructura, por tanto, está dividida en dos
secciones: la destinada a otorgar prestaciones de salud y
maternidad, pensiones por edad avanzada e invalidez, cobertura de
riesgos del trabajo, muerte, cesantía, etc., y que constituye el
Seguro Social propiamente dicho; y la que tiene relación con el
rubro de inversiones en préstamos, compra-venta de papeles
valores y otros.

Es de máxima prioridad separar estas dos secciones para lo cual
hay que sacar del actual IESS, los departamentos de Crédito,
Fondos de Reserva y otros afines y formar con ellos el Banco del
Seguro Social sujeto a leyes y regulaciones bancarias aunque con
características especiales. Este banco se encargaría de la
concesión de préstamos para la adquisición y construcción de
viviendas (hipotecarias) o para gastos de consumo
(quirografarios), y podría operar como banco de segundo piso para
la inversión del Fondo de Pensiones con lo cual colaboraría con
el desarrollo nacional.

El capital inicial estaría formado por los fondos de reserva
acumulados a la fecha, siendo, por tanto, accionistas del banco
los propios afiliados y el personal de operación saldría de los
departamentos indicados.

La privatización de sus reservas

Habíamos dicho que el otorgamiento diferido por 30 o más años de
la pensión de edad avanzada, originaba la acumulación de reservas
-actualmente deben sumar muchos billones de sucres-, cuya
administración pretende ser transferida a instituciones privadas,
vinculadas a grandes bancos nacionales y extranjeros.

Aunque nadie lo haya planteado con claridad, y por la cantidad de
propagandistas chilenos que han llegado al país, es de suponer
que un sector empresarial quiere imponernos el sistema chileno de
pensiones. En este sistema el trabajador es el único que aporta,
pues el patrono está exonerado de hacerlo. Durante 30 o más años
se descuenta el 10% de su salario total, que con los intereses
forman al final de su vida activa el capital constitutivo de su
pensión que, en pocos años, se desvalorizará por efecto de la
inflación, con lo cual se transfiere al Estado la obligación de
pagar la pensión mínima, ya que son los intereses de dicho
capital los que constituyen la pensión jubilar. Es menester
aclarar que mensualmente del monto del aporte del trabajador se
descuenta el 2.5% por concepto de gastos de administración, por
lo que en realidad el aporte que se acumula solo es de un 7.5% y
que la edad de jubilación es de 60 o más años para la mujer y 65
o más para el hombre.

Fácil sería calcular la pensión (léase intereses) que percibiría
un trabajador ecuatoriano que cesa en 1993; 25 años (décadas del
40, 50 y 60) con salarios que oscilaron entre 500 y 2.000 sucres
mensuales, y ahorros (7,5%) que van desde 37,5 a 150 sucres cada
mes con un interés del 12% anual; y 10 años o más (década del 80
y lo que va del 90) con salarios que oscilan entre 4.000 y 60.000
sucres mensuales, y un ahorro entre 300 y 1.500 sucres cada mes e
intereses variables. Con seguridad el capital constitutivo de la
pensión sería muy pequeño y ésta tendría un monto infinitamente
inferior a la que entrega al IESS, a pesar de que al Seguro
Social únicamente se aporta sobre una parte y no sobre todo el
salario como debería ser.

Por otro lado, el trabajador chileno, aporta el 7% para el Seguro
Médico, 5% para Riesgos del Trabajo, etc. Para que tenga los
derechos del trabajador ecuatoriano, el trabajador chileno debe
suscribir varios contratos, con otros tantos descuentos que
fácilmente rebasarían el 30% de su sueldo o salario.

El Seguro Médico

La prestación de salud y maternidad tiene en el Ecuador un
otorgamiento inmediato, esto es, opera durante la vida activa del
trabajador y se prolonga durante su jubilación. Se financia con
el 3,41% del salario; sin embargo, sus problemas son muy agudos,
porque su capacidad instalada en hospitales y dispensarios es
rebasada por la gran cantidad de afiliados y jubilados que buscan
reparar su salud; por tanto, debe abrirse el área de atención
médica y permitir que las clínicas privadas presten un servicio
alternativo y supletorio al de los hospitales del seguro,
mediante la suscripción de contratos en los que se determine, por
cálculos de auditoría médica, las tarifas a pagarse por
intervenciones quirúrgicas y otros servicios prestados. De esa
manera, se posibilitaría que el afiliado de altos ingresos pueda
pagar el complemento por atenciones de mejor calidad que hubiese
solicitado.

(*) Director general del IESS entre 1968 y 1972 (2A)
EXPLORED
en Ciudad N/D

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