Quito. 11.12.92. (Editorial) Una de más importantes reformas
aprobadas por anterior gobierno correspondió a la Ley de
Régimen Monetario y al Banco del Estado. La ley otorgó plena
autonomía al Banco Central para conducir la política
monetaria, cambiaria y crediticia, y a su vez dio al Banco del
Estado, la autorización para administrar los depósitos del
sector público. Dotó a la autoridad monetaria del marco
adecuado para modernizar su gestión. Las operaciones de
mercado abierto a través de las mesas de dinero son producto
de la misma ley, así como los remates de bonos de estabilización que son
un gran paso para fijar la tasa referencial de interés, que lleve en el
futuro a los mercados financiero, a desarrollar una curva de
rendimientos de acuerdo al plazo y características de los
papeles que se negocian. Este tipo de operaciones evitan la
segmentación entre los mercados, y permiten asignar más
eficientemente el ahorro hacia la inversión productiva.
Al haberse desechado la posibilidad que el Banco Central
realice operaciones de carácter fiscal, se ha cerrado la
puerta para que se produzcan pérdidas en la institución.
El llamado déficit cuasifiscal servirá para que futuras
generaciones comprendan las consecuencias que acarrea utilizar
al instituto emisor como apéndice financiero de un gobierno.
Ahora con esa ley, el banco se dedicará a sus tareas
específicas, de las que jamás se debió apartar.
La nueva Ley de Presupuestos aprobada por el Congreso
Nacional, es un gran complemento de la Ley Monetaria.
Esta ley, que en sus objetivos básicos fue estructurada en el
gobierno anterior, es una normativa fundamental, para
garantizar un manejo armónico y responsable de la política
económica. Como toda reforma estructural, estuvo sujeta al
bombardeo de ciertas instituciones que se han manejado al
margen de una estrategia financiera global, y de aquellas que
a través del tiempo, se han beneficiado con las llamadas
preasignaciones.
Así mismo, el temor que recursos que deben ser orientados a un
objetivo específico, sean utilizados para financiar el
presupuesto del gobierno, generó airadas protestas.
Esto demuestra que las reformas estructurales, no pueden ser
enviadas sin que previamente sean discutidas por los sectores
interesados, para esclarecer cualquier duda o interpretación,
que está al margen del objetivo de las mismas.
Cuando se envió el proyecto de reforma tributaria, se discutió
ampliamente, no solamente sus objetivos, sino también la
normativa.
Sectores que se habían beneficiado con tratamientos tributarios
especiales, fueron en su momento grandes opositores al
proyecto de ley.
Sin embargo, gracias a la discusión amplia y democrática, se
entendió que las reformas no eran un esfuerzo aislado del gobierno, sino
parte de una estrategia tendiente a reorientar el modelo de desarrollo,
reformar el Estado, y modernizarlo. Es por estas razones que exigimos que
las futuras reformas que se envíen al Congreso Nacional, sean
previamente debatidas, para poder construir consensos y así
evitar las convulsiones que se producen cuando los sectores aparentemente
afectados, arremeten contra los proyectos, sin haberlos
analizado y entendido, no solamente en lo que tiene relación a
la letra muerta, sino más importante aún, en relación a los
objetivos que se pretenden lograr. Este artículo, no solamente
pone de manifiesto mi convicción, sobre la necesidad de
continuar con la tarea de modernización del Estado, sino
además, refleja los grandes desengaños y frustraciones que,
como Ministro de Finanzas me tocó vivir, cuando los programas
económicos se iban al traste, debido a la indisciplina
financiera de las llamadas empresas o instituciones autónomas.
El peso del ajuste, recaía tan solo en el Presupuesto General
del Estado, lo que conllevaba a reducir el gasto, no solamente
del gobierno central, sino de las instituciones que dependen
del presupuesto, tales como las Universidades, Consejos
Provinciales, Concejos Cantonales, y demás instituciones
dependientes, lo que ocasionaba diferentes tipos de
conflictos.
Se habían desarrollado en el país, una serie de Estados
independientes.
Los unos con rentas que alcanzaban para todo, y otros que
tenían que luchar, para cubrir por lo menos, los gastos
corrientes.
Mientras el gobierno central tiene por ley, que publicar los
resultados presupuestarios, instituciones autónomas y empresas
del Estado, se administran sin estados financieros, por lo que
sus responsables, ni siquiera conocen la posición financiera
de sus instituciones, peor el pueblo ecuatoriano.
La Ley de Presupuestos es un gran avance en materia de
administración y equidad financiera.
En el esfuerzo de descentralización del Estado.
Por estas razones, la reforma no puede quedar ahí, todo lo
contrario, se tiene que dar paso a un nuevo diseño del Estado,
que permita el desarrollo armónico de las regiones y pueblos
de la patria.
Se tiene los instrumentos financieros básicos, ahora hay que
dar paso al diseño e implantación de las estrategias
políticas, que permitan una auténtica descentralización y
deconcentración del Estado.
Solamente así profundizaremos la democracia en el país.
La reforma y modernización del Estado, debe constituirse en
una tarea permanente, cuyas propuestas sean producto del
consenso y no, del poder e intereses de un determinado sector
de la sociedad. (4A)
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