Quito. 05. 09. 90. (Investigación). La superpoblación
penitenciaria y el hacinamiento son las causas más profundas
de las fugas de los reclusos de los centros de detención del
país, uno de cuyos sangrientos episodios fue protagonizado la
semana pasada en la Penitenciaría del Litoral, por once presos
capitaneados por el peruano N. García.
Actualmente permanecen alrededor de 7 mil 500 internos en las
cárceles ecuatorianas, 2 mil 200 de ellos en la Penitenciaría
del Litoral, un centro de reclusión construido en 1971 con una
capacidad de 900 "huéspedes". El Penal García Moreno de Quito
se salva por el momento del hacinamiento, pues está en proceso
de reconstrucción. Sin embargo alberga a 370 reclusos;
oficialmente tiene una capacidad máxima de 296. A las dos
causas mencionadas se pueden añadir la inevitable corrupción,
las decisiones inconsultas de los directores de las cárceles y
aun la falta de aplicación plena del régimen penitenciario
progresivo, que es una política penitenciaria que se propone
imponer en el país la Dirección Nacional de Rehabilitación
Social.
Responsables
La corrupción es el producto irremediable del ambiente
sórdido que se vive tras las rejas, y el padre de las
decisiones equivocadas, cuya madre es la ausencia de
profesionalismo en los jefes de las cárceles.
La última fuga puede ser responsabilizada al actual director
de la Penitenciaría del Litoral, Pedro Pablo Ruiz, y aun al
encargado al momento de la fuga, Aurelio Garófalo, que
reemplazaba al titular ausente por vacaciones. Uno de ellos,
según pudo establecer HOY, permitió que el peruano García
permaneciera detenido en régimen común, pese a su alta
peligrosidad y a la necesidad de merecer un régimen de máxima
seguridad.
Un antecedente ilustrativo es el caso del ex director de la
Penitenciaría, Galo Torres, procesado en la actualidad, libre
con fianza carcelaria, involucrado en la fuga del famoso
"Patucho" Rigoberto, en junio de 1989.
En ese sentido, posibles implicaciones de los guías
penitenciarios -cinco de los cuales están detenidos bajo
sospecha- y otros detalles del último escape, en esta
perspectiva resultan más bien situaciones aleatorias, pero muy
probables dada la vinculación de los prófugos con el dinero
del narcotráfico. Una probabilidad de la que tampoco puede
considerarse exento a ningún miembro de la Policía Nacional,
encargada de la custodia externa de los obligados albergues
para delincuentes.
BARROTES
- La espectacular fuga protagonizada por un puñado de presos
el martes 28, denota un incremento cualitativo de la
delincuencia, mientras nuestro sistema penitenciario mantiene
aún graves obsolecencias.
- En medios penitenciarios se dice que existe rivalidad entre
la Policía y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social,
por el control interno de las cárceles.
- La Policía es la encargada de la custodia externa de las
cárceles. Los reclusos están en manos del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia (guías penitenciarios) de la Dirección Nacional de
Prisiones. Esto responde a la intención de rehabilitar al
delincuente.
- En estricto sentido, las fugas se evitarían por un eficiente
control, tanto interno como externo, de las cárceles.
- En el país existen dos centros de alta seguridad: la
Penitenciaría del Litoral y el Penal García Moreno.
- Hay una axioma que dice: "Entre menos dependa la seguridad
de las personas, menos fugas se producirán". Es decir: que hay
que tecnificar las cárceles. El axioma es un sueño, todavía,
en nuestro sistema penitenciario.
- Otro advierte: "Ningún centro de detención que supere los
mil internos es gobernable". La Penitenciaría de Guayaquil
alberga hoy a 2 mil 200 angelitos.
- De 7 mil 500 reclusos que existen el el país, 375 (5%) son
de máxima peligrosidad. Un alto índice de ellos lo componen
extranjeros. Más de 4 mil 800 (65%) son de media peligrosidad.
2 mil 250 (30%) son de mínima peligrosidad.
- El mayor índice de reincidencia es el de delitos contra la
propiedad. Es un hecho íntimamente emparentado con la crisis
económica.
- Antes los reclusos "se hacían humo". Desaparecían
misteriosamente de las cárceles. Ahora, lo hacen ejercitando
niveles de violencia espectaculares. En el pasado era más
fácil la fuga.
- Hasta hace poco, los delincuentes salían a delinquir en las
calles, y retornaban a dormir en sus celdas. Era el cielo de
los permisos inconsultos. Hoy se asegura que ese cielo ya no
existe.
- La Dirección Nacional de Rehabilitación Social cuenta con un
presupuesto de inversión de 2 mil 500 millones de sucres para
el presente año. Realiza obras en la infraestructura de
catorce centros de detención a nivel nacional.
- El Ecuador mantienen los índices de reincidencia
delincuencial más bajos de América Latina.
LO PRIMERO ES LO PRIMERO
"Construir más cárceles no es la solución para eliminar la
superpoblación y el hacinamiento en las cárceles", asegura a
HOY Alfredo Muñoz, director nacional de Rehabilitación Social.
"Si así fuera, nos pasaríamos la vida construyendo celdas",
añade. "El objetivo de la Dirección de Rehabilitación Social
es la prevención del delito, la eliminación de la reincidencia
y la reeducación de los reclusos".
Sin embargo, según el funcionario, no hay rehabilitación sin
la infraestructura donde pueda desenvolverse una política
penitenciaria llamada progresiva. Esto es, según él, un primer
paso inevitable. Por eso en la actualidad están siendo
remodelados el Penal de Quito y la Penitenciaría del Litoral,
y se construyen nuevos centros de detención en Esmeraldas,
Azogues, Macas y un nuevo pabellón en la cárcel de mujeres de
Quito. Se reconstruyen las cárceles de Cuenca y Machala, Tena
y el complejo penitenciario de Manabí. Se remodelan los
centros penitenciarios de Jipijapa, Bahía y Tulcán. "Además se
efectúan readecuaciones y mantenimiento en el resto del país",
afirma Muñoz.
Concluida la obra civil de infraestructura, se contratará el
diseño de sistemas modernos de seguridad: alarmas, circuitos
cerrados de TV, sistemas radiales de onda corta, etc. Este es
un segundo paso.
Luego de aquéllo, Muñoz anuncia que se procederá a una
separación mínima de los internos, de acuerdo a sus índices de
peligrosidad. Si no se aplica esta medida -afirma- la
reeducación no surte efectos "por el mantenimiento de la
contaminación criminógena". La clínica de conductaA pesar del
notorio rezago de nuestro sistema penitenciario, en el Penal
García Moreno se ha establecido una clínica de conducta que,
según Alfredo Muñoz, es un proyecto pionero en América Latina.
Lleva funcionando cuatro meses y ha permitido reducir la
violencia interna ejercitada por los llamados "polillas",
reclusos agresivos que asaltan a sus compañeros y a las
visitas y cobran "impuestos".
En esta "clínica", dirigida por un sicólogo, los "pacientes"
están sometidos a un aislamiento terapéutico, donde son
asistidos por trabajadores sociales, siquiatras, sicólogos y
hasta un abogado defensor de los presos indigentes, cuya tarea
principal es presionar a los jueces para que agiliten las
causas penales.
Esta es la alternativa del régimen penitenciario progresivo al
temible "infiernillo", aquel tenebroso calabozo donde eran
encerrados los reclusos con mala conducta. El proyecto, según
Muñoz, está produciendo positivos resultados entre los presos
sometidos a régimen común.
El asegura que, en medio de dificultades y limitaciones, ahora
la rehabilitación existe en el Ecuador. Es más, mantiene el
firme compromiso de cumplir con el establecimiento de una
infraestructura adecuada a nivel nacional y la preparación
óptima del personal para que se pueda realizar una
rehabilitación "auténtica".
Y anuncia que la Dirección de Rehabilitación Social realiza
esfuerzos para reorganizar reglamentariamente la concesión de
la pre libertad (a la que puede acogerse un recluso que haya
cumplido con las dos quintas partes de su pena), "columna
vertebral del régimen progresivo", según él.
LA JUSTICIA DE LA INDOLENTE TORTUGA
La causa más absurda de la superpoblación penitenciara está en
el lento sistema de aplicación de justicia.
El 70% de los reclusos en nuestra cárceles no está
sentenciado. De allí que en la medida en que la justicia no se
agilite, el problema de las cárceles seguirá reproduciéndose
como un diablillo atrapado en un círculo vicioso. Una de sus
manifestaciones, como se ha explicado, es la fuga de los
delincuentes.
Por ejemplo los detenidos por robo, normalmente reincidentes,
son sentenciados cuando han cumplido un tiempo de reclusión a
veces mayor que lo dictado por la sentencia. Mientras están en
esa situación no están motivados para someterse a terapia
ocupacional y, de ese modo, el problema tiende a reproducirse
sin remedio.
De allí que Alfredo Muñoz, director nacional de Rehabilitación
Social, considere urgente reformar el Código de Procedimiento
Penal.
Insiste en que los delitos menores deben ser sancionados con
penas sustitutivas a la privación de la libertad, como multas,
trabajo comunitario y arrestos domiciliarios.
Añade que se debe eliminar la posibilidad de que los jueces de
Policía (comisarios, intendentes y tenientes políticos) puedan
iniciar acciones penales y se limiten a juzgar contravenciones
de Policía.
Propone establecer el regateo en los procesos penales.
Ejemplifica que en los EEUU el 95% de las causas penales no
van a juicio; se resuelven por un regateo entre el acusado y
el acusador, de modo que se descongestionan los juzgados y se
ejerce una justicia más expeditiva.
Señala también que es imprescindible fortalecer una tendencia
hacia la desprisionización con las mencionadas penas
sustitutivas, la pre libertad y la libertad controlada. Esta
última es la libertad bajo palabra, a la que puede acogerse un
recluso que ha cumplido ya las tres quintas partes de su
condena. Si a esto se suma un régimen "de confianza", con
salidas reglamentarias y arresto domiciliario, dice, el
proceso de reinserción del recluso a la sociedad no es
traumático. "Así se garantiza la readaptación del individuo a
la sociedad", dice Muñoz. Según él, sus conceptos y sus
acciones -en medio de las sangre, las pérdidas irreparables y
los inconvenientes que causan las fugas, como aquella de la
semana pasada-, están sentando las bases "irreversibles" de un
sistema penitenciario moderno. "Es un proyecto absolutamente
serio que no solo depende de mi buena voluntad", concluye
Alfredo Muñoz. (C-8).
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