Quito. 16 nov 98. El Municipio de Quito ofrece otro lote en la
parte nororiental de la loma. Durante un año los pobladores
buscaron un terreno para vivienda.
El albañil que construye una pequeña vivienda de una sola
planta, se jacta del espléndido paisaje urbano que tiene a sus
pies: las casas blancas y añejas del centro de Quito; parte
del norte con sus edificios de vidrio, y el sur, una ciudad
extensa que se pierde en un horizonte gris.
El trabajador moreno y de mediana edad no quiere identificarse
y más bien dice que la casa de 9x9 metros es de su cuñado
Patricio Proaño, uno de los 1.500 habitantes que ocupan 3,5
hectáreas invadidas de las 52 destinadas a un parque ecológico
en la loma del Itchimbía.
La vista de este balcón natural es el bien más preciado. Pero
hay otro de más peso: el Itchimbía es el único pulmón verde
que le queda al viejo Quito. Por ello, en esta región la
tierra vale tanto como el poco aire limpio de la ciudad. La
casa de Proaño y otras del vecindario bordean la única vía
pavimentada del barrio, levantado al apuro por la cooperativa
"San Juan Bosco" en septiembre de 1995.
Desde entonces, las 225 familias han vivido con la zozobra de
un desalojo que nunca llegó. Las paredes que hace el albañil
anónimo son de terrocemento, un compuesto mixto (tierra y
cemento) sólido. Casi todas las casas son de madera y
plástico, materiales precarios para resistir los vientos que
azotan a la loma.
Los tres últimos años pasaron entre la indecisión del
Municipio quiteño y del Estado para buscar una salida y la
consolidación de un barrio de sentido ecológico, con múltiples
proyectos de autogestión comunitaria.
El pasado miércoles 4 de noviembre el Municipio del Distrito
Metropolitano dio una solución que fue aceptada por los
invasores del Itchimbía: la entrega de 2,5 hectáreas en el
lado nororiental del monte, próximo a la gasolinera de la vía
Oriental. Nada será gratuito: el Municipio fijará el precio de
los terrenos de 75 metros cuadrados y los habitantes están
dispuestos a pagarlos, a pesar de que perciben un salario
promedio de 600 mil sucres mensuales porque son informales,
empleadas domésticas, albañiles y guardias nocturnos. Por
ejemplo, José Pico Alcívar, quien llegó hace 3 años de
Portoviejo, es un guardián en Carapungo que gana 600 mil
sucres al mes. "Con la platita pago 2.500 sucres por un tanque
de agua que me sirve para la semana, al fin de mes cancelo 3
mil para el patrullero y el resto se va en comida". Pico
invirtió dos millones en parar una casa de madera cuya fachada
se mueve con el viento.
Al albañil no le importa la decisión municipal y más bien se
empeña en concluir la casa de Proaño. "Mi cuñado debe
desocupar el departamento que arrienda en La Tola Alta por el
que paga 440 mil sucres mensuales; aunque sea sin pisos,
Patricio, la esposa y los dos niños vendrán a la casa nueva,
el otro destino es la calle".
Al igual que Proaño, el 90% de familias que invadió la loma
proviene de la Tola Alta, un antiguo barrio que está en las
faldas del Itchimbía. El resto emigró de Loja y Manabí. El
albañil sigue ordenando los ladrillos adquiridos en la propia
fábrica que tiene la cooperativa en el Itchimbía.
Mariana Chiluiza, una madre de tres hijos, también vino de La
Tola. Chiluiza vivía con seis familias en una casona de la
calles Peralta y Canadá. Por un cuarto pagaba 60 mil sucres al
mes. Chiluiza dice que los inquilinos de La Tola trataban de
organizar una cooperativa. La oportunidad llegó el 24 de
noviembre de 1994, fecha de fundación de la organización. La
invasión ocurrió el 23 de septiembre de 1995.
El año comprendido entre la fundación de la cooperativa y la
invasión fue dominado por una idea: preparar una táctica
tendiente a buscar un terreno para levantar las viviendas en
cualquier sitio de Quito.
María Hernández, presidenta de la cooperativa, admite que en
ese año buscaron por "todos los costados de Quito un terreno
para edificar viviendas dignas; sin embargo, todo fue en vano:
un metro en Guamaní, al sur, querían vendernos en 60 mil
sucres y en el norte a 70 mil. Constatamos que buena parte de
las tierras baldías eran de engorde, es decir, los
propietarios las mantenían intactas hasta conseguir un precio
mejor". Hernández explica que el nivel salarial de los socios
es bajo, por lo que soñar en una vivienda se convirtió en una
pesadilla. María Hernández, de 30 años, quien cursa el tercer
año de periodismo en la U. Central, señala que en 1994 y 1995
realizaron múltiples gestiones en el Municipio de Quito y no
hubo respuesta. "Enviamos oficios, pedimos audiencias pero
nadie nos hizo caso". Hernández no acepta el calificativo de
invasores y cree que las circunstancias los llevaron al hecho
de fuerza. "La idea nació de los pobladores de La Tola porque
consideraron que el Itchimbía se había convertido hace muchos
años en un basurero y en un refugio de los delincuentes.
Además, el proyecto del parque era elitista y no tomaba en
cuenta a la comunidad. También conocimos que el IESS es
propietario de una parte de la loma quiteña".
Bertha Poma, una mujer bajita oriunda de Celica, corrobora las
palabras de Hernández: "A los delincuentes los corrimos a
palos e incluso hallamos dos cadáveres cuando movíamos las
tierras; también evitamos las violaciones a las chicas, hechos
que con frecuencia se producían aquí; desde el primer día del
asentamiento no dejamos pasar a los carros de basura". Poma es
una madre soltera que tiene tres hijos. Al igual que Poma, 100
madres son las jefas de hogar en el Itchimbía.
Poma sonríe al admitir que captó la luz del sistema que sirve
a El Dorado, La Tola y Vista Hermosa. "Lo mismo hace el resto,
con algo teníamos que alumbrarnos, ¿no?".
Luego de un intento de desalojo en los primeros días de la
invasión y de protestas pacíficas, la negociación con el
Municipio se bloqueó. Sin embargo, los pobladores siguieron
con su estrategia de sobrevivencia, un trabajo de hormiga que
es visible al cabo de los tres años de ocupación: una brigada
de seguridad, apoyada por un patrullero policial; una cisterna
que distribuye agua mediante mangueras, captación de luz
eléctrica ilegal, una fábrica de bloques y de tejas, un taller
de duchas y cocinas solares auspiciado por Acción Ecológica;
una línea de buses (Obrero-Independiente-Itchimbía) llega al
barrio, que también tiene un centro de salud atendido por dos
médicos. Para Gladys Mendoza, emigrante de Milagro, un logro
importante es la organización de rondas nocturnas. "Ahora los
delincuentes no se atreven a venir a este territorio que antes
fue suyo". Mendoza, quien obtiene un poco más de un millón de
sucres por la venta de antigüedades en una esquina de La
Mariscal, construyó una casa de ladrillo de 3 habitaciones.
No le preocupa que sea derrocada porque el Municipio quizá le
reconozca una indemnización de 15 millones de sucres.
La Coordinadora Popular de Quito apoyó la estrategia de la
cooperativa. Virgilio Hernández, su presidente, subraya que
"nunca los socios de la cooperativa fueron los invasores
comunes que buscan réditos económicos. Si en principio había
300 familias, a 60 se les negó la condición de socios porque
ya tenían propiedades. Desde la posesión de la tierra quisimos
resolver el conflicto. Hoy habrá una reubicación y eso está
bien. La gente debe pagar la construcción de su vivienda, no
queremos que ésta sea gratuita". Hernández, un profesor del
masterado de Ciencias Políticas de la U. Católica, manifiesta
que la Coordinadora ayudó a la cooperativa en la asesoría y
formación de los socios.
"Jamás hemos fomentado las invasiones en Quito. Optamos por la
vía de la legalización y la negociación. En estos días
ayudamos a 50 familias que están asentadas en Chillogallo. La
gente es pobre y a pesar de esa adversa condición creemos que
debe pagar y legalizar las tierras para su vivienda. Así damos
paso a la dignidad". B.R.V.
La microempresa de bloques
Juan Carlos Manzanilla es uno de los líderes de la cooperativa
que protagonizó una protesta singular: se enterró, junto con
cinco socios, para impedir el desalojo. Eso ya quedó en el
pasado, dice.
"Hoy debemos ver el porvenir". Manzanilla es uno de los
promotores de la vivienda ecológica.
Su misma casa es el punto de partida del proyecto: utilizó
madera reciclada y tejas Tevi, de terroblock. Manzanilla no
está de acuerdo con las "casas cuadradas de cemento" y
promueve la vivienda ecológica más estética y circular. No es
una quimera porque en el Itchimbía funciona una pequeña
fábrica de bloques de terrocemento. La fábrica, que emplea a 8
obreros, produce cada día 400 bloques de 29x10 cm.
El bloque cuesta 500 sucres. Para hacerlos, tienen dos
máquinas de acero, funcionan mediante una palanca de presión y
fueron facilitadas por la iglesia de Carcelén. La tecnología
es inglesa. Para realizar las tejas existen dos máquinas
eléctricas.
Cada día se elaboran 150 tejas de 50x25 centímetros. La unidad
vale mil sucres. Freddy Aules y Carlos Barahona, dos jóvenes
profesionales, están a cargo del proyecto, cuyos productos
serán comercializados.Una oficina en La Tola es su cuartel
general.
El vergel de Svistoonoff se extenderá
El conocido pintor Nicolás Svistoonoff se convirtió en el
mediador principal, cuando la crisis de la invasión llegó a un
callejón sin salida.
El artista ama a la naturaleza y es un experto en orquídeas.
No en vano en su casa localizada en una ladera del Itchimbía
mantiene cuatro invernaderos de begonias, anturios, bromelias
y orquídeas. En la vivienda a desnivel, el pintor cultiva un
jardín de mil metros cuadrados. Es un vergel que ofrece sombra
y frescura, mientras abajo el Quito colonial reverbera en
medio del cemento de las vías y de los escasos árboles.
Nicolás Svistoonoff vive en su jardín desde hace 11 años. Allí
pinta los paisajes abstractos y es feliz con sus juegos de
espacio.
Siempre promovió la idea de extender la vegetación de su casa
hacia el Itchimbía. Poco a poco sus vecinos siguieron el
ejemplo ecológico.
Dos de ellos, Vicente Velasco y José Villagómez, de la
Asociación Pro Defensa del Itchimbía, trabajaron junto a él.
Tres años duró el bloqueo entre el Municipio y los invasores.
Pero Svistoonoff y sus dos amigos no dieron el brazo a torcer
y siguieron con la idea.
La situación se volvió tensa porque los habitantes del
Itchimbía, Vista Hermosa y El Dorado miraban con recelo y
prejuicio a los nuevos pobladores. Nadie quería dialogar.
Incluso algunos habitantes de la loma quiteña querían recurrir
a la fuerza para desalojarlos del asentamiento.
La fórmula de Svistoonoff funcionó a partir de febrero pasado:
las partes cedieron y llegó la paz. Los invasores irían a otro
terreno con la condición de que se encuentre cerca del
Itchimbía.
Pablo Pérez, director de Avalúos y Catastros, explica que el
nuevo espacio es óptimo para una urbanización porque el
Cabildo construye un sistema de terrazas.
La gente de los asentamientos tiene una estrecha relación con
la comunidad salesiana de La Tola y con los grupos de Derechos
Humanos. Ahora, dice Svistoonoff, la conciencia ecológica es
cada vez más fuerte.
El artista cree que los nuevos vecinos ya no se sentirán
excluidos y van a recuperar su dignidad integrándose con sus
proyectos de autogestión a la sociedad. Ellos plantean formar
una pequeña empresa para brindar seguridad, cultivar almácigos
y también quieren formar un restaurante de comida típica.
"El resentimiento viene de la marginalidad. Ahora los
pobladores podrían vivir dignamente con sus proyectos". (Texto
tomado de El Comercio)
parte nororiental de la loma. Durante un año los pobladores
buscaron un terreno para vivienda.
El albañil que construye una pequeña vivienda de una sola
planta, se jacta del espléndido paisaje urbano que tiene a sus
pies: las casas blancas y añejas del centro de Quito; parte
del norte con sus edificios de vidrio, y el sur, una ciudad
extensa que se pierde en un horizonte gris.
El trabajador moreno y de mediana edad no quiere identificarse
y más bien dice que la casa de 9x9 metros es de su cuñado
Patricio Proaño, uno de los 1.500 habitantes que ocupan 3,5
hectáreas invadidas de las 52 destinadas a un parque ecológico
en la loma del Itchimbía.
La vista de este balcón natural es el bien más preciado. Pero
hay otro de más peso: el Itchimbía es el único pulmón verde
que le queda al viejo Quito. Por ello, en esta región la
tierra vale tanto como el poco aire limpio de la ciudad. La
casa de Proaño y otras del vecindario bordean la única vía
pavimentada del barrio, levantado al apuro por la cooperativa
"San Juan Bosco" en septiembre de 1995.
Desde entonces, las 225 familias han vivido con la zozobra de
un desalojo que nunca llegó. Las paredes que hace el albañil
anónimo son de terrocemento, un compuesto mixto (tierra y
cemento) sólido. Casi todas las casas son de madera y
plástico, materiales precarios para resistir los vientos que
azotan a la loma.
Los tres últimos años pasaron entre la indecisión del
Municipio quiteño y del Estado para buscar una salida y la
consolidación de un barrio de sentido ecológico, con múltiples
proyectos de autogestión comunitaria.
El pasado miércoles 4 de noviembre el Municipio del Distrito
Metropolitano dio una solución que fue aceptada por los
invasores del Itchimbía: la entrega de 2,5 hectáreas en el
lado nororiental del monte, próximo a la gasolinera de la vía
Oriental. Nada será gratuito: el Municipio fijará el precio de
los terrenos de 75 metros cuadrados y los habitantes están
dispuestos a pagarlos, a pesar de que perciben un salario
promedio de 600 mil sucres mensuales porque son informales,
empleadas domésticas, albañiles y guardias nocturnos. Por
ejemplo, José Pico Alcívar, quien llegó hace 3 años de
Portoviejo, es un guardián en Carapungo que gana 600 mil
sucres al mes. "Con la platita pago 2.500 sucres por un tanque
de agua que me sirve para la semana, al fin de mes cancelo 3
mil para el patrullero y el resto se va en comida". Pico
invirtió dos millones en parar una casa de madera cuya fachada
se mueve con el viento.
Al albañil no le importa la decisión municipal y más bien se
empeña en concluir la casa de Proaño. "Mi cuñado debe
desocupar el departamento que arrienda en La Tola Alta por el
que paga 440 mil sucres mensuales; aunque sea sin pisos,
Patricio, la esposa y los dos niños vendrán a la casa nueva,
el otro destino es la calle".
Al igual que Proaño, el 90% de familias que invadió la loma
proviene de la Tola Alta, un antiguo barrio que está en las
faldas del Itchimbía. El resto emigró de Loja y Manabí. El
albañil sigue ordenando los ladrillos adquiridos en la propia
fábrica que tiene la cooperativa en el Itchimbía.
Mariana Chiluiza, una madre de tres hijos, también vino de La
Tola. Chiluiza vivía con seis familias en una casona de la
calles Peralta y Canadá. Por un cuarto pagaba 60 mil sucres al
mes. Chiluiza dice que los inquilinos de La Tola trataban de
organizar una cooperativa. La oportunidad llegó el 24 de
noviembre de 1994, fecha de fundación de la organización. La
invasión ocurrió el 23 de septiembre de 1995.
El año comprendido entre la fundación de la cooperativa y la
invasión fue dominado por una idea: preparar una táctica
tendiente a buscar un terreno para levantar las viviendas en
cualquier sitio de Quito.
María Hernández, presidenta de la cooperativa, admite que en
ese año buscaron por "todos los costados de Quito un terreno
para edificar viviendas dignas; sin embargo, todo fue en vano:
un metro en Guamaní, al sur, querían vendernos en 60 mil
sucres y en el norte a 70 mil. Constatamos que buena parte de
las tierras baldías eran de engorde, es decir, los
propietarios las mantenían intactas hasta conseguir un precio
mejor". Hernández explica que el nivel salarial de los socios
es bajo, por lo que soñar en una vivienda se convirtió en una
pesadilla. María Hernández, de 30 años, quien cursa el tercer
año de periodismo en la U. Central, señala que en 1994 y 1995
realizaron múltiples gestiones en el Municipio de Quito y no
hubo respuesta. "Enviamos oficios, pedimos audiencias pero
nadie nos hizo caso". Hernández no acepta el calificativo de
invasores y cree que las circunstancias los llevaron al hecho
de fuerza. "La idea nació de los pobladores de La Tola porque
consideraron que el Itchimbía se había convertido hace muchos
años en un basurero y en un refugio de los delincuentes.
Además, el proyecto del parque era elitista y no tomaba en
cuenta a la comunidad. También conocimos que el IESS es
propietario de una parte de la loma quiteña".
Bertha Poma, una mujer bajita oriunda de Celica, corrobora las
palabras de Hernández: "A los delincuentes los corrimos a
palos e incluso hallamos dos cadáveres cuando movíamos las
tierras; también evitamos las violaciones a las chicas, hechos
que con frecuencia se producían aquí; desde el primer día del
asentamiento no dejamos pasar a los carros de basura". Poma es
una madre soltera que tiene tres hijos. Al igual que Poma, 100
madres son las jefas de hogar en el Itchimbía.
Poma sonríe al admitir que captó la luz del sistema que sirve
a El Dorado, La Tola y Vista Hermosa. "Lo mismo hace el resto,
con algo teníamos que alumbrarnos, ¿no?".
Luego de un intento de desalojo en los primeros días de la
invasión y de protestas pacíficas, la negociación con el
Municipio se bloqueó. Sin embargo, los pobladores siguieron
con su estrategia de sobrevivencia, un trabajo de hormiga que
es visible al cabo de los tres años de ocupación: una brigada
de seguridad, apoyada por un patrullero policial; una cisterna
que distribuye agua mediante mangueras, captación de luz
eléctrica ilegal, una fábrica de bloques y de tejas, un taller
de duchas y cocinas solares auspiciado por Acción Ecológica;
una línea de buses (Obrero-Independiente-Itchimbía) llega al
barrio, que también tiene un centro de salud atendido por dos
médicos. Para Gladys Mendoza, emigrante de Milagro, un logro
importante es la organización de rondas nocturnas. "Ahora los
delincuentes no se atreven a venir a este territorio que antes
fue suyo". Mendoza, quien obtiene un poco más de un millón de
sucres por la venta de antigüedades en una esquina de La
Mariscal, construyó una casa de ladrillo de 3 habitaciones.
No le preocupa que sea derrocada porque el Municipio quizá le
reconozca una indemnización de 15 millones de sucres.
La Coordinadora Popular de Quito apoyó la estrategia de la
cooperativa. Virgilio Hernández, su presidente, subraya que
"nunca los socios de la cooperativa fueron los invasores
comunes que buscan réditos económicos. Si en principio había
300 familias, a 60 se les negó la condición de socios porque
ya tenían propiedades. Desde la posesión de la tierra quisimos
resolver el conflicto. Hoy habrá una reubicación y eso está
bien. La gente debe pagar la construcción de su vivienda, no
queremos que ésta sea gratuita". Hernández, un profesor del
masterado de Ciencias Políticas de la U. Católica, manifiesta
que la Coordinadora ayudó a la cooperativa en la asesoría y
formación de los socios.
"Jamás hemos fomentado las invasiones en Quito. Optamos por la
vía de la legalización y la negociación. En estos días
ayudamos a 50 familias que están asentadas en Chillogallo. La
gente es pobre y a pesar de esa adversa condición creemos que
debe pagar y legalizar las tierras para su vivienda. Así damos
paso a la dignidad". B.R.V.
La microempresa de bloques
Juan Carlos Manzanilla es uno de los líderes de la cooperativa
que protagonizó una protesta singular: se enterró, junto con
cinco socios, para impedir el desalojo. Eso ya quedó en el
pasado, dice.
"Hoy debemos ver el porvenir". Manzanilla es uno de los
promotores de la vivienda ecológica.
Su misma casa es el punto de partida del proyecto: utilizó
madera reciclada y tejas Tevi, de terroblock. Manzanilla no
está de acuerdo con las "casas cuadradas de cemento" y
promueve la vivienda ecológica más estética y circular. No es
una quimera porque en el Itchimbía funciona una pequeña
fábrica de bloques de terrocemento. La fábrica, que emplea a 8
obreros, produce cada día 400 bloques de 29x10 cm.
El bloque cuesta 500 sucres. Para hacerlos, tienen dos
máquinas de acero, funcionan mediante una palanca de presión y
fueron facilitadas por la iglesia de Carcelén. La tecnología
es inglesa. Para realizar las tejas existen dos máquinas
eléctricas.
Cada día se elaboran 150 tejas de 50x25 centímetros. La unidad
vale mil sucres. Freddy Aules y Carlos Barahona, dos jóvenes
profesionales, están a cargo del proyecto, cuyos productos
serán comercializados.Una oficina en La Tola es su cuartel
general.
El vergel de Svistoonoff se extenderá
El conocido pintor Nicolás Svistoonoff se convirtió en el
mediador principal, cuando la crisis de la invasión llegó a un
callejón sin salida.
El artista ama a la naturaleza y es un experto en orquídeas.
No en vano en su casa localizada en una ladera del Itchimbía
mantiene cuatro invernaderos de begonias, anturios, bromelias
y orquídeas. En la vivienda a desnivel, el pintor cultiva un
jardín de mil metros cuadrados. Es un vergel que ofrece sombra
y frescura, mientras abajo el Quito colonial reverbera en
medio del cemento de las vías y de los escasos árboles.
Nicolás Svistoonoff vive en su jardín desde hace 11 años. Allí
pinta los paisajes abstractos y es feliz con sus juegos de
espacio.
Siempre promovió la idea de extender la vegetación de su casa
hacia el Itchimbía. Poco a poco sus vecinos siguieron el
ejemplo ecológico.
Dos de ellos, Vicente Velasco y José Villagómez, de la
Asociación Pro Defensa del Itchimbía, trabajaron junto a él.
Tres años duró el bloqueo entre el Municipio y los invasores.
Pero Svistoonoff y sus dos amigos no dieron el brazo a torcer
y siguieron con la idea.
La situación se volvió tensa porque los habitantes del
Itchimbía, Vista Hermosa y El Dorado miraban con recelo y
prejuicio a los nuevos pobladores. Nadie quería dialogar.
Incluso algunos habitantes de la loma quiteña querían recurrir
a la fuerza para desalojarlos del asentamiento.
La fórmula de Svistoonoff funcionó a partir de febrero pasado:
las partes cedieron y llegó la paz. Los invasores irían a otro
terreno con la condición de que se encuentre cerca del
Itchimbía.
Pablo Pérez, director de Avalúos y Catastros, explica que el
nuevo espacio es óptimo para una urbanización porque el
Cabildo construye un sistema de terrazas.
La gente de los asentamientos tiene una estrecha relación con
la comunidad salesiana de La Tola y con los grupos de Derechos
Humanos. Ahora, dice Svistoonoff, la conciencia ecológica es
cada vez más fuerte.
El artista cree que los nuevos vecinos ya no se sentirán
excluidos y van a recuperar su dignidad integrándose con sus
proyectos de autogestión a la sociedad. Ellos plantean formar
una pequeña empresa para brindar seguridad, cultivar almácigos
y también quieren formar un restaurante de comida típica.
"El resentimiento viene de la marginalidad. Ahora los
pobladores podrían vivir dignamente con sus proyectos". (Texto
tomado de El Comercio)
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