Quito. 17.07.93. Los propios países industrializados no permiten
la instalación de estas peligrosas industrias porque no cumplen
normas de preservación ambiental. Ahora se pretende transferir a
otros países el problema.
El reciclaje de residuos sólidos, producidos por los países
industrializados, es un grave problema para sus productores por
las consecuencias irreversibles que pueden causar en el
medio ambiente.
Conscientes de esta situación, han decidido que su basura tóxica
"vaya a mejores manos" y han escogido los países subdesarrollados
para que se encarguen del "trabajo sucio".
Para que esto se cumpla han diseñado una política agresiva de
exportación violando tratados sobre protección del planeta
amparados en lo ambiguos que resultan cuando norman la
prohibición, desplazamiento y tratamiento de los desechos
peligrosos.
Fundación Natura está empeñada en alertar a los ecuatorianos
sobre las consecuencias nefastas de permitir instalar en nuestro
país una planta de reciclaje de residuos sólidos. Para ello ha
iniciado una campaña informativa en los concejos municipales.
¿Pero por qué elegir otros destinos de reciclaje? Un inventario
que realizó Greenpeace en 1990, sobre El Comercio Internacional
de Desechos afirma que "las razones del movimiento de desechos
son esencialmente económicas. Por ejemplo, las exportaciones de
las potencias económicas del norte se deben al precio económico
de la mano de obra, los menores costos de capital y de los
seguros, entre otras causas.
"Estos costos menores revelan leyes menos estrictas de mano de
obra o de protección ambiental. En otras palabras, los desechos
son a menudo reciclados en aquellos países pobres donde se
permite a la industria el mal manejo ambiental. Por lo tanto,
estas industrias sucias permiten la explotación de sus
trabajadores y del medio ambiente a cambio de una gran necesidad
de divisas".
"La comercialización de los desechos tóxicos se ha convertido en
un negocio muy rentable para los grupos económicos encargados de
su importación y/o exportación, pero éstos no se han detenido a
considerar los impactos ambientales y en la salud que causan en
los países receptores".
"Desde 1986, los comerciantes de desechos han tratado de enviar
más de 163.000.000 toneladas de desechos alrededor del mundo. De
este total, aproximadamente 10.000.000 de toneladas de desechos
tóxicos han sido efectivamente exportadas a países en vías de
desarrollo que no disponen de instalaciones ambientalmente sanas"
(Greenpeace, 1990).
RIESGOS SANITARIOS
El grave daño que se ocasiona en la salud de las poblaciones está
claramente reflejado en un Informe de la Comisión de Desarrollo y
Medio Ambiente de América Latina y El Caribe del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD),. Ese documnto expresa que "la
exposición a los desechos peligrosos crea riesgos sanitarios
indudables. Siete productos químicos que suelen hallarse en los
vertederos de desechos pueden causar cáncer, otros siete causan
defectos en los recién nacidos y cinco provocan daños genéticos".
Agrega, además, que "la combinación de residuos químicos,
desechos tóxicos, emanaciones gaseosas de automóviles y otras
secuelas de una contaminación urbana incontrolada, constituye una
grave amenaza a la salud general, pero especialmente a la de los
niños y los ancianos".
Pero para lograr sus objetivos las empresas contaminantes han
tomado las propias resoluciones de la Cumbre de la Tierra,
realizada en Río de Janeiro, en junio de 1992, y se han amparado
en interpretaciones antojadizas del capítulo 19 de la Agenda 21
que trata sobre el Manejo Ambientalmente Seguro de los Desechos
Peligrosos, señala una investigación de Fundación Natura.
Dicho capítulo, entre otras cosas, trata acerca del manejo y
disposición segura de los desechos radiactivos, reducción de
productos tóxicos e inclusive su prohibición y exportación.
Además, insta a los gobiernos para que, además de evaluar y
controlar los riesgos, busquen la promoción de productos
alternativos más confiables.
Pero parece que los papeles y firmas lo resisten todo y en la
práctica las decisiones allí consignadas no se cumplen y la rueda
contaminante sigue su marcha porque los países industrializados
no conciben que el manejo de desechos tóxicos deba realizarse en
sus territorios.
Por ello pasan también por alto el Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación, vigente desde 1989, pero que aún no
ha sido firmado y ratificado por Estados Unidos, Japón, ni de los
países de la Comunidad Europea (excepto Francia).
Es claro entonces lo expresado en la Agenda 21: se utilizarán
técnicas limpias para evitar la producción de desechos tóxicos.
Mas no se dice que se emplearán técnicas para reciclar residuos
tóxicos producidos en otros países, como pretenden los
interesados en la instalación de dichas empresas, ya que es por
demás conocido que nada puede ser reciclado en un 100%.
IMPOSIBLE RECICLAR
De otra parte, señala la investigación, es inaudito pensar que
los países en desarrollo puedan hacerse cargo del reciclaje de
los desechos que se producen en otras latitudes, sobre todo si
observamos que en América Latina "las ciudades en que las
industrias están concentradas suelen estar muy contaminadas y
carecen de infraestructura social y sanitaria y de normas
adecuadas para hacer frente al problema de los desperdicios
industriales peligrosos" (Informe BID-PNUD, 1992).
Un caso evidente es el de los Estados Unidos que en una reciente
Conferencia Internacional dio a conocer que tiene una lista de
35.000 lugares contaminados dentro de su territorio que deben ser
limpiados, para lo cual necesitaría un trillón de dólares y
treinta años de trabajos para lograrlo. Sin embargo, reconoció
que no poseen ni el dinero necesario ni la tecnología adecuada
para hacerlo.
¿Cómo podemos siquiera suponer que los países en desarrollo
tengan mayor capacidad tecnológica que los países desarrollados
para enfrentar los problemas de manejo de los desechos que ellos
producen y que no han podido aún resolver? Muchas veces, los
países desarrollados no han permitido la instalación de estas
industrias por no cumplir con ciertas normas de preservación
ambiental, ante lo cual se ha transferido el problema a los
países en desarrollo cuyas leyes no contemplan estas situaciones
de riesgo, denuncia aquel organismo protector del medio ambiente.
EL CASO ECUATORIANO
Internacionalmente, el Ecuador es considerado como un país con un
elevado grado de preocupación por los problemas ambientales.
Fundación Natura cree, sin embargo, que la sociedad ecuatoriana
en su conjunto ha realizado una lucha constante por defender el
medio ambiente y ha alcanzado logros importantes, sobre todo en
cuanto a concientización.
No obstante, el Ecuador, en varias ocasiones, ha recibido
propuestas para la instalación de plantas de recuperación
energética a base de residuos urbanos y de plantas industriales
de reciclaje de residuos sólidos y líquidos en su territorio.
En los últimos cuatro meses, varias empresas han realizado
gestiones tendientes a la instalación de las mencionadas
industrias, en distintas ciudades del país (Manta y Guayaquil),
según informa Natura.
Esta situación no es nueva, por lo que en el anterior gobierno
constitucional ya se publicó en el Registro Oficial N§ 970, del 2
de julio de 1992, el Decreto N§ 3467, prohibiendo "la importación
o introducción al país de desechos gaseosos, líquidos o sólidos
peligrosos o contaminantes de cualquier tipo y procedencia,
considerados o no como tóxicos, en especial desechos radiactivos,
inclusive de procedencia hospitalaria". Y, sin embargo, los
intentos persisten.
Roberto Troya, Director Ejecutivo de Fundación Natura, advierte
que "la importación de desechos abre las puertas para la
introducción de desechos tóxicos y para otras operaciones nocivas
para el país, pues es bien conocido que existe una íntima
vinculación entre el comercio internacional de desechos tóxicos y
otras operaciones cuestionables por sus fines y procedimientos,
incluyendo operaciones ilegales".
Ante esto, en un comunicado dirigido a HOY, se señala que
"Fundación Natura y las organizaciones preocupadas por la
protección del medio ambiente se mantienen alertas ante este
nuevo atentado contra el medio ambiente y la salud de los
ecuatorianos y no permitirán que bajo el pretexto de los
beneficios económicos, ingrese libremente al país, como si se
tratara de cualquier otra mercancía, basura tóxica de otros
países que atente contra el bienestar de toda la población
ecuatoriana".
Si consideramos que en el mundo se producen de 200 a 400 millones
toneladas anuales de desechos tóxicos, de los cuales Estados
Unidos genera el 85%, la Comunidad Europea el 7% y "el conjunto
de los países en vías de desarrollo apenas alcanza un pequeño
porcentaje", tenemos la certeza que se nos quiere convertir en
"basureros de los países industrializados".
Para evitarlo los propios países productores deben construir una
cooperación internacional seria, encaminada a la prohibición
total del envío de toda clase de desechos, cerrando
definitivamente sus puertas a este "productivo negocio".
Y, claro, los países que estamos en la mira no debemos permitir
ser el blanco para que arribe y nos embarre una basura que no la
creamos.
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