Quito. 22.11.94. La Ley de Descentralización que fue aprobada
gracias al dominio socialcristiano en el Plenario de las
Comisiones Legislativas ha suscitado un intenso debate, en
especial por la posición de quienes sostienen que el texto
concentrará los ingresos en las dos provincias más grandes del
país: Guayas y Pichincha.
Esta posición fue sostenida especialmente por los diputados de la
Izquierda Democrática, quienes opinaron que el texto acentuará
una tendencia concentradora en desmedro de las provincias más
chicas o menos pobladas.
La Ley aprobada y que espera el ejecútese o el veto del Ejecutivo
establece que el total que se recaude por concepto de tributos
debe ser destinado a las provincias en función de su población y
de sus necesidades. En otras palabras, lo que persigue el texto
es que los tributos se queden en cada una de las regiones donde
se los ha generado y aquello que sobre pueda ser distribuido
entre las provincias deficitarias a través de un Fondo Nacional
de Compensación Provincial.
Los socialcristianos y los demócrata populares han sido los
defensores del proyecto. Esto, según algunos observadores,
obedecería a que los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca -las
regiones más directamente beneficiadas- pertenecen a esos dos
partidos. Tanto la administración demócrata popular de los
municipio de Quito y de Cuenca, como la socialcristiana de
Guayaquil se verían beneficiadas por esta ley que permite que
todos los tributos generados en esas ciudades se queden ahí.
Para el azuayo Italo Ordóñez, de la Izquierda Democrática, lo que
se consigue con la Ley es establecer "dos o tres ejes de
centralismo" en base a una injusta distribución. Según el
diputado que fue prefecto del Azuay, la Ley socialcristiana no
tiene ningún principio de justicia tributaria, puesto que todos
los fondos se quedan donde se generan los impuestos. Víctimas de
esa injusticia son las provincias de la Amazonía, Galápagos,
Carchi, Cañar y Bolívar entre otras pequeñas.
"En vez de un polo de centralismo habrá dos', dijo Ordóñez,
quien se quejó de que el PSC no escuchó las opiniones de quienes
tenían criterios adversos a los de la mayoría. "Esto nos lleva a
la conclusión de que se está legislando para particulares y la
Ley es general", dijo Ordóñez.
En la misma línea de pensamiento se halla Andrés Vallejo, también
de la ID, quien en declaraciones a Ecuavisa sostuvo que la Ley es
la concreción del centralismo en favor de las dos ciudades más
grandes del país.
En cambio socialcristianos y demócrata populares insisten en su
defensa a la Ley. El presidente del Congreso, el socialcristiano
Heinz Moeller, y el demócrata popular José Cordero, sostienen que
la Ley es beneficiosa.
Según Moeller, la transferencia de los recursos al régimen
administrativo seccional operará mediante la redistribución y no
al criterio político del gobernante de turno ni de las presiones
o chantajes de las regiones. Cordero piensa que la Ley es buena
pero que debe ser complementada con otras.
Esta redistribución, dijo, se la hará bajo los parámetros de
justicia, de equidad, como son la población, las necesidades no
satisfechas, la gestión, la capacidad de absorción de los
recursos y de los presupuestos ejecutados durante los últimos
cinco años.
Moeller negó que las provincias más pequeñas sean víctimas de una
mala distribución puesto que para eso se ha concebido el Fondo
Nacional de Compensación Provincial que se abastecerá de los
fondos que queden luego de haber satisfechos las necesidades de
las provincias grandes.
NEBOT ENGAÑA AL PAIS
Nebot engaña al país cuando en nombre de la descentralización
logra un mayor centralismo. Así lo dijo el diputado Franco
Romero, presidente de la Comisión de Descentralización del
Congreso Nacional y diputado por la provincia de El Oro, por la
ID.
Según Romero, en el artículo 3 del proyecto aprobado se prohíbe a
los gobiernos seccionales elaborar sus planes y programas en
forma autónoma y los centraliza en el Gobierno Nacional.
En el artículo 4 se centraliza en el Gobierno central la facultad
de definir las políticas y objetivos que deben mantener los entes
seccionales y su ejecución, es decir, que las competencias,
atribuciones y ejecución de programas y proyectos de los
gobiernos seccionales requieren ser aprobadas por el gobierno
Central. "Este es el centralismo absorbente que defiende Nebot,
engañando al país en nombre de la descentralización", dijo el
diputado orense.
En el quinto artículo de la Ley, dice con claridad -según Romero-
que no es un la Ley que descentraliza sino que simplemente
establece la delegación de funciones. "Convencidos de que serán
Gobierno, Nebot y sus socios no quieren descentralizar sino
delegar funciones", insistió el presidente de la Comisión de
Descentralización.
Al referirse al artículo sexto, sostiene que ahí se consagra el
centralismo en Quito y Guayaquil. "Se le entrega al ministro de
Finanzas para que distribuya los recursos a los consejos
provinciales y municipios. Esto es centralismo, proliferación del
clientelismo político y exclusión de la mayoría de provincias.
Los llamados parámetros que el ministro tendrá son subjetivos y
coyunturales y beneficiarán a Quito y Guayaquil", dijo, para
agregar que "para rematar el centralismo económico, el proyecto
entrega al CONADE la atribución de aprobar los presupuestos de
los consejos provinciales y municipios".
Para Romero, la descentralización se la debe plantear en el
proyecto de reformas constitucionales y luego reformar varias
leyes que eliminen el centralismo y encaucen la auténtica
descentralización que es la aspiración de todo el país.
PREGUNTAS SUELTAS
Las dudas han surgido sobre la efectividad de la ley de
descentralización recientemente aprobada por el Congreso:
- Si bien es cierto que los organismos seccionales tendrán más
autonomía para decidir sobre su obra pública, ¿tienen
-especialmente los municipios chicos- la capacidad técnica para
formular proyectos?
- Si las rentas se distribuirán en función de lo que cada
jurisdicción recaude en tributos, ¿no significará eso una mayor
injusticia distributiva para los municipios pobres en donde no
hay industrias ni grandes unidades productivas?
- ¿Será justo que la mayor parte de los ingresos petroleros vaya
para las provincias de donde sale el hidrocarburo?
- ¿No significará la descentralización la proliferación de la
burocracia a niveles provinciales?
- Si las rentas se van a distribuir en función de la recaudación
tributaria de cada provincia, ¿no producirá esto una mayor
concentración económica en Guayas y Pichincha?
- Por lo demás, muchos opinan que a lo sumo la descentralización,
tal como ha sido planteada, acaso sirva para redistribuir
rentas,pero no para incrementarlas. Si se supone que algunas
provincias son beneficiadas ahora en el reparto, habrá que quitar
a esas provincias los excedentes para traspasar esos recursos a
otras provincias. ¿Cuáles son las beneficiadas? ¿Cuáles las
perjudicadas?
- En el caos de las distribución actual de recursos, a través del
presupuesto del Estado y de innumerables cuentas, inclusive las
partidas extrapresupuestarias, ¿se ha hecho una recopilación de
cifras para saber cuánto produce cada provincia, cuánto tributa y
cuánto dinero recibe el Estado?. (6A)
gracias al dominio socialcristiano en el Plenario de las
Comisiones Legislativas ha suscitado un intenso debate, en
especial por la posición de quienes sostienen que el texto
concentrará los ingresos en las dos provincias más grandes del
país: Guayas y Pichincha.
Esta posición fue sostenida especialmente por los diputados de la
Izquierda Democrática, quienes opinaron que el texto acentuará
una tendencia concentradora en desmedro de las provincias más
chicas o menos pobladas.
La Ley aprobada y que espera el ejecútese o el veto del Ejecutivo
establece que el total que se recaude por concepto de tributos
debe ser destinado a las provincias en función de su población y
de sus necesidades. En otras palabras, lo que persigue el texto
es que los tributos se queden en cada una de las regiones donde
se los ha generado y aquello que sobre pueda ser distribuido
entre las provincias deficitarias a través de un Fondo Nacional
de Compensación Provincial.
Los socialcristianos y los demócrata populares han sido los
defensores del proyecto. Esto, según algunos observadores,
obedecería a que los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca -las
regiones más directamente beneficiadas- pertenecen a esos dos
partidos. Tanto la administración demócrata popular de los
municipio de Quito y de Cuenca, como la socialcristiana de
Guayaquil se verían beneficiadas por esta ley que permite que
todos los tributos generados en esas ciudades se queden ahí.
Para el azuayo Italo Ordóñez, de la Izquierda Democrática, lo que
se consigue con la Ley es establecer "dos o tres ejes de
centralismo" en base a una injusta distribución. Según el
diputado que fue prefecto del Azuay, la Ley socialcristiana no
tiene ningún principio de justicia tributaria, puesto que todos
los fondos se quedan donde se generan los impuestos. Víctimas de
esa injusticia son las provincias de la Amazonía, Galápagos,
Carchi, Cañar y Bolívar entre otras pequeñas.
"En vez de un polo de centralismo habrá dos', dijo Ordóñez,
quien se quejó de que el PSC no escuchó las opiniones de quienes
tenían criterios adversos a los de la mayoría. "Esto nos lleva a
la conclusión de que se está legislando para particulares y la
Ley es general", dijo Ordóñez.
En la misma línea de pensamiento se halla Andrés Vallejo, también
de la ID, quien en declaraciones a Ecuavisa sostuvo que la Ley es
la concreción del centralismo en favor de las dos ciudades más
grandes del país.
En cambio socialcristianos y demócrata populares insisten en su
defensa a la Ley. El presidente del Congreso, el socialcristiano
Heinz Moeller, y el demócrata popular José Cordero, sostienen que
la Ley es beneficiosa.
Según Moeller, la transferencia de los recursos al régimen
administrativo seccional operará mediante la redistribución y no
al criterio político del gobernante de turno ni de las presiones
o chantajes de las regiones. Cordero piensa que la Ley es buena
pero que debe ser complementada con otras.
Esta redistribución, dijo, se la hará bajo los parámetros de
justicia, de equidad, como son la población, las necesidades no
satisfechas, la gestión, la capacidad de absorción de los
recursos y de los presupuestos ejecutados durante los últimos
cinco años.
Moeller negó que las provincias más pequeñas sean víctimas de una
mala distribución puesto que para eso se ha concebido el Fondo
Nacional de Compensación Provincial que se abastecerá de los
fondos que queden luego de haber satisfechos las necesidades de
las provincias grandes.
NEBOT ENGAÑA AL PAIS
Nebot engaña al país cuando en nombre de la descentralización
logra un mayor centralismo. Así lo dijo el diputado Franco
Romero, presidente de la Comisión de Descentralización del
Congreso Nacional y diputado por la provincia de El Oro, por la
ID.
Según Romero, en el artículo 3 del proyecto aprobado se prohíbe a
los gobiernos seccionales elaborar sus planes y programas en
forma autónoma y los centraliza en el Gobierno Nacional.
En el artículo 4 se centraliza en el Gobierno central la facultad
de definir las políticas y objetivos que deben mantener los entes
seccionales y su ejecución, es decir, que las competencias,
atribuciones y ejecución de programas y proyectos de los
gobiernos seccionales requieren ser aprobadas por el gobierno
Central. "Este es el centralismo absorbente que defiende Nebot,
engañando al país en nombre de la descentralización", dijo el
diputado orense.
En el quinto artículo de la Ley, dice con claridad -según Romero-
que no es un la Ley que descentraliza sino que simplemente
establece la delegación de funciones. "Convencidos de que serán
Gobierno, Nebot y sus socios no quieren descentralizar sino
delegar funciones", insistió el presidente de la Comisión de
Descentralización.
Al referirse al artículo sexto, sostiene que ahí se consagra el
centralismo en Quito y Guayaquil. "Se le entrega al ministro de
Finanzas para que distribuya los recursos a los consejos
provinciales y municipios. Esto es centralismo, proliferación del
clientelismo político y exclusión de la mayoría de provincias.
Los llamados parámetros que el ministro tendrá son subjetivos y
coyunturales y beneficiarán a Quito y Guayaquil", dijo, para
agregar que "para rematar el centralismo económico, el proyecto
entrega al CONADE la atribución de aprobar los presupuestos de
los consejos provinciales y municipios".
Para Romero, la descentralización se la debe plantear en el
proyecto de reformas constitucionales y luego reformar varias
leyes que eliminen el centralismo y encaucen la auténtica
descentralización que es la aspiración de todo el país.
PREGUNTAS SUELTAS
Las dudas han surgido sobre la efectividad de la ley de
descentralización recientemente aprobada por el Congreso:
- Si bien es cierto que los organismos seccionales tendrán más
autonomía para decidir sobre su obra pública, ¿tienen
-especialmente los municipios chicos- la capacidad técnica para
formular proyectos?
- Si las rentas se distribuirán en función de lo que cada
jurisdicción recaude en tributos, ¿no significará eso una mayor
injusticia distributiva para los municipios pobres en donde no
hay industrias ni grandes unidades productivas?
- ¿Será justo que la mayor parte de los ingresos petroleros vaya
para las provincias de donde sale el hidrocarburo?
- ¿No significará la descentralización la proliferación de la
burocracia a niveles provinciales?
- Si las rentas se van a distribuir en función de la recaudación
tributaria de cada provincia, ¿no producirá esto una mayor
concentración económica en Guayas y Pichincha?
- Por lo demás, muchos opinan que a lo sumo la descentralización,
tal como ha sido planteada, acaso sirva para redistribuir
rentas,pero no para incrementarlas. Si se supone que algunas
provincias son beneficiadas ahora en el reparto, habrá que quitar
a esas provincias los excedentes para traspasar esos recursos a
otras provincias. ¿Cuáles son las beneficiadas? ¿Cuáles las
perjudicadas?
- En el caos de las distribución actual de recursos, a través del
presupuesto del Estado y de innumerables cuentas, inclusive las
partidas extrapresupuestarias, ¿se ha hecho una recopilación de
cifras para saber cuánto produce cada provincia, cuánto tributa y
cuánto dinero recibe el Estado?. (6A)
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