Quito. 05.10.93. El predominio de la población urbana (58%), el
incremento del número de ciudades (l96 municipios) y la
generalización de la urbanización en el territorio nacional,
lleva a concluir que el Ecuador se ha convertido en un país de
ciudades. Sin duda que esta realidad trae nuevos problemas, entre
los cuales, y de reciente data, el incremento significativo de la
violencia delictiva urbana.
La crisis económica y las políticas de ajuste implantadas, no
sólo han generalizado la inseguridad social y económica, sino que
han contribuido a reducir los mecanismos de representación (las
autoprórrogas), restringir los espacios de solución de los
conflictos (los miércoles de la Plaza Grande), a mercantilizar
las relaciones sociales (las privatizaciones), a restringir las
manifestaciones culturales (la casa de Navarro), propios de la
condición de ciudadanía. De allí que la restricción del origen y
fuente de la ciudadanía lleve al incremento de la violencia
urbana y, por esta vía también, al crecimiento de la inseguridad
ciudadana y a la reducción de la calidad de vida de la población.
Conforme el fenómeno delictivo aumenta, es la población -como
víctima colectiva- que la reconoce como uno de sus problemas
centrales. Una encuesta aplicada por Informe Confidencial en
Quito, permite comprobar que el primer problema percibido por la
población es la inseguridad (20.7%), el segundo el agua potable
(20.6%) y el tercero el costo de vida (l6.9%). Estos datos
revelan las demandas prioritarias de la sociedad y el
desmoronamiento paulatino de los mitos e ilusiones de franciscana
ciudad, de ciudad para vivir o de isla de paz.
Delincuencia diferente según día, según clase, según lugar
La violencia urbana tiene un rostro con una geografía delictiva
que en el centro es distinta a la periferia; una cronología
diferenciada por meses, días y horas; una sociedad que le afecta
por grupos sociales según clase, género y edad; una utilización
de medios diversos de armas de fuego y blancas; una forma
cultural lúdica en la que el alcohol y las drogas juegan un papel
central; unas motivaciones de la más variada índole.
El enfrentamiento al hecho delictivo arroja resultados
preocupantes. Desde la sociedad civil se observa una erosión de
la ciudadanía, por cuanto los habitantes, primeras víctimas del
fenómeno, empiezan a asumir mecanismos de autodefensa que llevan
a modificar su conducta cotidiana: cambios en los horarios
habituales; transformación de los senderos y espacios
transitados; restricción de las relaciones sociales, porque todo
desconocido es un sospechoso; reducción de la vulnerabilidad
personal adquiriendo armas, perros, alarmas -que ya son parte del
paisaje urbano- o aprendiendo defensa personal.
Sin embargo, cada una de estas acciones de autodefensa de la
población es a su vez, causa y efecto de un nuevo comportamiento
social: angustia, desamparo, aislamiento, desconfianza,
agresividad, individualismo. Y, por si fuera poco, la ciudad en
construcción va perdiendo espacios públicos y cívicos, y
generalizando la urbanización privada- amurallada que segrega aún
más lo social, espacial y temporal; con lo cual, a la par que la
población pierde la condición de ciudadanía, la ciudad relega su
posibilidad de polis, foro, y tianguez.
Dos salidas equivocadas a la delincuencia: represión y
privatización
Por otro lado, para hacer frente a la violencia delictiva urbana,
las autoridades han planteado dos salidas: la represión y la
privatización. La primera, ha servido para justificar el
fortalecimiento de los llamados gendarmes del orden, para lo cual
no se escatima el menor esfuerzo en ciertos medios de
comunicación, sea filmando en vivo y en directo, profundizando
las llamadas páginas rojas o difundiendo programas violentos. La
segunda, ha permitido que ciertos sectores, entre los cuales se
encuentran policías jubilados, desarrollen empresas de seguridad
privada con base a un personal con poca formación.
La ciudad es el lugar privilegiado de concentración de la
diversidad en toda su expresión: social, cultural, económica,
política y, por tanto, donde tienden a potenciarse muchos
problemas. De allí que la conflictividad urbana sea una síntesis
multicasual que provoca varios efectos, algunos de los cuales
asumen formas violentas ante la ausencia de canales de desfogue.
La violencia es producto de una relación social conflictiva que
surge de intereses y poderes que no encuentran soluciones
distintas a la fuerza.
Es un nivel del conflicto que no puede procesarse dentro de la
institucionalidad vigente porque, por ejemplo, el sistema
político está construido sobre la base de una representación
social que tiene muchos vicios, en el que la legitimidad de los
gobernantes se erosiona rápidamente, en la que el clientelismo
-como expresión de la privatización de la política- tiene sus
límites, en el que las relaciones de poder se fundan en la
exclusión del oponente antes que en la inclusión, el consenso, la
concertación, el acuerdo.
El migrante no es violento
De igual manera, no es que el migrante sea violento en cuanto
tal, sino que la sociedad urbana en su conjunto aún no ha
procesado los conflictos del crecimiento que se expresan a través
de fenómenos como los que se vivió entre Pisulí-Jaime Roldós, o
de la anarquía y crisis urbana por la falta de cobertura de los
servicios, equipamientos, transporte, o la presencia de nuevos
sectores emergentes, nuevas formas de relación entre el campo y
la ciudad, el fenómeno de la información, o de la marginalidad
en tanto exclusión de decisiones e inclusión diferenciada a la
justicia (Ley para los de poncho).
La impunidad abierta o diferenciada (como la inmunidad en el caso
de la chatarra Bucarán o del fuero corte para Ponce o Molina) son
la forma más clara de la caducidad de los mecanismos de
procesamiento de conflictos que conduce al descrédito de la
policía, de la justicia, y de toda la institucionalidad.
Pero la cosa no queda allí, ya que se va legitimando la justicia
por sus propias manos, sea bajo formas encubiertas a través de
los llamados "Escuadrones de limpieza antidelictiva" que se ha
atribuido varios asesinatos de delincuentes, o de modalidades
abiertas tales como los linchamientos periódicos que se observan
en muchas de nuestras ciudades.
Algunas propuestas
Sin lugar a dudas es un problema nacional de interés colectivo y
público, que compromete al conjunto de la sociedad y sus
instituciones (no sólo a la policía). Sin embargo, siendo la
ciudadanía la fuente y fin de la violencia urbana se requiere su
participación en la solución del problema (por ejemplo, en vez de
privatizar la policía, dotarla de ciudadanía). Pero también una
nueva institucionalidad que la asuma, en la que bien podrían
participar la municipalidad por ser el órgano estatal más cercano
a la sociedad civil y a la vida cotidiana. En esta perspectiva,
puede ser interesante que las municipalidades creen comisiones
especiales de seguridad ciudadana en las que participen
concejales, policía, intendencia, justicia, comisiones de
derechos humanos, etc.
Pero no será suficiente si no se hace control de la apología de
la violencia que realizan algunos medios de comunicación y en
especial la televisión, si no se modifican los factores de la
cultura lúdica basada en el alcohol, el control de las armas de
fuego, el desarme de la población y su monopolio por el ejército
y la policía.
En el campo penal se debe avanzar más en la búsqueda de una
racionalidad jurídica fundada en el derecho ciudadano, en la
desburocratización y agilidad de la justicia más que en el
incremento de las penas que hoy se discute. Hay que diseñar
mecanismos que tiendan a resolver conflictos y espacios donde la
ciudadanía pueda conciliar y hacer justicia. En suma, se requiere
de una institucionalidad que procese los conflictos, sobre la
base de una pedagogía de la convivencia ciudadana inscrita en una
estrategia de orden público democrático. (10B)
incremento del número de ciudades (l96 municipios) y la
generalización de la urbanización en el territorio nacional,
lleva a concluir que el Ecuador se ha convertido en un país de
ciudades. Sin duda que esta realidad trae nuevos problemas, entre
los cuales, y de reciente data, el incremento significativo de la
violencia delictiva urbana.
La crisis económica y las políticas de ajuste implantadas, no
sólo han generalizado la inseguridad social y económica, sino que
han contribuido a reducir los mecanismos de representación (las
autoprórrogas), restringir los espacios de solución de los
conflictos (los miércoles de la Plaza Grande), a mercantilizar
las relaciones sociales (las privatizaciones), a restringir las
manifestaciones culturales (la casa de Navarro), propios de la
condición de ciudadanía. De allí que la restricción del origen y
fuente de la ciudadanía lleve al incremento de la violencia
urbana y, por esta vía también, al crecimiento de la inseguridad
ciudadana y a la reducción de la calidad de vida de la población.
Conforme el fenómeno delictivo aumenta, es la población -como
víctima colectiva- que la reconoce como uno de sus problemas
centrales. Una encuesta aplicada por Informe Confidencial en
Quito, permite comprobar que el primer problema percibido por la
población es la inseguridad (20.7%), el segundo el agua potable
(20.6%) y el tercero el costo de vida (l6.9%). Estos datos
revelan las demandas prioritarias de la sociedad y el
desmoronamiento paulatino de los mitos e ilusiones de franciscana
ciudad, de ciudad para vivir o de isla de paz.
Delincuencia diferente según día, según clase, según lugar
La violencia urbana tiene un rostro con una geografía delictiva
que en el centro es distinta a la periferia; una cronología
diferenciada por meses, días y horas; una sociedad que le afecta
por grupos sociales según clase, género y edad; una utilización
de medios diversos de armas de fuego y blancas; una forma
cultural lúdica en la que el alcohol y las drogas juegan un papel
central; unas motivaciones de la más variada índole.
El enfrentamiento al hecho delictivo arroja resultados
preocupantes. Desde la sociedad civil se observa una erosión de
la ciudadanía, por cuanto los habitantes, primeras víctimas del
fenómeno, empiezan a asumir mecanismos de autodefensa que llevan
a modificar su conducta cotidiana: cambios en los horarios
habituales; transformación de los senderos y espacios
transitados; restricción de las relaciones sociales, porque todo
desconocido es un sospechoso; reducción de la vulnerabilidad
personal adquiriendo armas, perros, alarmas -que ya son parte del
paisaje urbano- o aprendiendo defensa personal.
Sin embargo, cada una de estas acciones de autodefensa de la
población es a su vez, causa y efecto de un nuevo comportamiento
social: angustia, desamparo, aislamiento, desconfianza,
agresividad, individualismo. Y, por si fuera poco, la ciudad en
construcción va perdiendo espacios públicos y cívicos, y
generalizando la urbanización privada- amurallada que segrega aún
más lo social, espacial y temporal; con lo cual, a la par que la
población pierde la condición de ciudadanía, la ciudad relega su
posibilidad de polis, foro, y tianguez.
Dos salidas equivocadas a la delincuencia: represión y
privatización
Por otro lado, para hacer frente a la violencia delictiva urbana,
las autoridades han planteado dos salidas: la represión y la
privatización. La primera, ha servido para justificar el
fortalecimiento de los llamados gendarmes del orden, para lo cual
no se escatima el menor esfuerzo en ciertos medios de
comunicación, sea filmando en vivo y en directo, profundizando
las llamadas páginas rojas o difundiendo programas violentos. La
segunda, ha permitido que ciertos sectores, entre los cuales se
encuentran policías jubilados, desarrollen empresas de seguridad
privada con base a un personal con poca formación.
La ciudad es el lugar privilegiado de concentración de la
diversidad en toda su expresión: social, cultural, económica,
política y, por tanto, donde tienden a potenciarse muchos
problemas. De allí que la conflictividad urbana sea una síntesis
multicasual que provoca varios efectos, algunos de los cuales
asumen formas violentas ante la ausencia de canales de desfogue.
La violencia es producto de una relación social conflictiva que
surge de intereses y poderes que no encuentran soluciones
distintas a la fuerza.
Es un nivel del conflicto que no puede procesarse dentro de la
institucionalidad vigente porque, por ejemplo, el sistema
político está construido sobre la base de una representación
social que tiene muchos vicios, en el que la legitimidad de los
gobernantes se erosiona rápidamente, en la que el clientelismo
-como expresión de la privatización de la política- tiene sus
límites, en el que las relaciones de poder se fundan en la
exclusión del oponente antes que en la inclusión, el consenso, la
concertación, el acuerdo.
El migrante no es violento
De igual manera, no es que el migrante sea violento en cuanto
tal, sino que la sociedad urbana en su conjunto aún no ha
procesado los conflictos del crecimiento que se expresan a través
de fenómenos como los que se vivió entre Pisulí-Jaime Roldós, o
de la anarquía y crisis urbana por la falta de cobertura de los
servicios, equipamientos, transporte, o la presencia de nuevos
sectores emergentes, nuevas formas de relación entre el campo y
la ciudad, el fenómeno de la información, o de la marginalidad
en tanto exclusión de decisiones e inclusión diferenciada a la
justicia (Ley para los de poncho).
La impunidad abierta o diferenciada (como la inmunidad en el caso
de la chatarra Bucarán o del fuero corte para Ponce o Molina) son
la forma más clara de la caducidad de los mecanismos de
procesamiento de conflictos que conduce al descrédito de la
policía, de la justicia, y de toda la institucionalidad.
Pero la cosa no queda allí, ya que se va legitimando la justicia
por sus propias manos, sea bajo formas encubiertas a través de
los llamados "Escuadrones de limpieza antidelictiva" que se ha
atribuido varios asesinatos de delincuentes, o de modalidades
abiertas tales como los linchamientos periódicos que se observan
en muchas de nuestras ciudades.
Algunas propuestas
Sin lugar a dudas es un problema nacional de interés colectivo y
público, que compromete al conjunto de la sociedad y sus
instituciones (no sólo a la policía). Sin embargo, siendo la
ciudadanía la fuente y fin de la violencia urbana se requiere su
participación en la solución del problema (por ejemplo, en vez de
privatizar la policía, dotarla de ciudadanía). Pero también una
nueva institucionalidad que la asuma, en la que bien podrían
participar la municipalidad por ser el órgano estatal más cercano
a la sociedad civil y a la vida cotidiana. En esta perspectiva,
puede ser interesante que las municipalidades creen comisiones
especiales de seguridad ciudadana en las que participen
concejales, policía, intendencia, justicia, comisiones de
derechos humanos, etc.
Pero no será suficiente si no se hace control de la apología de
la violencia que realizan algunos medios de comunicación y en
especial la televisión, si no se modifican los factores de la
cultura lúdica basada en el alcohol, el control de las armas de
fuego, el desarme de la población y su monopolio por el ejército
y la policía.
En el campo penal se debe avanzar más en la búsqueda de una
racionalidad jurídica fundada en el derecho ciudadano, en la
desburocratización y agilidad de la justicia más que en el
incremento de las penas que hoy se discute. Hay que diseñar
mecanismos que tiendan a resolver conflictos y espacios donde la
ciudadanía pueda conciliar y hacer justicia. En suma, se requiere
de una institucionalidad que procese los conflictos, sobre la
base de una pedagogía de la convivencia ciudadana inscrita en una
estrategia de orden público democrático. (10B)
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