Tarapoa. 12 oct 99. A los dos días de la liberación de tres
rehenes, los actores de la investigación del secuestro en Tarapoa
cambiaron de estrategia: dejaron de emitir hipótesis que
expliquen el paradero de los secuestradores -un grupo anónimo-
para brindar información escueta.
El hermetismo se rompió únicamente con la declaración del
ministro de Defensa, José Gallardo, quien volvió al punto inicial
al decir que los autores del plagio -registrado el 11 de
septiembre en los pozos petroleros del sector de Paz y Bien, en
Tarapoa (60 km al norte de Lago Agrio)- "podrían ser delincuentes
comunes, guerrilleros o paramilitares".
Lo único novedoso en su declaración, en todo caso, fue por
primera vez el dato del número de secuestradores y del armamento
que utilizan: "los 25 ilegales actúan con uniformes camuflaje y
armados con fusiles automáticos y subametralladoras".
La versión del Ministro aparece después de que tres secuestrados
fueron liberados la madrugada del sábado, en un pozo petrolero
en el sector de Los Tetetes, en Tarapoa. El testimonio de los
rescatados, recogido el domingo por la mañana, en todo caso es
poco conciso; similar al emitido por el español Ander Mimenza,
hermano de María, quien fue liberado el 26 de ese mes.
Ander se presentó a la prensa. Su hermana y Magunagoicoechea, su
cuñado, en cambio abandonaron el país repentinamente el domingo
al mediodía. La belga-canadiense Roblain continúa en Quito en la
residencia del embajador de Canadá, John Kneale. Tampoco habló
en público. La Embajada de su nación envió ayer un boletín, de
apenas nueve líneas y media, donde expresa el testimonio de la
mujer. Parte de ese texto dice: "Estoy contenta de regresar, me
encuentro bien. Estoy en buen estado de salud. Tengo la intención
de recuperarme, de pasar un tiempo con mi familia y amistades.
Quisiera por sobre todo, ahora que estoy libre, que se respete
mi libertad y mi derecho a la vida privada, así como la de mis
padres. Insisto en este punto".
En el comunicado canadiense, Roblain también asegura que la
última vez que vio a los ocho secuestrados que siguen en manos
de los captores (siete canadienses y un estadounidense) estaban
en buen estado de salud. Pero tampoco aporta datos nuevos.
El comandante general de Policía, Jorge Villarroel, dijo ayer
sentirse poco complacido por los testimonios de los españoles
Jesús Magunagoicoechea y María Mimenza y la belga-canadiense
Sabine Roblaine. "Hay una sensación de que no hay los datos
suficientes, o sea, lo que se esperaba de una persona o personas
que regresan de un cautiverio porque se supone podrían dar una
mayor información. En fin, nosotros respetamos como el que más
sus declaraciones, sus temores seguramente... Yo no sé si están
atemorizados, pero no sabemos si lo que han dicho es todo lo que
saben o falta algo".
Por su parte, los pobladores de Sucumbíos, a través de la
comisión civil de esa provincia que se creó hace tres semanas
para recolectar datos en torno al secuestro entre los habitantes
de los alrededores de Tarapoa, manifiestan que hasta el momento
no se ha iniciado ningún proceso de negociación entre los
militares y los secuestradores. Lo saben porque el Vicario de
Sucumbíos participaría en ese diálogo. En todo caso, ellos se
reúnen hoy, a las 10:00, en el Palacio de Carondelet con el
"Comité de Crisis", que fue conformado el 15 de septiembre (lo
integran los ministros de Gobierno y Defensa, el Jefe del Comando
Conjunto de las FF.AA., el Comandante General de Policía y los
embajadores de Canadá, España y Estados Unidos). Ahí presentarán
los resultados de sus gestiones, también reservadas.
Los españoles Jesús Magunagoicoechea y los hermanos Ander y María
Mimenza arribaron ayer en la tarde a Bilbao (España). La prensa
enfatizó en el hecho de que ninguno habló de los secuestradores.
La sociedad civil de Sucumbíos pide más seguridad
Hace pocos días se reunieron en Lago Agrio los alcaldes de los
cantones amazónicos para exigir dos obras fundamentales que den
paso al desarrollo regional: la apertura del puente internacional
sobre el río San Miguel y la conclusión de un anillo vial. A la
cita concurrieron los alcaldes de Coca, Loreto, Sacha, Lago
Agrio, Cascales, Gonzalo Pizarro, Cuyabeno, Quijos y Baeza.
Marco Haro, un joven arquitecto que participa en la Asamblea de
la Sociedad Civil de Sucumbíos, dice que el puente sobre el San
Miguel está cerrado desde hace cinco años y eso dificulta el
intercambio comercial con los pueblos colombianos del sur.
Una de las exigencias para la apertura del puente es la
construcción de los llamados Cenaf (Centro Nacional de Atención
a la Frontera), integrados por Aduanas, Policía y Migración.
Según Haro, Colombia hizo ese puesto a 8 kilómetros del puente,
junto al Municipio de San Miguel, "como una opción válida para
reactivar el comercio fronterizo". En el lado ecuatoriano ni
siquiera comienzan las obras.
Haro cree que la ejecución del Cenaf es esencial para abrir el
puente, "pero estos puestos no existen en Carchi y tampoco en
Huaquillas". Por ello, Haro explica que la apertura del puente
es más bien una decisión política que involucra a la Cancillería,
al Ejecutivo y al Congreso Nacional.
"Una vez que haya libre circulación por el puente internacional
será más factible controlar los mil caminos del contrabando y
controlar mejor la seguridad de la frontera". Haro considera que
el temor a la inseguridad que se vive en la zona es una de las
razones para que el puente se mantenga cerrado.
Asimismo, Marco Haro sostiene que no es justo que Sucumbíos, la
provincia que desde hace 30 años produce petróleo, tenga apenas
un tramo de carretera pavimentado (85 kilómetros entre Cuyabeno
y Puerto El Carmen). Todos los caminos son lastrados. Por
ejemplo, la vía de 28 kilómetros que comunica a Lago Agrio con
General Farfán (La Punta), línea de frontera, es pésima. El
anillo vial que reclama Sucumbíos pasa de los 100 kilómetros. Los
tramos más importantes: kilómetro 20 vía Quito, Lago Agrio-La
Punta, kilómetro 20 vía Coca-Francisco de Orellana y
Coca-Hollín-Loreto-Coca. El costo: alrededor de 54 millones de
dólares. Al momento, la sociedad civil de Lago Agrio ha
solicitado una audiencia con el presidente Mahuad. También están
pendientes del avance del nuevo oleoducto para ofrecer sus puntos
de vista. (Texto tomado de El Comercio)
rehenes, los actores de la investigación del secuestro en Tarapoa
cambiaron de estrategia: dejaron de emitir hipótesis que
expliquen el paradero de los secuestradores -un grupo anónimo-
para brindar información escueta.
El hermetismo se rompió únicamente con la declaración del
ministro de Defensa, José Gallardo, quien volvió al punto inicial
al decir que los autores del plagio -registrado el 11 de
septiembre en los pozos petroleros del sector de Paz y Bien, en
Tarapoa (60 km al norte de Lago Agrio)- "podrían ser delincuentes
comunes, guerrilleros o paramilitares".
Lo único novedoso en su declaración, en todo caso, fue por
primera vez el dato del número de secuestradores y del armamento
que utilizan: "los 25 ilegales actúan con uniformes camuflaje y
armados con fusiles automáticos y subametralladoras".
La versión del Ministro aparece después de que tres secuestrados
fueron liberados la madrugada del sábado, en un pozo petrolero
en el sector de Los Tetetes, en Tarapoa. El testimonio de los
rescatados, recogido el domingo por la mañana, en todo caso es
poco conciso; similar al emitido por el español Ander Mimenza,
hermano de María, quien fue liberado el 26 de ese mes.
Ander se presentó a la prensa. Su hermana y Magunagoicoechea, su
cuñado, en cambio abandonaron el país repentinamente el domingo
al mediodía. La belga-canadiense Roblain continúa en Quito en la
residencia del embajador de Canadá, John Kneale. Tampoco habló
en público. La Embajada de su nación envió ayer un boletín, de
apenas nueve líneas y media, donde expresa el testimonio de la
mujer. Parte de ese texto dice: "Estoy contenta de regresar, me
encuentro bien. Estoy en buen estado de salud. Tengo la intención
de recuperarme, de pasar un tiempo con mi familia y amistades.
Quisiera por sobre todo, ahora que estoy libre, que se respete
mi libertad y mi derecho a la vida privada, así como la de mis
padres. Insisto en este punto".
En el comunicado canadiense, Roblain también asegura que la
última vez que vio a los ocho secuestrados que siguen en manos
de los captores (siete canadienses y un estadounidense) estaban
en buen estado de salud. Pero tampoco aporta datos nuevos.
El comandante general de Policía, Jorge Villarroel, dijo ayer
sentirse poco complacido por los testimonios de los españoles
Jesús Magunagoicoechea y María Mimenza y la belga-canadiense
Sabine Roblaine. "Hay una sensación de que no hay los datos
suficientes, o sea, lo que se esperaba de una persona o personas
que regresan de un cautiverio porque se supone podrían dar una
mayor información. En fin, nosotros respetamos como el que más
sus declaraciones, sus temores seguramente... Yo no sé si están
atemorizados, pero no sabemos si lo que han dicho es todo lo que
saben o falta algo".
Por su parte, los pobladores de Sucumbíos, a través de la
comisión civil de esa provincia que se creó hace tres semanas
para recolectar datos en torno al secuestro entre los habitantes
de los alrededores de Tarapoa, manifiestan que hasta el momento
no se ha iniciado ningún proceso de negociación entre los
militares y los secuestradores. Lo saben porque el Vicario de
Sucumbíos participaría en ese diálogo. En todo caso, ellos se
reúnen hoy, a las 10:00, en el Palacio de Carondelet con el
"Comité de Crisis", que fue conformado el 15 de septiembre (lo
integran los ministros de Gobierno y Defensa, el Jefe del Comando
Conjunto de las FF.AA., el Comandante General de Policía y los
embajadores de Canadá, España y Estados Unidos). Ahí presentarán
los resultados de sus gestiones, también reservadas.
Los españoles Jesús Magunagoicoechea y los hermanos Ander y María
Mimenza arribaron ayer en la tarde a Bilbao (España). La prensa
enfatizó en el hecho de que ninguno habló de los secuestradores.
La sociedad civil de Sucumbíos pide más seguridad
Hace pocos días se reunieron en Lago Agrio los alcaldes de los
cantones amazónicos para exigir dos obras fundamentales que den
paso al desarrollo regional: la apertura del puente internacional
sobre el río San Miguel y la conclusión de un anillo vial. A la
cita concurrieron los alcaldes de Coca, Loreto, Sacha, Lago
Agrio, Cascales, Gonzalo Pizarro, Cuyabeno, Quijos y Baeza.
Marco Haro, un joven arquitecto que participa en la Asamblea de
la Sociedad Civil de Sucumbíos, dice que el puente sobre el San
Miguel está cerrado desde hace cinco años y eso dificulta el
intercambio comercial con los pueblos colombianos del sur.
Una de las exigencias para la apertura del puente es la
construcción de los llamados Cenaf (Centro Nacional de Atención
a la Frontera), integrados por Aduanas, Policía y Migración.
Según Haro, Colombia hizo ese puesto a 8 kilómetros del puente,
junto al Municipio de San Miguel, "como una opción válida para
reactivar el comercio fronterizo". En el lado ecuatoriano ni
siquiera comienzan las obras.
Haro cree que la ejecución del Cenaf es esencial para abrir el
puente, "pero estos puestos no existen en Carchi y tampoco en
Huaquillas". Por ello, Haro explica que la apertura del puente
es más bien una decisión política que involucra a la Cancillería,
al Ejecutivo y al Congreso Nacional.
"Una vez que haya libre circulación por el puente internacional
será más factible controlar los mil caminos del contrabando y
controlar mejor la seguridad de la frontera". Haro considera que
el temor a la inseguridad que se vive en la zona es una de las
razones para que el puente se mantenga cerrado.
Asimismo, Marco Haro sostiene que no es justo que Sucumbíos, la
provincia que desde hace 30 años produce petróleo, tenga apenas
un tramo de carretera pavimentado (85 kilómetros entre Cuyabeno
y Puerto El Carmen). Todos los caminos son lastrados. Por
ejemplo, la vía de 28 kilómetros que comunica a Lago Agrio con
General Farfán (La Punta), línea de frontera, es pésima. El
anillo vial que reclama Sucumbíos pasa de los 100 kilómetros. Los
tramos más importantes: kilómetro 20 vía Quito, Lago Agrio-La
Punta, kilómetro 20 vía Coca-Francisco de Orellana y
Coca-Hollín-Loreto-Coca. El costo: alrededor de 54 millones de
dólares. Al momento, la sociedad civil de Lago Agrio ha
solicitado una audiencia con el presidente Mahuad. También están
pendientes del avance del nuevo oleoducto para ofrecer sus puntos
de vista. (Texto tomado de El Comercio)
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