Quito. 1 nov. 2000. En la Costa la tendencia es la autonómica. Cuatro
provincias han tenido sus consultas populares. La descentralización y la
desconcentración son las alternativas.

Las provincias pequeñas están preocupadas por la aplicación de un sistema
autonómico en el país. Más aun cuando una consulta popular, de carácter
nacional, está a las puertas y no hay una propuesta legal clara sobre ese
nuevo modelo político y administrativo del Estado y tampoco sobre las
cifras que se manejarán.

Esta es la principal razón para que en las dos últimas semanas, las
autoridades seccionales, especialmente de la Sierra centro, hablen de
propuestas de descentralización y desconcentración.

Los planteamientos más recientes en esta materia son tres. De ellos, dos
apuntan a la descentralización profunda y el otro a la desconcentración,
como el primer paso para ir a las autonomías en el futuro.

El prefecto de Pichincha, Ramiro González quiere la descentralización del
Estado y lograr eficiencia. Para lograrlo, su propuesta apunta a que el
Prefecto asuma la actuales funciones de los gobernadores. La idea es que
haya un gobierno intermedio que coordine la dotación de los servicios
públicos en la provincia. Este planteamiento tiene el apoyo de 10
prefectos de la Sierra para su aplicación en Pichincha.

Una segunda iniciativa proviene del legislador de la DP por Loja, Rafael
Dávila. A su criterio, el proceso autonómico no se va a desarrollar de la
noche a la mañana, porque, entre otras razones, la gente no sabe las
implicaciones de esa propuesta. "La autonomía viene a ser la consecuencia
de una desconcentración profunda". Y esa es precisamente su sugerencia.

¿Cómo hacerlo? A partir del concepto de desarrollo equilibrado y
desconcentración de recursos y competencias. Para lograrlo se conformarán
siete regiones (ver mapa). Las ventajas de esta división, que no elimina
el concepto de provincias, es que entrega espacios físicos y población
similares (entre 40 000 kilómetros y 1 000 000 ó 1 500 000 habitantes) y
que se rompe con el regionalismo vertical. Uno de los requisitos en el
nivel administrativo es fortalecer los actuales organismos regionales y
que el Presidente nombre a un representante en cada provincia.

El legislador Juan Cantos (MIN, ex DP) tiene lista una tercera opción:
una estructura federal, tomando como referente tres sectores: norte,
centro y sur. Ellas serán el centro que englobarán a las restantes
provincias de acuerdo a una división horizontal y que mantiene los
consejos provinciales.

¿Qué dicen de estas opciones algunos de los legisladores? Por ejemplo,
Dalton Bacigalupo (ID), de Cotopaxi, dice que las provincias tienen una
aspiración legítima de mejores condiciones, de allí las consultas que se
han realizado en Guayas, El Oro, Sucumbíos, Los Ríos... Pero sabe que el
panorama en la Sierra es diferente, de allí que comenta que en la zona
centro oriental "hay la idea de provocar una suerte de mancomunidad
provincial para presionar al Gobierno por una descentralización
profunda". Además, esas provincias harán inversiones conjuntas para obras
de interés interprovincial."No estamos opuestos a la autonomía pero hay
que esperar un tiempo para con experiencia ver si se puede obtener
facultades legislativas", opina.

Un criterio similar sostiene Wilson Losano (DP) de Chimborazo. Para él,
si se dan las autonomías, solo Guayaquil y Quito podrán vivir de sus
rentas, lo que provocará mayor diferencia de crecimiento entre las
provincias.

Yolanda Andrade (FRA), representante de Napo, tampoco está de acuerdo con
la aplicación de la autonomía. El argumento en este caso, es que los
ingresos por tributación de las provincias amazónicas no son altos. El
pedido de este sector es por la descentralización profunda y paulatina.

Recursos tributarios, eje de la iniciativa autonómica

La tendencia para ir a las autonomías es más fuerte y decidida en la
Costa. Las cinco provincias que conforman esta región no creen que la
descentralización, por más profunda que sea, dé mejores resultados,
porque esa disposición, pese a constar en la Constitución y las leyes, no
ha sido cumplida.

El proceso en la Costa inició en enero pasado cuando se dio la primera
consulta provincial en Guayas. Con una votación mayoritaria ganó el sí a
favor del régimen autonómico. Las autoridades de esta provincia esperan
que, antes de que se cumpla un año del plebiscito, el Gobierno y el
Congreso establezcan un marco que reglamente el funcionamiento de los
organismos seccionales y se dé paso a la autonomía de las provincias que
optaron por ella.

Otras provincias que optaron por las consultas locales para impulsar las
autonomías son El Oro, Los Ríos y Manabí. Esmeraldas, en cambio, es la
única provincia de la zona que no se ha pronunciado, sin embargo, ya
tiene las preguntas lista y espera una fecha para ir a las urnas, si es
que no se da la consulta nacional impulsada por la presidente Noboa.

En la Amazonia, la única provincia que comparte el criterio autonómico de
la Costa es Sucumbíos. Ellos tuvieron su consulta, hace más de un mes, en
donde ganó el sí. En primera instancia se trató de unificar a las demás
provincias de esta región tras este proyecto, pero no se logró un
acuerdo.

En términos generales, las preguntas de las cinco consultas realizadas
son similares. Todas buscan quedarse con un porcentaje -no menor al 50
por ciento- de los tributos que recaudan para financiarse. Además,
Sucumbíos busca las rentas petroleras como otro mecanismo de
financiamiento.

El debate legislativo puede demorar varios días más

La calificación de la urgencia de la pregunta de la consulta popular
sobre la conformación de gobiernos autónomos del Ejecutivo pudiera
postergarse. El motivo es el veto total del Gobierno a la Ley Trolebús
III, que el pleno analizará como primer punto del orden del día de la
sesión ordinaria de hoy.

Hugo Quevedo, titular de la Legislatura, convocó, el jueves anterior, a
los legisladores para que hoy se reanude el debate sobre la consulta. Sin
embargo, la sorpresiva decisión del presidente Noboa del viernes anterior
cambió los planes y obligó a Quevedo a incluir en la agenda el análisis
del veto total y dejar como segundo punto el tema de la autonomía.

La solicitud presidencial comenzó a tratarse el jueves pasado, pero las
cuatro horas de sesión, en la que intervinieron más de 15 legisladores,
fueron insuficientes para adoptar una resolución. Para la continuación
del debate están inscritos 17 diputados. Sus intervenciones pueden
posponerse, si las la sesión de esta mañana se consumen con la discusión
de la Trole III, salvo que se declare una sesión permanente y exista la
voluntad para hacerlo.

Henry Llanes (ID) dijo que el análisis será largo y adelantó que
eventualmente se adoptará una resolución por parte de la mayoría, en el
sentido de rechazar la decisión del Ejecutivo. Paralelamente, la Comisión
de lo Económico, de la que él forma parte, tenía previsto analizar en la
tarde de ayer tres proyectos de derogatoria de la Trole II. Las
propuestas son de Stalin Vargas e Iván Rodríguez (MPD), Fernando Rosero
(PRE) y Julio Noboa (ID). Llanes dijo que la intención de la Comisión es
presentar un informe para primer debate, la próxima semana. Al cierre de
esta edición, no hubo una resolución. (Texto tomado de El Comercio)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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