Quito. 06.08.94. En agosto de 1993 -doce meses después de haberse
inaugurado el nuevo Gobierno de Sixto Durán Ballén- los
ecuatorianos recibían la noticia de la primera gran desinversión
estatal en una compañía.

Se trataba de La Cemento Nacional en la cual el Estado era dueño
del 47 por ciento de las acciones, y su venta fue concebida como
la estrategia clave del Gobierno para el éxito futuro del
programa de privatizaciones.

El Consejo Nacional de Modernización (CONAM) había ya definido
que "la estructura de la propiedad de La Cemento Nacional y su
condición financiera la vuelven una candidata ideal para este
proceso. Los objetivos de su venta deben verse en un contexto
amplio: generar interés por la privatización entre la población
general y crear precedentes para futuras privatizaciones".

Pero aquel propósito de ampliar la base de inversionistas del
Ecuador en esa transacción, fue el primer tropiezo del Gobierno
que no pudo persuadir, con un esquema atractivo, la participación
ecuatoriana, y las acciones fueron compradas por el grupo suizo
Holderbank, que ya poseía el 46 por ciento de las acciones.

El 7 por ciento restante estaba en manos de accionistas privados
ecuatorianos, incluyendo los empleados de La Cemento.

El CONAM estableció como política ampliar el número de
ecuatorianos preparados para invertir en su propio país para que
no falle la privatización.

Se acelera la desinversión

En la "Estrategia de Privatización y Cronograma del Consejo
Nacional de Modernización", el organismo sostenía que la
privatización no puede descansar solamente en la inversión
extranjera y "en cualquier caso los extranjeros tendrán
resistencia a invertir si los propios ecuatorianos no lo quieren
hacer".

Sin embargo, los ecuatorianos piensan que el ejercicio de la
opción es excesivamente complicado y conciben la compra de
acciones como otro tipo de compensación en efectivo y no como una
forma de convertirse en accionista de las empresas en que
trabajan. Pocos quieren recurrir al mecanismo.

Y... la desinversión continuó en forma acelerada al punto que
ahora le queda únicamente a la Corporación Financiera, la última
empresa para vender sus acciones mayoritarias.

Pero la verdadera privatización en este país se inaugurará con la
venta del 75 por ciento de acciones de Ecuatoriana de Aviación,
que acaba de convertirse en Sociedad Anónima para facilitar su
transferencia.

Con el criterio de que la privatización es la única oportunidad
significativa para desarrollar los mercados de capital activos en
el Ecuador, el CONAM resolvió que los primeros tres sectores a
privatizarse eran telecomunicaciones, puertos y electricidad.
Nombró luego a La Cemento Nacional, Petroecuador y a Ecuatoriana.

Ahora, los resultados son otros y en los próximos dos años, el
programa de privatizaciones estará regido por un marco político
como preámbulo a las elecciones de 1996.

MODERNIZACION NO ES IGUAL QUE PRIVATIZACION

La palabra "modernización " entró a la jerga cotidiana del país.
Sin embargo, entró con su sentido distorcionado: modernización es
igual a privatización.

Y si bien desde distintos ángulos se ha intentado aclarar este
equívoco, la práctica gubernamental ha vuelto a confundirlo: las
acciones prioritarias en el campo de la modernización han sido
las privatizaciones y de la modernización se han encargado los
empresarios privados desde el CONAM. Mientras tanto, ni un solo
paso se ha dado en la descentralización política y administrativa
del país, ningún esfuerzo en el campo de la producción y la
generación de empleo se ha puesto en marcha, nada ocurre a nivel
de la educación.

Y del mismo modo como el equipo económico exigía a comienzos del
régimen una modernización como requisito para que el paquetazo de
aquel día de septiembre de 1992 no se repitiera y fuera efectivo,
la modernización exige pasar de la privatización al conjunto de
la reforma de la sociedad.

La modernización, por tanto, puede resultar bajo la estrategia
del actual gobierno, un intento por recorrer un largo camino
saltando sobre un solo pie.

Se iniciaba uno de los mayores propósitos del gobierno actual
desde el 10 de agosto de 1992, propósito relegado permanentemente
por las dificultades del régimen para manejar el juego político y
por las dudas y desacuerdos internos que acompañaron el primer
año de gobierno.

LEYES EXPEDIDAS

- Ley de Presupuesto del Sector Público

- Ley de Mercado de Valores

- Ley de Aduanas

- Ley de Modernización

- Ley de Instituciones Financieras

- Reforma a la Ley Agraria

- Reforma a la Ley de Hidrocarburos

- Reforma Tributaria

Leyes que faltan

- Reforma a la Ley de Telecomunicaciones

- Reforma a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico

- Reforma a la Ley de Régimen Monetario

- Reforma a la Constitución de la República

LOS CONFLICTOS DE LA MODERNIZACION

La reestructuración del IESS

- 13 de enero de 1993: Una multitudinaria manifestación
protagonizaron alrededor de 10 mil indígenas, campesinos
y funcionarios del Instituto de Seguridad Social, para rechazar
una pretendida privatización del Seguro Social.

- 9 de mayo de 1994: El gobierno, a través del ministro de
Bienestar Social, Alberto Cárdenas, pidió la renuncia al director
del IESS,Italo Colamarco, por oponerse a la privatización total
de la entidad.

- 10 de mayo: Tanto el director del IESS, Italo Colamarco, como
el ministro de Bienestar Social, Alberto Cárdenas, se acusaron
mutuamente de irregularidades cometidas.

- 13 de mayo: Hechos de inusual violencia ocurrieron en el IESS
con motivo de la borrascosa sesión del Consejo Superior, que fue
convocado para destituir de su cargo al director general Italo
Colamarco, quien se había negado a renunciar.

Los enfrentamientos se dieron entre trabajadores del IESS que
respaldaban al director Colamarco y la Policía que intentaba
dispersarlos.

En un ambiente plagado de tensión el Consejo Superior
decidió, por siete votos contra dos, la destitución de Colamarco.
El ministro de Bienestar Social, Alberto Cárdenas, gestor del
operativo para sacar a Colamarco del IESS, debió abandonar el
local protegido por la Policía, mientras los trabajadores le
lanzaban pedradas.

- 5 de julio: Los cambios en el IESS tropezaron con dificultades
ante la resolución de los trabajadores de rechazar el proyecto de
reestructuración y negarse a entregar las renuncias voluntarias o
acogerse a la jubilación.

La ley agraria

- 2 de junio: La Confederación de Nacionalidades Indígenas
(CONAIE) advirtió que protagonizará un movimiento de protesta en
todo el país, si el Congreso aprueba el proyecto de Ley Agrario
que estaba siendo discutido en segundo y último debate.

- 13 de junio: La Ley de Desarrollo Agrario entró en vigencia,
una vez que el presidente Sixto Durán la sancionó. Mientras
tanto, en Tungurahua, cientos de comuneros de la región
resolvieron interrumpir las principales vías de comunicación de
la zona, impidiendo la salida de productos agrícolas.

- 16 de junio: El paro indígena contra la Ley de Desarrollo
Agrícola puesta en vigencia por el Gobierno Nacional aumentó de
intensidad este día con el saldo de un muerto, cuatro heridos,
nueve provincias aisladas y la toma de edificios públicos.

- 19 de junio: Dos muertos, varios heridos, cuatro vehículos
destruidos, la sede de la Unión Provincial de Cooperativas del
Cañar (UPCC) incendiada con pérdidas de más de mil millones de
sucres, fue el saldo de los graves incidentes que se registraron
en un enfrentamiento entre la población del cantón Cañar y los
indígenas del lugar.

- 21 de junio: El presidente de la República decretó la Ley de
Movilización como respuesta a la medida de hecho tomada por los
indígenas y campesinos del país.

- 28 de junio: El presidente Sixto Durán y el presidente del
Congreso, Samuel Belletini, en forma conjunta, convocaron a una
comisión especial para elaborar las reformas de la Ley de
Desarrollo Agrario y su correspondiente reglamento.

-17 de julio: Con el acuerdo logrado entre indígenas y
representantes del sector industrial agrícola se aprobó por
consenso las modificaciones a 46 artículos de la Ley de
Desarrollo Agrario. El acuerdo, calificado como "histórico" se
dio luego de dos semanas de intensas deliberaciones. La comisión
integrada por el Gobierno, el Congreso Nacional, representantes
indígenas y de la Iglesia logró ponerse de acuerdo sobre el tema
del agua, último escollo de la Ley Agraria.

Respuestas de la burocracia

- 27 de mayo de 1993: La toma de la Basílica del Voto Nacional y
de la sede del Tribunal de Garantías Constitucionales por parte
de dirigentes del paro nacional de trabajadores, constituyeron
hechos destacados en el segundo día del paro nacional organizado
por el frente popular.

- 26 de abril de 1994: Los empleados públicos y los indígenas del
país iniciaron un paro de 48 horas como medida de protesta contra
las privatizaciones. Reunidos en una gran coordinadora nacional,
protagonizaron las jornadas de protesta la CONAIE, los servidores
públicos del INECEL, del IESS, de EMETEL y de Petroecuador, la
Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Estudiantes
Universitarios del Ecuador (FEUE), la Federación de Estudiantes
Secundarios (FESE), y los trabajadores portuarios.

- 27 de abril de 1994: Las protestas en contra de las
privatizaciones en el sur del país dejaron como saldo un muerto,
varios heridos y detenidos, cierre de vías e intento de secuestro
a un grupo de turistas franceses, este último hecho en la
provincia del Cañar.

- 12 de mayo de 1994: Empleados y trabajadores del Instituto
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, IERAC, de
Guayaquil, paralizaron sus actividades en rechazo a la entonces
probable aprobación de la ley de Ordenamiento Agrario -que
eliminaría dicha institución- por parte del Congreso Nacional.

- 18 de mayo: El Frente de Defensa de la Soberanía y en contra
de las Privatizaciones, realizó una nueva jornada de lucha
en protesta a la política del Gobierno de privatizar los sectores
públicos. (3A)
EXPLORED
en Ciudad N/D

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