Quito. 20 abr 97. Los sindicados en el caso Peñaranda
ascienden a 30, según la providencia del viernes. Están
acusados de concusión, disposición ilícita de fondos y
cohecho.
Ahora 19 diputados, entre descalificados y despojados de su
inmunidad, tienen que rendirle cuentas a la justicia por el
mal manejo de los fondos del Estado.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
subrogante, Jaime Espinoza, dictó la orden de prisión
preventiva contra 13 ex legisladores y sindicó sin prisión a
seis diputados este viernes.
Espinoza inició el proceso por una orden escrita del titular
de la Corte, Carlos Solórzano, quien está en Estados Unidos.
La providencia no fue hecha pública el día de su expedición,
porque primero se notificó al Ministerio de Gobierno y la
Policía Nacional, para que realicen las capturas de los 13
procesados.
También confirmó la sindicación y órdenes de captura dictada
por el juez octavo de lo Penal, Eduardo Ochoa, contra Luis
Peñaranda, José Zurita, Guillermo Cárdenas, José Almeida
Delgado,José Guzmán Cabrera, Silvia Padilla de Peñaranda,
Leticia de Padilla, Eduardo López, Ana Mena, Catalina Sánchez
y Paquito Díaz.
La Policía debe capturar a José Aviles, Santiago Bucaram,
Ermel Campana, Milton Fabara, Homero Fuertes, Carlos Medina,
Mario Meza, Germán Pozo, Andrés Romo, Eduardo Véliz, Marcelo
Saltos, Carlos Vidal y Héctor Villamil.
Sin prisión están Farid Yapur, Michael Saúd, Rafael Cuesta,
Estuardo Gavilánez, Marco Proaño S. y Héctor García.
Todos ellos están acusados de concusión, cohecho y disposición
ilícita de fondos públicos.
El juez Espinoza ordenó la prohibición de la enajenación de
los bienes, inmovilización y retención de cuentas bancarias y
de ahorros de los sindicados con prisión preventiva.
El autocabeza de proceso se elaboró en base a los informes de
la Comisión Anticorrupción, las copias de los cheques
microfilmados de la cuenta 20102006-2 de Peñaranda, la
investigación de la OID, los documentos de la Superintendencia
de Bancos, el informe de la Contraloría y la investigación de
la Comisión de Fiscalización del Congreso.
En la providencia se relata cómo se produjeron los ilícitos.
Peñaranda organizó un grupo de empresas ficticias y junto con
su socio Guillermo Cárdenas, desde agosto de 1996 hasta el 11
de febrero de 1997, se contactaron con Santiago Bucaram.
El ex legislador sirvió de intermediario con otros diputados
para obtener asignaciones extrapresupuestarias de las cuentas
de inversiones y reservada de la Presidencia para emplearlas
en varias actividades ilícitas. "Los diputados obligaban a las
personas de varias instituciones a gestionar el dinero del
Estado en las oficinas de Peñaranda".
De esa forma se realizaban falsos concursos de ofertas, en los
que obtenían comisiones y beneficios de los sobreprecios de
los bienes. Bucaram además obtenía los fondos de la
Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas en
forma inmediata.
El Juez dispuso que se realice un examen pericial contable de
los bienes suministrados a entidades educativas, fundaciones,
entidades seccionales, fundaciones privas. Se detallará el
costo, la clase de bienes, destinatarios y beneficiarios y los
nombres de los legisladores.
También deberá practicarse un examen pericial de los cheques
microfilmados de la cuenta de Peñaranda en el Banco
Subamericano con nombres y cantidades. En este informe se
adjuntará las fundaciones y personas que giraron cheques a
favor de Peñaranda y Cárdenas.
Javier Zavala dice que el juicio contra los implicados en el
caso Peñaranda es una consecuencia de las investigación de la
Comisión. Y a su criterio es dudoso el hecho de que no se haya
investigado a Peñaranda desde 1994 cuando empezó a trabajar.
El informe de la Policía solo detalla sus actividades desde
septiembre de 1996 a enero de 1997.
"Hay pistas claras desde que Bucaram era presidente de la
Comisión de Presupuesto del Congreso".
La Comisión Anticorrupción está vigilante en el tema de
Peñaranda, Aduanas, BEDE, leche popular y otras denuncias como
Petroecuador.
Gustavo Terán, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización,
dijo que la decisión de la CSJ es la exigencia del pueblo y
estoy de acuerdo con la descalificación del Congreso, aunque
no están todos.
Falta profundizar la investigación por cuanto no se puede
dejar a un lado el caso de la Fundación Huayna Cápac.
Terán agrega que con el informe de la Controlaría habrá diez
nuevos casos, que serán analizados en el Congreso. "Todo será
público y abierto".
LA CORTE SUPREMA ACUSA A 19
Los implicados deben responder por tres delitos
Sindicado situación legal
Rafael Cuesta sin prisión e inmunidad
Estuardo Gavilánez sin prisión e inmunidad
Michael Saúd sin prisión e inmunidad
Farid Yapur sin prisión e inmunidad
Marco Proaño S sin prisión e inmunidad
Héctor García sin prisión e inmunidad
Santiago Bucaram cárcel, sin inmun. y descalif.
Ermel Campana cárcel, sin inmun. y descalif.
Milton Fabara cárcel, sin inmun. y descalif.
Homero Fuertes cárcel, sin inmun. y descalif.
Carlos Medina cárcel, sin inmun. y descalif.
Mario Meza cárcel, sin inmun. y descalif.
Andrés Romo cárcel, sin inmun. y descalif.
Marcelo Saltos cárcel, sin inmun. y descalif.
Eduardo Véliz cárcel, sin inmun. y descalif.
Carlos Vidal cárcel, sin inmun. y descalif.
Héctor Villamil cárcel, sin inmun. y descalif.
Germán Pozo cárcel y descalificado
José Avilés cárcel y descalificado
Fuente: Corte Suprema y diario EL COMERCIO
(TEXTO TOMADO DE EL COMERCIO)
ascienden a 30, según la providencia del viernes. Están
acusados de concusión, disposición ilícita de fondos y
cohecho.
Ahora 19 diputados, entre descalificados y despojados de su
inmunidad, tienen que rendirle cuentas a la justicia por el
mal manejo de los fondos del Estado.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
subrogante, Jaime Espinoza, dictó la orden de prisión
preventiva contra 13 ex legisladores y sindicó sin prisión a
seis diputados este viernes.
Espinoza inició el proceso por una orden escrita del titular
de la Corte, Carlos Solórzano, quien está en Estados Unidos.
La providencia no fue hecha pública el día de su expedición,
porque primero se notificó al Ministerio de Gobierno y la
Policía Nacional, para que realicen las capturas de los 13
procesados.
También confirmó la sindicación y órdenes de captura dictada
por el juez octavo de lo Penal, Eduardo Ochoa, contra Luis
Peñaranda, José Zurita, Guillermo Cárdenas, José Almeida
Delgado,José Guzmán Cabrera, Silvia Padilla de Peñaranda,
Leticia de Padilla, Eduardo López, Ana Mena, Catalina Sánchez
y Paquito Díaz.
La Policía debe capturar a José Aviles, Santiago Bucaram,
Ermel Campana, Milton Fabara, Homero Fuertes, Carlos Medina,
Mario Meza, Germán Pozo, Andrés Romo, Eduardo Véliz, Marcelo
Saltos, Carlos Vidal y Héctor Villamil.
Sin prisión están Farid Yapur, Michael Saúd, Rafael Cuesta,
Estuardo Gavilánez, Marco Proaño S. y Héctor García.
Todos ellos están acusados de concusión, cohecho y disposición
ilícita de fondos públicos.
El juez Espinoza ordenó la prohibición de la enajenación de
los bienes, inmovilización y retención de cuentas bancarias y
de ahorros de los sindicados con prisión preventiva.
El autocabeza de proceso se elaboró en base a los informes de
la Comisión Anticorrupción, las copias de los cheques
microfilmados de la cuenta 20102006-2 de Peñaranda, la
investigación de la OID, los documentos de la Superintendencia
de Bancos, el informe de la Contraloría y la investigación de
la Comisión de Fiscalización del Congreso.
En la providencia se relata cómo se produjeron los ilícitos.
Peñaranda organizó un grupo de empresas ficticias y junto con
su socio Guillermo Cárdenas, desde agosto de 1996 hasta el 11
de febrero de 1997, se contactaron con Santiago Bucaram.
El ex legislador sirvió de intermediario con otros diputados
para obtener asignaciones extrapresupuestarias de las cuentas
de inversiones y reservada de la Presidencia para emplearlas
en varias actividades ilícitas. "Los diputados obligaban a las
personas de varias instituciones a gestionar el dinero del
Estado en las oficinas de Peñaranda".
De esa forma se realizaban falsos concursos de ofertas, en los
que obtenían comisiones y beneficios de los sobreprecios de
los bienes. Bucaram además obtenía los fondos de la
Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas en
forma inmediata.
El Juez dispuso que se realice un examen pericial contable de
los bienes suministrados a entidades educativas, fundaciones,
entidades seccionales, fundaciones privas. Se detallará el
costo, la clase de bienes, destinatarios y beneficiarios y los
nombres de los legisladores.
También deberá practicarse un examen pericial de los cheques
microfilmados de la cuenta de Peñaranda en el Banco
Subamericano con nombres y cantidades. En este informe se
adjuntará las fundaciones y personas que giraron cheques a
favor de Peñaranda y Cárdenas.
Javier Zavala dice que el juicio contra los implicados en el
caso Peñaranda es una consecuencia de las investigación de la
Comisión. Y a su criterio es dudoso el hecho de que no se haya
investigado a Peñaranda desde 1994 cuando empezó a trabajar.
El informe de la Policía solo detalla sus actividades desde
septiembre de 1996 a enero de 1997.
"Hay pistas claras desde que Bucaram era presidente de la
Comisión de Presupuesto del Congreso".
La Comisión Anticorrupción está vigilante en el tema de
Peñaranda, Aduanas, BEDE, leche popular y otras denuncias como
Petroecuador.
Gustavo Terán, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización,
dijo que la decisión de la CSJ es la exigencia del pueblo y
estoy de acuerdo con la descalificación del Congreso, aunque
no están todos.
Falta profundizar la investigación por cuanto no se puede
dejar a un lado el caso de la Fundación Huayna Cápac.
Terán agrega que con el informe de la Controlaría habrá diez
nuevos casos, que serán analizados en el Congreso. "Todo será
público y abierto".
LA CORTE SUPREMA ACUSA A 19
Los implicados deben responder por tres delitos
Sindicado situación legal
Rafael Cuesta sin prisión e inmunidad
Estuardo Gavilánez sin prisión e inmunidad
Michael Saúd sin prisión e inmunidad
Farid Yapur sin prisión e inmunidad
Marco Proaño S sin prisión e inmunidad
Héctor García sin prisión e inmunidad
Santiago Bucaram cárcel, sin inmun. y descalif.
Ermel Campana cárcel, sin inmun. y descalif.
Milton Fabara cárcel, sin inmun. y descalif.
Homero Fuertes cárcel, sin inmun. y descalif.
Carlos Medina cárcel, sin inmun. y descalif.
Mario Meza cárcel, sin inmun. y descalif.
Andrés Romo cárcel, sin inmun. y descalif.
Marcelo Saltos cárcel, sin inmun. y descalif.
Eduardo Véliz cárcel, sin inmun. y descalif.
Carlos Vidal cárcel, sin inmun. y descalif.
Héctor Villamil cárcel, sin inmun. y descalif.
Germán Pozo cárcel y descalificado
José Avilés cárcel y descalificado
Fuente: Corte Suprema y diario EL COMERCIO
(TEXTO TOMADO DE EL COMERCIO)
Más en el